El gobierno de Gustavo Melella asumió el 17 de diciembre de 2019 y pocos días después comenzó a construir uno de los primeros grandes paquetes legislativos de su administración: un conjunto de leyes de emergencia destinadas a otorgarle al Ejecutivo herramientas excepcionales para actuar frente a situaciones consideradas críticas.

La lógica se repetiría durante los años siguientes.

Emergencia previsional. Emergencia sanitaria. Emergencia educativa. Emergencia portuaria. Emergencia económica. Emergencia ambiental. Emergencia habitacional. Emergencia eléctrica. Emergencia en seguridad.

La herramienta estaba pensada para ser extraordinaria. En la práctica, la sucesión de declaraciones y prórrogas terminó convirtiendo a la emergencia en un mecanismo recurrente de gestión.

Y allí aparece el principal interrogante que deja este recorrido: si una emergencia fue creada para resolver una situación excepcional, ¿qué ocurre cuando el mismo problema vuelve a requerir una emergencia años después?

La primera batería: previsión, salud, escuelas y puertos

Apenas asumida la nueva gestión, la Legislatura sancionó las leyes 1302, 1303, 1304 y 1305.

La Ley 1302, sancionada el 27 de diciembre de 2019, declaró por dos años la emergencia del sistema previsional provincial a partir del 1 de enero de 2020. La propia norma establecía que las medidas debían fortalecer financieramente a la Caja de Previsión y procurar una reducción progresiva del déficit hasta alcanzar un sistema sustentable.

La Ley 1303, promulgada el 3 de enero de 2020, declaró la emergencia del sistema sanitario en toda la provincia.

La Ley 1304, también promulgada el 3 de enero de 2020, declaró la emergencia de la infraestructura educativa de los establecimientos de gestión estatal.

Y la Ley 1305 declaró la emergencia de infraestructura y equipamiento portuario en el ámbito de la Dirección Provincial de Puertos. El paquete quedó formalizado en los primeros días de enero de 2020.

Es decir que la administración Melella comenzó su ciclo de gobierno con cuatro áreas estructurales colocadas bajo régimen de emergencia.

La pandemia de COVID-19 profundizó posteriormente esa lógica.

La emergencia económica que también se extendió

En mayo de 2020 se sancionó la Ley 1312, que declaró la Emergencia Económica, Fiscal, Financiera y Social hasta el 31 de diciembre de ese año, con posibilidad de prórroga.

La norma habilitó medidas excepcionales, creó el programa PROGRESO y permitió utilizar herramientas financieras para asistir a empresas, trabajadores independientes y distintos sectores afectados por la crisis. También autorizó operaciones de crédito público para afrontar las consecuencias de la emergencia.

La emergencia económica no terminó en 2020: la Ley 1334 prorrogó su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

La emergencia sanitaria siguió un camino similar. La Provincia había declarado la emergencia sanitaria por la Ley 1303 y, ya durante la pandemia, el Decreto 465/2020 volvió a establecer la emergencia sanitaria provincial por un año, facultando al Ministerio de Salud a adoptar medidas extraordinarias y habilitando mecanismos de contratación vinculados con la situación epidemiológica.

En julio de 2021, cuando el Hospital Regional Ushuaia sufrió un incendio, el propio gobernador Melella explicó que se utilizaría la emergencia sanitaria y un decreto para disponer fondos específicos destinados a la reconstrucción y adquisición de equipamiento.

La emergencia había nacido para afrontar una crisis sanitaria extraordinaria. Pero años después la Provincia continuaría recurriendo a mecanismos excepcionales para resolver necesidades vinculadas al sistema de salud.

Educación: una emergencia que volvió a ser emergencia

Si existe un caso que permite observar con claridad la dificultad para transformar una emergencia en una solución estructural, es el de la infraestructura escolar.

La primera declaración fue la Ley 1304, de comienzos de 2020.

Pero en septiembre de 2022 la Legislatura sancionó nuevamente una emergencia específica: la Ley 1431, que declaró por un año la emergencia en infraestructura educativa y creó el Programa de Fortalecimiento en Infraestructura Educativa.

La norma tenía un objetivo concreto: garantizar condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de las escuelas. También creó un procedimiento excepcional que permitía abreviar los plazos de contratación de obras y adquisiciones.

