En FM del Pueblo, Dáchary calificó la decisión de la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, como “sumamente positiva” y destacó la solidez jurídica de la presentación impulsada por el CECIM La Plata y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas.

“Es un gran paso y un muy buen antecedente judicial, pero es una condición necesaria, no suficiente”, explicó.

El funcionario sostuvo que la ausencia de una evaluación de impacto ambiental es solamente una de las irregularidades que rodean al emprendimiento de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Aunque las empresas intentaran subsanar ese requisito, continuarían sin contar con las autorizaciones argentinas necesarias para explotar hidrocarburos en el área de Malvinas.

El saqueo como consecuencia de la ocupación

Dáchary señaló que el conflicto central continúa siendo la ocupación británica de las Islas Malvinas y afirmó que la explotación ilegal de petróleo constituye una de sus consecuencias directas.

“La usurpación tiene causas y consecuencias. Entre esas consecuencias está el saqueo de nuestros recursos naturales”, manifestó.

Por ese motivo, consideró que la cautelar deberá complementarse con el endurecimiento de las sanciones contra las empresas que intervienen directa o indirectamente en la exploración y explotación de recursos argentinos sin autorización nacional.

También pidió revisar todo el entramado comercial, financiero y logístico que facilita la permanencia británica en el Atlántico Sur, incluyendo servicios de comunicación, inversiones y acuerdos heredados de gobiernos anteriores.

Cancillería deberá intervenir

El secretario fue contundente respecto del papel que ahora deberá cumplir el Ministerio de Relaciones Exteriores. La intervención de Cancillería no es optativa, sino obligatoria, debido a que deberá tramitar las notificaciones internacionales ordenadas por el Juzgado Federal de Río Grande.

La resolución deberá ser remitida a los países donde las compañías tienen establecidos sus domicilios legales: el Reino Unido en el caso de Rockhopper e Israel en el de Navitas.

Dáchary sostuvo que este procedimiento pondrá a prueba la relación que el Gobierno de Javier Milei mantiene con Israel y permitirá determinar si el acercamiento político entre ambos países también se traduce en respaldo al reclamo argentino por Malvinas.

Críticas al giro de Milei

Dáchary cuestionó que el Presidente haya reconocido que su reciente decisión de reposicionar la causa Malvinas estuvo vinculada con expresiones de Donald Trump sobre el Reino Unido.

“Es gravísimo tercerizar en una opinión del presidente de Estados Unidos lo que debería ser el eje de nuestra política exterior”, afirmó.

Para el funcionario fueguino, el cambio de postura debería haberse fundamentado en la Constitución Nacional y no en disputas internacionales ajenas al reclamo argentino.

“Nadie exige que sea un patriota, pero por lo menos debe respetar la Constitución”, planteó.

A pesar de sus cuestionamientos, Dáchary reconoció como positivo que Malvinas haya recuperado centralidad en el debate nacional. Sin embargo, remarcó que esa atención deberá convertirse en una política de Estado coherente y sostenida, más allá de las necesidades electorales o de los alineamientos internacionales del Gobierno.

Starlink bajo cuestionamiento

Entre las acciones que propuso, Dáchary reclamó revisar el funcionamiento de empresas que prestan servicios en las Islas sin autorización argentina. Mencionó especialmente a Starlink, que brinda conectividad a embarcaciones y actividades desarrolladas en el área ocupada.

“Si verdaderamente se quiere cortar con esta situación, habrá que decirle: trabajás en Malvinas o trabajás en el resto de la Argentina”, sostuvo.

El secretario explicó que el Ente Nacional de Comunicaciones tiene capacidad para regular la actividad de la empresa dentro del territorio nacional. Starlink no cuenta con una autorización argentina para prestar servicios en Malvinas, por lo que pidió aplicar el mismo criterio que el Gobierno pretende utilizar con las compañías petroleras.

Revisar los acuerdos con el Reino Unido

Dáchary también propuso revisar la legislación que otorga condiciones favorables a las inversiones británicas y volver a discutir los acuerdos de Madrid I y II.

Además, planteó que la cuestión Malvinas debería regresar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, al considerar que posee un mayor peso político que el Comité Especial de Descolonización.

“Si la Argentina decidió complicar la presencia británica en Malvinas y dejar de facilitarla, hay un camino enorme por recorrer”, remarcó.

El funcionario sostuvo que la resolución contra León Marino constituye una herramienta importante, pero insistió en que deberá ser respaldada por una estrategia integral. El desafío, aseguró, será demostrar que la nueva centralidad de Malvinas no queda limitada a discursos y se transforma en decisiones concretas para defender la soberanía, el ambiente y los recursos naturales argentinos.