USHUAIA.- La discusión por la distribución de los recursos provinciales entre los municipios quedó nuevamente abierta luego de que el Gobierno de Tierra del Fuego dispusiera suspender la ejecución del Decreto 717/26, que había modificado parcialmente el criterio utilizado para determinar los coeficientes de coparticipación.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto Provincial 1561/26, firmado por la vicegobernadora Mónica Urquiza en ejercicio del Poder Ejecutivo. El nuevo instrumento deja sin aplicación, de manera provisoria, los efectos del decreto anterior mientras continúa el análisis de los planteos formulados durante el trámite administrativo.

Punto cero

El origen del conflicto se encuentra en una resolución del Ministerio de Economía de 2025, mediante la cual se habían establecido los coeficientes de distribución de los impuestos provinciales correspondientes a ese ejercicio. Para determinar esos porcentajes se tomó como referencia la información sobre la recaudación municipal del año 2024.

Río Grande cuestionó entonces una deducción aplicada en concepto de “contribución por mejoras”, al considerar que resultaba arbitraria e ilegítima y que afectaba su autonomía económica y financiera. También planteó objeciones vinculadas con el principio de legalidad tributaria.

A partir de esa presentación, la Provincia dictó el Decreto 717/26 y resolvió hacer lugar parcialmente al reclamo. En particular, revocó el acto cuestionado en el tramo correspondiente a la plusvalía efectivamente devengada y percibida.

Encrucijada

La modificación abrió una nueva discusión sobre la manera en que debían calcularse los coeficientes de distribución a partir de ese cambio y sobre la eventual aplicación del mismo criterio al Municipio de Ushuaia.

Durante la continuidad del expediente, Río Grande solicitó al Ministerio de Economía que informara si ya se había dictado el acto administrativo necesario para aprobar los nuevos coeficientes derivados del Decreto 717/26. En caso contrario, pidió que se realizara el cálculo correspondiente y se emitiera la resolución respectiva.

Ushuaia, por su parte, presentó una impugnación institucional contra el Decreto 717/26. El municipio solicitó la nulidad absoluta del acto y también pidió la suspensión de sus efectos, de acuerdo con las herramientas previstas por la Ley Provincial 141.

Ante los nuevos planteos intervino la Secretaría Legal de Gobierno, que emitió un dictamen en el que consideró procedente suspender la aplicación del Decreto 717/26, invocando las facultades establecidas por el artículo 107 de la Ley Provincial 141 y razones de interés público.

El Ministerio de Economía también tomó intervención en el procedimiento y, finalmente, el Poder Ejecutivo dispuso suspender la ejecución del decreto.

Por ahora, nada

La medida no establece nuevos porcentajes de coparticipación ni determina cuánto recibirá cada municipio. Tampoco implica, por sí sola, que Río Grande o Ushuaia pasen a recibir más o menos recursos. Lo que hace es dejar en suspenso el mecanismo que había puesto en marcha el Decreto 717/26 hasta que se resuelva cómo corresponde continuar con el expediente.

De esta manera, el cálculo de los fondos coparticipables vuelve a quedar sujeto a revisión administrativa, con los planteos de ambos municipios todavía incorporados al trámite.

En términos prácticos, no se borró lo actuado ni comenzó un expediente desde cero, pero sí quedó frenado el resultado que se pretendía obtener mediante el Decreto 717/26. La Provincia deberá ahora definir cómo resolver las impugnaciones y, eventualmente, qué cálculo corresponde aplicar para determinar los coeficientes de distribución.