En FM La Isla, Villone explicó que el relevamiento contó con la participación de más de 400 trabajadores y expuso con claridad el deterioro de sus ingresos. “La verdad es que encontramos un panorama apocalíptico”, expresó, al referirse a los problemas con tarjetas de crédito, préstamos y las dificultades para llegar a fin de mes.

El dirigente sostuvo que la última recomposición salarial fue otorgada en agosto, pero los ingresos todavía permanecen entre 3,5 y 4,5 puntos por debajo de la inflación, dependiendo de cada categoría. A esa pérdida se suma el deterioro acumulado durante los últimos años, que todavía no pudo ser recuperado.

Villone señaló que las medidas habían sido suspendidas temporalmente debido al desgaste de los trabajadores y a la expectativa de obtener una nueva respuesta salarial durante septiembre. Sin embargo, la falta de avances concretos llevó al gremio a retomar el plan de lucha.

Según explicó, uno de los principales obstáculos es que el Poder Judicial funciona desde hace tres años con un presupuesto reconducido y no cuenta con autarquía financiera. Por ese motivo, cualquier mejora salarial depende de la autorización y del envío de fondos por parte del Ministerio de Economía provincial.

“Hay avances en las conversaciones nuestras con el Superior Tribunal de Justicia. Lo que no tiene tantos avances es la negociación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo”, manifestó.

Semana de protestas y paro de 36 horas

El cronograma comenzará con asambleas informativas desde las 12:00 en todos los edificios judiciales de la provincia. Posteriormente, los trabajadores realizarán una retención de servicios, un ruidazo y un banderazo entre las 10:00 y las 12:00 en los principales tribunales de Ushuaia y Río Grande.

La protesta más fuerte comenzará el jueves a las 12:00 con un paro de 36 horas, que continuará durante toda la jornada del viernes. La medida afectará el funcionamiento habitual de los distritos judiciales Norte y Sur.

Villone aclaró que durante el paro se mantendrán guardias mínimas para atender situaciones urgentes y causas sensibles, como aquellas relacionadas con alimentos. Indicó que esas tareas podrán ser cubiertas por funcionarios, quienes representan aproximadamente el 40% de la planta del Poder Judicial.

También aseguró que existe diálogo con los colegios de abogados de Ushuaia y Río Grande. Si bien reconoció que las medidas pueden ocasionar demoras, sostuvo que el gremio intentó coordinar las protestas para evitar que el servicio permanezca afectado durante toda la semana.

“Nadie se salva solo”

El secretario general remarcó que los trabajadores deben brindar respuestas en una sociedad atravesada por una creciente conflictividad y un aumento de la litigiosidad, pese a encontrarse ellos mismos afectados por la pérdida salarial y el endeudamiento.

“Estamos tratando de llevar adelante un servicio y ser la última garantía que tiene la ciudadanía frente a un derecho vulnerado”, señaló Villone, quien advirtió que el contexto genera una profunda angustia porque “no sabemos hacia dónde termina”.

Por último, defendió la necesidad de fortalecer la representación de los trabajadores frente al deterioro económico: “Es momento de empezar a plantear lo que tenemos que hacer hacia el futuro. Nadie se salva solo”, afirmó.