En FM del Pueblo, el parlamentario brindó detalles de las audiencias realizadas en la Casa de Tierra del Fuego, en Buenos Aires, donde declararon el exministro de Defensa Jorge Taiana, el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Juan Martín Paleo y el exvicepresidente del ENACOM Gustavo López.

Según Villegas, Taiana y Paleo ratificaron que el equipamiento puede cumplir funciones civiles y militares, con posibles consecuencias para la defensa, la soberanía, la integridad territorial y la posición estratégica de Tierra del Fuego.

“Ambos dejaron de manera muy explícita entrever que podría estar en funcionamiento”, reveló el legislador. Frente a esa posibilidad, consideró necesario avanzar con una inspección técnica que determine el estado real de las instalaciones ubicadas en la estancia El Relincho.

Pedirán inspecciones de la CONAE y el ENACOM

La comisión ya solicitó a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales que envíe especialistas a Tierra del Fuego para verificar si el radar continúa operativo. La intención es que los expertos puedan establecer de manera precisa si el dispositivo está funcionando, qué capacidades mantiene y qué información podría obtener.

Villegas adelantó que también propondrá requerir la intervención del ENACOM. El organismo deberá verificar si el radar genera actividad dentro del campo radioeléctrico, dado que posee facultades de control en esa materia.

“Necesitamos que se presenten en Tierra del Fuego y nos digan a ciencia cierta si ese radar está funcionando o no”, explicó.

La medida deberá ser tratada por los integrantes de la Comisión Investigadora. Si obtiene el acompañamiento de la mayoría, el pedido será dirigido a la Jefatura de Gabinete de la Nación para que ordene la inspección correspondiente a través del ENACOM.

Capacidades militares y riesgo estratégico

Villegas afirmó que las exposiciones de Taiana y Paleo resultaron fundamentales para comprender las características del dispositivo. Recordó que el exministro de Defensa solicitó primero la suspensión de la habilitación precaria concedida a LeoLabs y posteriormente su cancelación definitiva.

Taiana también elevó un informe a la Jefatura de Gabinete y a la Presidencia de la Nación que advertía sobre las capacidades de uso dual del radar: el seguimiento de basura espacial como actividad civil y la posibilidad de utilizar la información con objetivos militares.

“Taiana y Paleo ratificaron que ese radar cumple o podría cumplir funciones militares contrarias a los altos intereses de la Nación Argentina”, sostuvo Villegas.

La preocupación aumenta por la ubicación del equipamiento en una provincia con parte de su territorio ocupado ilegalmente por el Reino Unido y por la vinculación de la estructura empresarial con capitales radicados en Londres.

Por qué Defensa no podía desarmarlo

Las audiencias también permitieron analizar por qué el Ministerio de Defensa sostenía que no podía ingresar al predio para desmantelar la estructura.

Villegas explicó que Taiana y Paleo mencionaron el marco establecido por las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia. Estas normas restringen la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas.

De acuerdo con los testimonios, Defensa podía advertir sobre el riesgo estratégico y promover la cancelación de la autorización nacional, pero el desarme material debía ser dispuesto por las autoridades provinciales.

Paleo también planteó la necesidad de actualizar esas leyes ante las nuevas formas de conflicto. Villegas remarcó que las amenazas actuales no se limitan a una agresión armada en las fronteras, sino que incluyen ataques cibernéticos, sistemas de vigilancia y tecnologías con potencial uso militar.

Responsabilidades nacionales y provinciales

El representante del MPF evitó anticipar una definición sobre responsabilidades individuales mientras continúa la investigación. Sin embargo, reconoció que existieron graves errores por acción u omisión tanto a nivel nacional como provincial.

Entre los datos incorporados mencionó que el funcionario nacional que concedió la autorización precaria llevaba apenas cuatro o cinco días en el cargo. La comisión busca convocarlo para conocer si actuó por decisión propia o siguiendo instrucciones de autoridades superiores.

También indicó que, en noviembre de 2021, personas que se presentaban como representantes de LeoLabs Inc. ya gestionaban permisos ante la Dirección Provincial de Energía y el Ministerio de Producción y Ambiente, antes de que LeoLabs Argentina SRL estuviera formalmente constituida.

La investigación analiza además la intervención de funcionarios fueguinos en la cesión de tierras, la autorización de trámites y el suministro eléctrico que permitió instalar y poner en marcha el equipamiento.

Villegas sostuvo que todo el material reunido será incorporado al informe de la comisión. El objetivo será reconstruir cómo se instaló el radar, determinar si continúa funcionando e identificar las responsabilidades políticas y administrativas que permitieron su llegada a una zona estratégica de Tierra del Fuego.