La acción civil fue presentada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. El planteo busca impedir que las compañías continúen con las actividades hidrocarburíferas ante el riesgo de ocasionar un daño ambiental irreversible en el Atlántico Sur.

Vicente señaló en FM Provincia, que la primera decisión adoptada por la jueza Mariel Borruto fue reconocer que la causa debe tramitarse ante los tribunales argentinos, debido a que las actividades cuestionadas se desarrollan en un territorio sometido a la soberanía nacional.

“Las cuestiones que se suscitan en Malvinas son competencia de la Justicia Federal de Tierra del Fuego”, sostuvo. Según explicó, para el juzgado riograndense no se trata de una situación novedosa, ya que anteriormente intervino en otros expedientes relacionados con las islas.

Sin embargo, aclaró que todavía no existe una orden judicial que disponga detener el proyecto Sea Lion. Hasta ahora, el tribunal solamente resolvió su competencia y solicitó a los demandantes que completen determinados requisitos antes de analizar las medidas cautelares.

Entre las correcciones requeridas se encuentra la traducción al castellano de documentos presentados en inglés y la incorporación formal de información aportada mediante enlaces de internet. El objetivo es preservar ese contenido dentro del expediente, debido a que las páginas podrían ser modificadas o eliminadas.

“Nuestro idioma también es soberanía y los expedientes deben tramitarse en el idioma nacional”, remarcó Vicente.

Una vez completados esos pasos, la jueza podrá evaluar si corresponde dictar una medida destinada a impedir que las petroleras inicien o continúen sus operaciones mientras se analiza el fondo de la demanda.

El principal desafío aparecerá si la Justicia dicta una orden contra Rockhopper y Navitas. Como ambas empresas tienen domicilio en el extranjero, las notificaciones deberán realizarse mediante exhortos internacionales gestionados por Cancillería.

Vicente explicó que el Poder Ejecutivo representa al Estado argentino ante la comunidad internacional y deberá utilizar las herramientas diplomáticas disponibles para intentar que la resolución sea reconocida y cumplida fuera del país.

El funcionario judicial reconoció que algunas empresas podrían desconocer las decisiones de un tribunal argentino, especialmente cuando actúan bajo el amparo del Reino Unido, que no reconoce la soberanía nacional sobre las islas.

“Si una empresa explota recursos argentinos sin autorización, la cuestión pasa también por la capacidad diplomática del país para hacer valer su voluntad ante otros Estados”, indicó.

De esta manera, el proceso continuará dentro del Juzgado Federal de Río Grande, pero el alcance práctico de una eventual medida contra Sea Lion dependerá de la coordinación entre la Justicia, Cancillería y la presión internacional que pueda ejercer la Argentina.