Vicente señaló en FM Provincia, que la resolución busca impedir que las empresas avancen con perforaciones, instalaciones submarinas y tareas de explotación hasta que se analice el fondo de la demanda. La Justicia deberá determinar si el emprendimiento cuenta con una autorización legítima y si puede provocar un daño ambiental imposible de reparar.

“La decisión vinculada con la explotación de los recursos naturales es una decisión soberana”, sostuvo el funcionario judicial. Explicó que los Estados deben evaluar el beneficio económico de una actividad y compararlo con sus posibles consecuencias ambientales.

En este caso, la explotación fue proyectada sin autorización de la República Argentina y sin que se realizara la correspondiente evaluación de impacto ambiental ante las autoridades nacionales.

“Esa decisión se tomó sin tener en cuenta la voluntad soberana del titular de ese territorio, que es la Nación Argentina”, remarcó Vicente.

Una medida preventiva

El secretario aclaró que se trata de un expediente civil y no de una causa penal. Las partes deberán presentar sus pruebas y posteriormente la jueza federal Mariel Borruto resolverá la cuestión de fondo.

La cautelar fue dictada porque el tribunal consideró que existían fundamentos suficientes y un peligro concreto en la demora. Si las obras avanzaran, una futura sentencia podría llegar demasiado tarde frente a un posible impacto ambiental irreversible.

Vicente remarcó que la resolución no determina todavía que el proyecto necesariamente vaya a ocasionar un daño, sino que busca evitar que la actividad comience antes de contar con los estudios, controles y autorizaciones exigidos por la legislación argentina.

Cancillería deberá notificar a las empresas

Debido a que Rockhopper y Navitas se encuentran radicadas fuera del país, la comunicación de la medida deberá realizarse mediante Cancillería. El procedimiento habitual consiste en enviar exhortos a los países donde las compañías poseen sus domicilios legales.

Si las petroleras deciden participar del proceso, deberán designar abogados con representación en la Argentina. Las presentaciones podrán realizarse de manera virtual, por lo que no será necesario que sus representantes viajen hasta Río Grande.

La notificación internacional aparece como el primer gran desafío de la causa, debido a la complejidad diplomática y jurisdiccional que rodea cualquier actividad desarrollada en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos.

El costo de desobedecer a la Argentina

Vicente reconoció que no existe un tribunal universal ubicado por encima de la soberanía de los países. Por ese motivo, si las empresas desconocieran la resolución argentina, el conflicto podría trasladarse del terreno judicial al diplomático.

“Cada empresa deberá evaluar el riesgo y el costo-beneficio que implica desobedecer esta voluntad”, afirmó.

El secretario explicó que las compañías no operan únicamente en el área en disputa, sino que también mantienen intereses comerciales en otras partes del mundo. El reconocimiento internacional del reclamo argentino podría dificultar sus futuras operaciones, contratos o inversiones en otros países.