La Provincia autorizó además hasta $7.000 millones para financiar las contrataciones vinculadas al programa.

Pero la emergencia no terminó allí.

La Ley 1501 prorrogó el régimen y posteriormente la Ley 1575 extendió nuevamente la vigencia de los principales artículos de la Ley 1431 hasta el 31 de diciembre de 2025.

Es decir: la infraestructura educativa fue declarada en emergencia en 2020, volvió a ser declarada en 2022 y el régimen excepcional fue prorrogado posteriormente hasta 2025.

Y el problema no desapareció.

En 2025 la propia administración provincial continuaba informando trabajos de mantenimiento, reparación de sistemas de calefacción, techos, baños, instalaciones eléctricas y regularizaciones de gas en establecimientos educativos.

Más aún: un dictamen de la Fiscalía de Estado sobre la situación edilicia de la Escuela Provincial Nº 16 señaló en 2025 deficiencias que continuaban afectando el funcionamiento escolar y observó que, pese a la existencia de instrumentos extraordinarios como las leyes 1431, 1501 y 1575, persistían problemas que requerían una respuesta integral.

La emergencia, entonces, dejó de ser una herramienta excepcional para convertirse en un régimen prorrogado para atender un problema que continuaba abierto.

Seguridad: una emergencia para enfrentar el hacinamiento que todavía existe

La misma secuencia aparece en seguridad.

En diciembre de 2024 se sancionó la Ley 1573, que declaró por dos años la Emergencia del Sistema Integral de Seguridad Pública.

La norma fue explícita respecto de las causas: habló de falta de inversión y hacinamiento en los lugares de detención.

La emergencia alcanzó a la Policía Provincial, el Servicio Penitenciario, el Patronato de Liberados, el sistema 911 y los establecimientos para jóvenes en conflicto con la ley penal. Entre las herramientas previstas estuvieron las obras de infraestructura, adquisición de equipamiento, tecnología, capacitación y contratación de servicios.

En abril de 2025, sin embargo, el propio Gobierno reconoció ante la Legislatura que la ley de emergencia no traía recursos automáticamente y que se necesitaban mecanismos financieros adicionales para ejecutarla. El Ejecutivo informó entonces que buscaba obtener $2.500 millones para renovación de vehículos destinados a Policía, Servicio Penitenciario y Patronato de Liberados.

Mientras tanto, el problema estructural del sistema penitenciario continuó.

En agosto de 2026, el Servicio Penitenciario informó que la cantidad de personas privadas de la libertad venía creciendo alrededor de un 20% anual y volvió a plantear la necesidad de ampliar la capacidad de alojamiento.

El dato resulta particularmente significativo porque el hacinamiento fue uno de los fundamentos expresos de la emergencia de seguridad de 2024.

La emergencia había sido declarada precisamente para enfrentar ese problema y, casi dos años después, el sistema continuaba reclamando más espacio.

Electricidad: una emergencia que llegó hasta 2027

Otro ejemplo contundente es el sistema eléctrico.

El Decreto Provincial 996/2024 declaró la emergencia del sistema del servicio eléctrico en Ushuaia, Tolhuin, Almanza y San Sebastián desde el 1 de mayo de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025.

El decreto permitió adoptar mecanismos excepcionales para garantizar la provisión eléctrica y habilitó contrataciones directas vinculadas con abastecimiento, reparación, actualización y equipamiento del sistema.

Pero la emergencia tampoco terminó con el plazo original.

El Decreto 3011/2025 prorrogó la emergencia hasta diciembre de 2027. El propio informe de gestión provincial de 2025 señala que la prórroga tiene como finalidad continuar realizando mejoras en el sistema eléctrico.

La consecuencia es clara: una emergencia eléctrica declarada en 2024 continúa vigente en 2026 y tiene horizonte legal hasta 2027.

Y la provincia continúa ejecutando reparaciones, mantenimientos mayores y contrataciones vinculadas con la generación y distribución eléctrica.

De los incendios a la emergencia habitacional

La cadena de emergencias tampoco quedó limitada a los servicios esenciales.

En diciembre de 2022, luego del incendio forestal que afectó la Reserva Corazón de la Isla, se sancionó la Ley 1457, que declaró la emergencia ambiental por incendios forestales hasta el 30 de junio de 2023.

