En declaraciones a FM La Isla, Iraola definió el pronunciamiento de la jueza federal Mariel Borruto como “una decisión histórica” y destacó la solidez de sus fundamentos jurídicos, ambientales y soberanos.

“Es una resolución muy robusta y sustanciosa desde lo jurídico. Estamos muy satisfechos con el resultado”, manifestó.

La cautelar impide que las empresas inicien o continúen perforaciones, obras submarinas, instalaciones portuarias y actividades destinadas a la explotación comercial de hidrocarburos. La prohibición permanecerá vigente mientras se analiza el fondo de la demanda y el posible impacto ambiental del emprendimiento.

Un mensaje para las petroleras

Para Iraola, la decisión judicial representa mucho más que la suspensión provisoria de un proyecto extractivo. El fallo reafirma la aplicación de la Constitución y de las leyes argentinas sobre los recursos naturales ubicados en los espacios marítimos correspondientes a las Islas Malvinas.

“Una jueza de la Nación expresó que las empresas tienen que someterse a la legislación argentina. Es un hecho de una relevancia sustantiva y un enorme hito jurídico”, sostuvo.

El abogado afirmó que la resolución envía “un mensaje de enorme relevancia en términos de soberanía” a los directores, accionistas e inversores de Rockhopper y Navitas.

Además, remarcó que la decisión fue adoptada ante la posibilidad de que el proyecto pueda ocasionar un daño ambiental de consecuencias irreparables en el Atlántico Sur.

La Justicia seguirá la ruta del dinero

Tras la resolución, los demandantes deberán avanzar con una serie de actuaciones dentro del expediente. Iraola explicó que deberán confeccionar oficios, cursar las notificaciones correspondientes y requerir información al Poder Ejecutivo nacional.

Uno de los aspectos centrales será reconstruir la ruta financiera del proyecto León Marino, incluyendo sus fuentes de financiamiento, inversores, contratistas, aseguradoras y estructura empresarial.

“Hay muchísimo por trabajar. Ya nos pusimos a trabajar de manera denodada para garantizar el cumplimiento de todas estas cuestiones”, aseguró.

El letrado indicó que cuentan con un plazo de tres días para realizar algunas de las notificaciones ordenadas por el juzgado. Posteriormente, deberán monitorear la tramitación del expediente y las respuestas de las empresas y los organismos nacionales involucrados.

El papel de Cancillería

La notificación a Rockhopper y Navitas será uno de los principales desafíos, debido a que ambas empresas están radicadas fuera de la Argentina. En esa instancia tendrá una participación central el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cancillería deberá facilitar la comunicación internacional de la cautelar y aportar información requerida por el Juzgado Federal de Río Grande. Para Iraola, el Poder Ejecutivo nacional tiene ahora un conjunto de obligaciones que deberá cumplir dentro del proceso.

El abogado destacó que el pronunciamiento también busca poner en conocimiento de inversores y accionistas los riesgos legales, económicos y ambientales de sostener un proyecto hidrocarburífero sin autorización argentina.

Una acción civil, ambiental y soberana

Iraola aclaró que la demanda impulsada por el CECIM y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas es una acción civil preventiva de daño ambiental y soberano.

Por esa razón, consideró que no existe inicialmente riesgo de que el expediente sea unificado con la investigación penal iniciada en los tribunales federales de Comodoro Py contra otra petrolera que opera en la zona de Malvinas.

“Son procesos distintos. Nuestra causa se tramita bajo otra materia y otro código procesal”, explicó.

También valoró la participación de la Municipalidad de Río Grande, que solicitó ser incorporada como tercera interesada, y destacó el compromiso asumido por el intendente Martín Perez con la causa y la defensa de la soberanía nacional.

Iraola aseguró que el equipo jurídico continuará trabajando para garantizar el cumplimiento de la cautelar y avanzar con una demanda que reúne protección ambiental, control de los recursos naturales y soberanía argentina sobre Malvinas y el Atlántico Sur.