El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma ahora uno de sus capítulos más impactantes. Una auditoría ordenada por el propio Gobierno nacional detectó un desfasaje de $158.717.131.557,63 entre los registros de deuda exigible de dos áreas centrales del organismo durante la gestión de Diego Spagnuolo.

El dato fue revelado este domingo por LA NACION, que accedió al informe de auditoría realizado sobre el funcionamiento de la exANDIS hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que Spagnuolo fue desplazado de la conducción del organismo. El relevamiento incluyó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, contratos, equipos electrónicos, empleados y declaraciones juradas.

La cifra no representa, por sí misma, dinero cuya apropiación ilegal haya sido judicialmente probada. Se trata de una diferencia contable y administrativa entre listados de deuda que los auditores encontraron dentro del organismo y que quedó bajo análisis. Precisamente por eso, el informe adquiere relevancia en una causa judicial que ya investiga presuntas maniobras de corrupción en las compras de medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad.

Una diferencia de $158.717 millones

Los auditores compararon la información proporcionada por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS).

El resultado fue contundente: ambas áreas informaron cifras diferentes sobre las obligaciones pendientes y la diferencia alcanzó los $158.717 millones.

La propia auditoría advierte además que la DNASS podía contener imprecisiones en los datos suministrados y que algunos importes o clasificaciones podían haber sufrido modificaciones por errores de carga de los prestadores.

Pero el informe también puso bajo observación la forma en que se realizaron determinadas contrataciones.

Según LA NACION, el organismo continuaba utilizando la figura de “Legítimo Abono”, que permite pagar bienes o servicios que ya fueron entregados o prestados sin que necesariamente hayan atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación.

La auditoría señaló que esa metodología afecta la transparencia y limita la posibilidad de comparar ofertas para determinar si el Estado está pagando el precio más conveniente.

$479.504 millones en medicamentos e insumos

Otro de los números que aparecen en el relevamiento permite dimensionar el volumen de recursos que manejaba el organismo.

Entre 2024 y el 21 de agosto de 2025, la exANDIS pagó aproximadamente $479.504 millones a prestadores por medicamentos e insumos.

Uno de los principales proveedores fue Suizo Argentina, que recibió $108.258 millones concentrados en medicamentos vinculados al programa PACBI, según la información publicada por LA NACION. La empresa negó cualquier relación con las irregularidades investigadas y sostuvo que desarrolla sus actividades de manera lícita.

La investigación judicial, entretanto, analiza si existió un sistema de contrataciones direccionadas, sobreprecios y presuntos retornos a partir de las compras realizadas por el organismo.

Sillas de ruedas, prótesis y andadores con diferencias millonarias

El nuevo hallazgo se suma a otra auditoría que había expuesto diferencias extraordinarias en las compras de insumos ortopédicos.

Un informe del Ministerio de Salud incorporado a la causa judicial detectó sobreprecios de hasta 4.239% en determinadas operaciones y analizó 37 facturas correspondientes a seis proveedores por unos $18.100 millones, según la información difundida por Clarín y otros medios.

Uno de los casos señalados fue el de un andador facturado en $12,1 millones, cuando el valor de referencia utilizado en el análisis era sustancialmente menor. El informe también detectó compras de sillas de ruedas con diferencias de varios cientos de puntos porcentuales respecto de los valores de referencia.

Otro ejemplo expuesto por el relevamiento fue una silla de ruedas facturada en $19 millones, frente a un precio de referencia nacional de aproximadamente $1,28 millones.

También se detectó la compra de una válvula pulmonar por $295,1 millones, mientras que el mismo producto había sido adquirido por PAMI por $36,4 millones, de acuerdo con el informe difundido por Clarín.

La investigación judicial habla de más de $75.000 millones

Los nuevos datos aparecen mientras la Justicia avanza sobre una investigación mucho más amplia.

El fiscal federal Franco Picardi sostuvo que habría existido una estructura conformada por funcionarios y empresarios para direccionar contrataciones, inflar precios y distribuir posteriormente el dinero público.

Según la acusación fiscal publicada por LA NACION, las maniobras investigadas habrían generado salidas de fondos superiores a $75.000 millones entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Spagnuolo ya fue procesado en la causa por delitos vinculados con presuntos sobornos, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo.

Noticias Argentinas también informó que la investigación fue ampliada a otros empresarios y funcionarios vinculados con las compras de medicamentos de alto costo.

El origen del famoso “3%”

En el centro político del escándalo aparecen los audios atribuidos a Spagnuolo que se conocieron en 2025.

En esas grabaciones aparece la frase que dio origen al denominado “3% de Karina”, en referencia a una supuesta porción de las coimas que, según la voz atribuida al exfuncionario, llegaría a Karina Milei.

Clarín reprodujo el fragmento en el que se menciona que “a Karina le llega el 3%”, dentro de una conversación atribuida a Spagnuolo. Sin embargo, esa afirmación no constituye una conclusión judicial contra Karina Milei y los audios continúan sometidos a peritajes para determinar su origen, autenticidad y eventual manipulación.

De hecho, en septiembre Gendarmería informó durante el proceso pericial que uno de los archivos analizados presentaba características que llevaron a suspender el cotejo de voz, después de que inicialmente hubiera sido considerado apto para esa comparación. La controversia sobre los audios sigue abierta.

El dato que vuelve a poner todo bajo la lupa

La importancia del nuevo informe no está solamente en los $158.717 millones de diferencia detectados entre registros.

El dato aparece dentro de un organismo encargado de garantizar prestaciones, medicamentos e insumos para personas con discapacidad, mientras la Justicia investiga simultáneamente presuntos sobreprecios, contrataciones irregulares y retornos millonarios.

La propia auditoría encontró que el organismo realizó pagos mediante mecanismos excepcionales y que, en algunos casos, no se respetaron los procedimientos destinados a garantizar competencia y transparencia en las contrataciones.

Así, el caso ANDIS acumula una sucesión de números difíciles de ignorar: $158.717 millones de diferencia en registros de deuda, $479.504 millones pagados a prestadores por medicamentos e insumos, operaciones con sobreprecios de hasta 4.239% y una investigación judicial que ya analiza presuntas maniobras por más de $75.000 millones.

Mientras la Justicia intenta determinar responsabilidades individuales y el alcance real de las maniobras denunciadas, las auditorías oficiales dejaron expuesto un problema que excede una simple diferencia administrativa: el sistema de compras de la Agencia Nacional de Discapacidad quedó bajo una profunda investigación por el manejo de recursos públicos destinados a un sector particularmente vulnerable.

El expediente continúa abierto y los peritajes, informes y medidas judiciales serán los que determinen qué parte de las irregularidades detectadas constituyó efectivamente un delito, quiénes fueron responsables y cuál fue el destino final de los fondos.