El Congreso comenzará una semana de enorme intensidad política, con tres discusiones capaces de marcar el rumbo del Gobierno nacional: el Presupuesto 2027, el proyecto para endurecer las sanciones por la explotación ilegal de recursos en Malvinas y el tratamiento de las iniciativas destinadas a las familias sobreendeudadas.
La Casa Rosada intentará recuperar el control de la agenda después de sufrir dos reveses parlamentarios. En Diputados, la oposición consiguió emplazar a las comisiones para debatir morosidad y discapacidad. En el Senado, el oficialismo tampoco logró reunir los apoyos necesarios para avanzar con los cambios en la Ley de Biocombustibles.
El Gobierno tiene previsto enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, que comenzará a ser analizado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
El equilibrio fiscal volverá a ser el corazón de la propuesta económica de Javier Milei. El texto incorporará un marco fiscal de mediano plazo, una evaluación de los riesgos que podrían afectar las cuentas públicas y diferentes escenarios ante eventuales complicaciones económicas.
Las proyecciones preliminares anticipan una nueva desaceleración de la inflación, un leve aumento real de la recaudación entre 2027 y 2029 y una mejora de los ingresos impulsada por la actividad económica y las exportaciones.
El Ejecutivo también insistirá con una reducción gradual de la presión tributaria, argumentando que busca devolver recursos al sector privado y mejorar la competitividad exportadora.
Además, el proyecto incluirá algunas obras reclamadas por gobernadores aliados y dialoguistas, entre ellas proyectos viales, acueductos, plantas potabilizadoras y sistemas de saneamiento. Sin embargo, su incorporación al Presupuesto no garantiza que todas comiencen durante 2027 ni que sean financiadas completamente por Nación.
Aunque semanas atrás se había informado que Milei concurriría al Congreso para presentar personalmente el proyecto, las versiones más recientes indican que por el momento no está prevista su presencia en el recinto. El Gobierno deberá confirmar durante las próximas horas cómo comunicará los principales lineamientos.
El segundo proyecto central será la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciada por Milei luego de la polémica generada por el avance del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
La iniciativa buscará modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra personas y empresas que desarrollen actividades económicas en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina.
El régimen dejaría de limitarse a la explotación hidrocarburífera y podría extenderse a otras actividades como:
También se analiza impedir que las compañías sancionadas puedan contratar con el Estado o desarrollar negocios dentro del territorio argentino.
El Gobierno ya presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum y sus responsables por su participación en Sea Lion. La empresa israelí posee el 65% del proyecto, mientras que la británica Rockhopper controla el 35%. La producción petrolera está proyectada para comenzar en 2028, con unos 50.000 barriles diarios en su etapa inicial.
El paquete por Malvinas estará acompañado por el impulso a la Base Naval Integrada de Ushuaia, presentada por el Ejecutivo como una herramienta para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.
El Gobierno ya reforzó partidas para Defensa mediante el Decreto 867/2026. Los recursos estarán destinados a equipamiento militar, telecomunicaciones y obras vinculadas con la nueva base en Tierra del Fuego.
La Casa Rosada buscará construir un acuerdo político antes de llevar la iniciativa al recinto. Para eso convocará a representantes del PRO, la UCR y bloques federales con el objetivo de explicar el proyecto y aceptar modificaciones que no alteren sus aspectos centrales.
El oficialismo pretende evitar otro fracaso legislativo y confía en que Malvinas permita reunir un respaldo transversal. El PRO ya anticipó que acompañará las iniciativas relacionadas con la defensa de la soberanía.
Todavía no existe una fecha definitiva para la votación. El paquete podría llegar al recinto a finales de septiembre o quedar incluido en una sesión más amplia durante octubre.
Mientras el Gobierno intentará avanzar con su agenda, la oposición buscará mantener la presión sobre uno de los problemas sociales más graves del momento: el crecimiento del endeudamiento y la morosidad de los hogares argentinos.
La sesión especial del 9 de septiembre consiguió abrirse pese al operativo oficialista para impedir el quórum. Después, 249 diputados aprobaron el emplazamiento de las comisiones para analizar más de 50 proyectos relacionados con la crisis de las deudas familiares.
La Comisión de Finanzas, presidida por el diputado fueguino Santiago Pauli, tendrá un papel determinante. El oficialismo prepara iniciativas propias para intentar conducir la discusión y evitar propuestas que, según sostiene, puedan afectar el acceso al crédito.
Los proyectos incluyen distintas alternativas:
La oposición sostiene que más de 20 millones de argentinos tienen deudas y alrededor de seis millones ya se encuentran en mora. Los últimos datos disponibles muestran que el deterioro alcanza a bancos, tarjetas, financieras y plataformas digitales.
El problema dejó de estar vinculado solamente con compras extraordinarias. Cada vez más hogares utilizan préstamos y tarjetas para pagar alimentos, servicios, alquileres y medicamentos.
En paralelo, las comisiones deberán avanzar con los proyectos destinados a prorrogar la emergencia en discapacidad, actualmente vigente hasta finales de 2026.
La oposición no consiguió los dos tercios necesarios para aprobar directamente la extensión, pero obtuvo un respaldo contundente para fijar un cronograma de tratamiento.
El oficialismo quedó obligado a habilitar dos debates que había intentado postergar: la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar. Ahora prepara propuestas propias para disputar el contenido de los futuros dictámenes.
El Gobierno comenzará la semana intentando pasar de la defensa al ataque. Apostará al Presupuesto 2027 para ratificar su programa económico y al paquete por Malvinas para reconstruir acuerdos con los bloques dialoguistas.
La oposición, por su parte, buscará impedir que esas iniciativas desplacen las discusiones sobre la crisis social.
El resultado dependerá nuevamente de los gobernadores y legisladores provinciales, cuyos votos serán decisivos tanto para el Presupuesto como para Malvinas, discapacidad y endeudamiento.
El Congreso quedará así dividido entre dos agendas: la del Gobierno, concentrada en el déficit cero y la soberanía, y la de una oposición que reclama respuestas inmediatas para millones de familias que ya no pueden pagar sus deudas.