En una entrevista con Radio La Isla, el funcionario adelantó algunos de los criterios que tendrá el proyecto que deberá ser presentado ante el Concejo Deliberante el próximo 30 de septiembre y puso el foco en una idea que atraviesa la planificación del próximo año: sostener los servicios esenciales, ordenar las prioridades y continuar las obras que la gestión considera estratégicas utilizando recursos propios.
Díaz explicó que la caída del consumo tiene efectos sobre distintas fuentes de financiamiento municipal. Según detalló, el menor nivel de actividad repercute sobre la recaudación nacional y provincial y, en consecuencia, sobre los recursos coparticipables, mientras también se registró una disminución de las regalías hidrocarburíferas.
Frente a ese escenario, el Municipio decidió avanzar en una diferenciación más precisa de las responsabilidades que corresponden a cada nivel del Estado.
“Nos obligó a concentrarnos pura y exclusivamente como municipio en la responsabilidad que tenemos sobre el estado de nuestras calles”, sostuvo Díaz.
El secretario de Gobierno enumeró los servicios que considera centrales para la planificación del próximo ejercicio: mantenimiento de calles, espacios verdes, plazas, agua potable, transporte público y recolección de residuos.
La definición implica concentrar recursos en aquellas prestaciones que forman parte directa de las responsabilidades municipales, en un contexto donde el funcionario reconoció que los ingresos disponibles serán menores.
En paralelo, Díaz destacó que el Municipio continuará sosteniendo sus 15 dispositivos de salud, una política que la gestión de Martín Perez mantiene pese a considerar que buena parte de las responsabilidades sanitarias corresponden al Estado provincial.
La lógica, según explicó, es evitar que la disminución de recursos termine afectando el funcionamiento cotidiano de la ciudad.
Uno de los datos más relevantes aportados por Díaz fue la estructura de financiamiento municipal.
Según explicó, el 82% de los recursos del Municipio proviene de la coparticipación nacional, provincial y las regalías, mientras que el 18% corresponde a impuestos, tasas y contribuciones abonados por los vecinos de Río Grande.
Esa composición hace que cualquier modificación en la actividad económica tenga impacto directo sobre las cuentas municipales.
La caída del consumo, planteó Díaz, termina repercutiendo en cadena: menor actividad económica, menor recaudación y menores recursos coparticipables.
Por eso, el desafío para el Presupuesto 2027 no será solamente determinar cuánto se puede gastar, sino establecer qué servicios y políticas deben sostenerse como prioridad frente a un escenario de recursos más acotados.
A pesar del escenario económico, el Municipio sostiene la decisión de avanzar con determinadas obras.
Díaz puso como ejemplo el Natatorio Municipal, una obra que comenzó con financiamiento nacional y que, según explicó, actualmente debe ser terminada con fondos propios luego de la interrupción de los recursos nacionales.
El objetivo planteado por la gestión es concluir los trabajos y poner finalmente el espacio a disposición de los vecinos.
También mencionó la Carpa de la Dignidad, donde el Municipio proyecta desarrollar diferentes actividades destinadas a la comunidad.
La continuidad de ambas obras aparece así como parte de una estrategia que busca combinar austeridad y administración de los recursos con la finalización de proyectos que ya se encuentran en marcha.
Uno de los conceptos más fuertes de la entrevista apareció cuando Díaz fue consultado sobre el equilibrio presupuestario.
El funcionario sostuvo que el Presupuesto 2027 deberá presentarse equilibrado, aunque planteó que en un contexto de crisis también debe discutirse cuál es el papel del Estado en la generación de actividad económica.
“Me parece mucho más importante que el Estado genere un movimiento económico y productivo mayor que lo que le cuesta a la gente”, afirmó.
Y agregó:
“No puede el Estado costarle a la gente más de lo que el Estado aporta para el desarrollo del trabajo, para la producción, para el empleo”.
La definición marca uno de los ejes que la gestión pretende imprimirle al próximo presupuesto: no limitar la discusión exclusivamente al gasto, sino medir también el impacto que tienen las políticas públicas sobre la actividad económica, el empleo y la producción local.
Díaz también explicó que el Municipio continuará utilizando un esquema de presupuesto por programas, una herramienta que permite identificar hacia qué políticas y áreas se destinan los recursos disponibles.
La intención es que cada partida tenga asociada una prioridad concreta dentro del esquema general de gestión.
El funcionario vinculó esta metodología con una concepción del Estado municipal como prestador de servicios y como herramienta de contención frente al contexto económico.
“Somos servidores públicos, nos debemos a los vecinos de Río Grande”, sostuvo.
En esa línea, planteó que la planificación para 2027 tendrá como eje la idea de que la salida de la crisis no puede descansar exclusivamente en el esfuerzo individual, sino que requiere mecanismos de organización y cooperación comunitaria.
La entrevista también tuvo una fuerte dimensión política.
Díaz cuestionó el escenario nacional y sostuvo que existe un creciente cansancio social con la dirigencia política. En ese marco, planteó que una parte de la sociedad siente que la política no escucha ni resuelve sus problemas y vinculó ese fenómeno con el crecimiento de determinadas corrientes políticas.
El funcionario también defendió el modelo de gestión municipal y sostuvo que Río Grande intenta mantener una mirada centrada en la comunidad, la producción, el trabajo y la prestación de servicios.
En relación con Tierra del Fuego, cuestionó las políticas nacionales y sostuvo que la provincia atraviesa consecuencias vinculadas con la caída de la actividad industrial y la pérdida de puestos de trabajo.
Se trata de una lectura política del escenario que, según Díaz, también debe formar parte de la discusión sobre el futuro de la ciudad y su capacidad para sostener el arraigo poblacional.
Otro de los tramos de la entrevista estuvo dedicado a las críticas que sectores de La Libertad Avanza realizan sobre obras municipales.
Díaz cuestionó que algunas obras sean presentadas como proyectos abandonados por el Municipio cuando, según explicó, originalmente contaban con financiamiento nacional que posteriormente fue interrumpido.
Entre ellas mencionó el nuevo logístico de camiones, la terminal de colectivos, el centro de emprendedores, obras vinculadas al sistema de drenaje pluvial y el Natatorio Municipal.
Su planteo fue que, ante la ausencia de financiamiento nacional, el Municipio debió redefinir prioridades y asumir con recursos propios la continuidad de determinadas obras.
La discusión vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que atravesará la planificación de 2027: qué obras puede afrontar Río Grande con sus propios recursos y cuáles quedan fuera de las posibilidades financieras del Municipio sin asistencia de otros niveles del Estado.
El Presupuesto 2027 comenzará a mostrar, en los próximos días, la respuesta concreta de la gestión de Martín Perez frente a este escenario.
El proyecto deberá ingresar al Concejo Deliberante el 30 de septiembre, y allí quedará plasmada la dimensión económica de las prioridades que Díaz anticipó en la entrevista.
Por ahora, el mensaje del Ejecutivo municipal es claro: menos recursos disponibles no significarán abandonar las prestaciones básicas ni detener las obras consideradas prioritarias, sino redefinir dónde se concentra cada peso.
El desafío será sostener una ciudad que demanda cada vez más servicios con una estructura de ingresos fuertemente dependiente de recursos coparticipables y regalías.
Y en ese escenario, el Presupuesto 2027 será mucho más que una planilla de ingresos y gastos: será la hoja de ruta con la que Río Grande buscará atravesar un nuevo año de restricciones sin resignar servicios, obras y políticas destinadas a sus vecinos.