La norma buscó acelerar las acciones de combate, restauración y prevención, además de proteger el ecosistema y reducir los daños ambientales y patrimoniales.

También se utilizó el régimen excepcional para contrataciones vinculadas con la emergencia. El Tribunal de Cuentas llegó a intervenir en expedientes de contratación directa realizados bajo ese marco.

Un año después, en diciembre de 2023, la Provincia sumó otra emergencia de características diferentes: la Ley 1536 declaró por un año la Emergencia Habitacional y Urbano-Ambiental.

La norma creó el Programa Alquiler Ciudadano, un Fondo de Financiamiento y un Banco de Tierras Provincial, con el objetivo de afrontar la crisis habitacional y urbanística.

La propia ley definió la emergencia como una respuesta frente a una crisis que requería soluciones eficaces, oportunas y progresivas.

El mapa de las emergencias de la era Melella

Año	Emergencia	Norma	Vigencia / continuidad
2019/2020	Previsional	Ley 1302	2 años desde 01/01/2020; posteriormente se adoptaron nuevas medidas sobre el sistema
2020	Sanitaria	Ley 1303	Declarada al inicio de la gestión; prorrogada durante la pandemia
2020	Infraestructura educativa	Ley 1304	Primera emergencia específica del sistema educativo
2020	Infraestructura y equipamiento portuario	Ley 1305	Régimen excepcional para la Dirección Provincial de Puertos
2020-2021	Económica, fiscal, financiera y social	Ley 1312 + Ley 1334	Hasta 31/12/2021
2022-2025	Infraestructura educativa	Ley 1431 + Leyes 1501 y 1575	Declaración de 1 año; prorrogada hasta 31/12/2025
2022-2023	Ambiental por incendios forestales	Ley 1457	Hasta 30/06/2023
2023-2024	Habitacional y urbano-ambiental	Ley 1536	1 año, con posibilidad de prórroga
2024-2027	Sistema del servicio eléctrico	Decreto 996/2024 + Decreto 3011/2025	Originalmente hasta 31/12/2025; prorrogada hasta 31/12/2027
2024-2026	Sistema Integral de Seguridad Pública	Ley 1573	2 años desde diciembre de 2024, prorrogable por un año

Las fechas y alcances de las primeras leyes están documentados por la Legislatura y el Tribunal de Cuentas; las posteriores prórrogas educativas y eléctrica también aparecen registradas en la normativa provincial.

La pregunta que deja el ciclo de emergencias

Las emergencias no son, por sí mismas, una prueba de fracaso de una gestión. En determinadas circunstancias son instrumentos legítimos para acelerar decisiones, reasignar recursos o afrontar situaciones extraordinarias.

De hecho, varias de las normas sancionadas durante el gobierno de Melella fueron creadas precisamente con ese argumento: darle al Estado mayor capacidad de respuesta frente a problemas que requerían una intervención urgente.

El problema aparece cuando la excepcionalidad se prolonga y el problema original continúa.

En educación, una emergencia declarada en 2020 fue seguida por otra en 2022 y prorrogada hasta 2025, mientras los problemas edilicios siguieron generando intervenciones y observaciones.

En seguridad, la emergencia de 2024 se justificó expresamente por el hacinamiento y la falta de inversión, mientras que en 2026 el Servicio Penitenciario volvió a advertir sobre el crecimiento de la población alojada y la necesidad de ampliar su capacidad.

En electricidad, la emergencia de 2024 fue prorrogada hasta 2027 porque las obras y mejoras todavía están en ejecución.

En salud, una emergencia que comenzó en el arranque de la gestión volvió a utilizarse como marco excepcional para afrontar, entre otras cuestiones, la reconstrucción del Hospital Regional Ushuaia.

Por eso, más que discutir solamente cuántas emergencias declaró el gobierno de Gustavo Melella, el dato político y administrativo que deja esta cronología es otro:

cuántas veces fue necesario declarar o prorrogar una emergencia para enfrentar problemas que, después de años de administración excepcional, todavía forman parte de la agenda cotidiana de Tierra del Fuego.

La emergencia fue presentada como una herramienta para salir de la crisis. El desafío que queda pendiente es determinar en qué casos esa herramienta consiguió transformar una situación excepcional en una solución permanente y en cuáles terminó convirtiéndose, simplemente, en una nueva forma de administrar problemas estructurales.