En FM Provincia, López sostuvo que Lombardi fue el funcionario que intervino en las tres decisiones administrativas centrales: primero autorizó provisoriamente la instalación, después suspendió el permiso y más tarde lo revocó de manera definitiva, luego de las advertencias formuladas por Defensa y Cancillería.

“Si alguien quiere saber por qué otorgó y por qué después revocó, hay que preguntarle a ese funcionario”, afirmó. También consideró necesario establecer si actuó por decisión propia, si recibió instrucciones de su superior inmediata o si existió una indicación proveniente de la Jefatura de Gabinete.

“Alguien metió la pata”

López remarcó que Lombardi contaba legalmente con atribuciones para conceder y retirar la autorización. Por ese motivo, diferenció una eventual responsabilidad política de una posible responsabilidad judicial.

“Probablemente no cometió ningún delito porque actuó dentro de la ley. Después, si se equivocó políticamente o no comprendió la trascendencia del tema, es otra responsabilidad”, explicó.

El exfuncionario nacional fue todavía más gráfico al analizar lo ocurrido: “Alguien metió la pata. Alguien no se dio cuenta de la trascendencia de lo que estaba firmando”.

A su entender, el radar fue presentado inicialmente como una inversión destinada al seguimiento de basura espacial, pero luego los informes de Defensa y Cancillería advirtieron sobre sus posibles implicancias estratégicas y militares.

“Se creyó que era una inversión y terminó siendo un hecho peligroso”, señaló López, quien insistió en que Lombardi debe explicar qué información tenía al momento de otorgar el permiso y por qué no realizó las consultas correspondientes antes de firmarlo.

El ENACOM no participó

López aclaró que el ENACOM nunca intervino en la autorización del radar porque no tenía competencia legal sobre radares y posiciones satelitales.

Según detalló, esa atribución pertenecía exclusivamente a la Secretaría de Innovación Pública y a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, ambas dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

“No hubo ninguna resolución ni disposición del ENACOM. No intervenimos porque la ley le otorgaba esa facultad a otro organismo”, remarcó.

Explicó que el ENACOM solamente habría tenido intervención si LeoLabs pretendía brindar un servicio de telecomunicaciones, como acceso a internet. Sin embargo, la autorización para instalar y operar el radar correspondía a otra dependencia nacional.

Una competencia exclusivamente federal

El referente de FORJA también sostuvo que ni el gobernador Gustavo Melella ni el intendente de Tolhuin tenían facultades para autorizar, revocar o desmontar el radar, porque se trata de una materia federal.

López distinguió entre los trámites provinciales o municipales realizados por la empresa y el permiso que habilitó el funcionamiento del dispositivo.

La aprobación de la sociedad comercial, la disponibilidad de un predio o las gestiones administrativas locales no reemplazaban la autorización nacional. “Si el Gobierno nacional no aprobaba el radar, podían tener una sociedad constituida, pero no podían operarlo”, ejemplificó.

También explicó que ninguna autoridad podía ingresar directamente a una propiedad privada para retirar la estructura. El desmantelamiento o decomiso necesita una orden judicial, mientras que el Gobierno nacional sí puede disponer una inspección técnica para verificar su estado.

Pidió una inspección nacional

López señaló que, desde la revocación del permiso en 2023, el radar no debería encontrarse operativo. Agregó que, según la información disponible, la instalación tampoco tendría suministro eléctrico.

No obstante, consideró que, si persisten dudas, la actual Jefatura de Gabinete puede ordenar una inspección mediante los organismos técnicos correspondientes para determinar si existe actividad.

“Si alguien cree que está funcionando, tiene que pedirle a la Jefatura de Gabinete que arbitre los medios para realizar una inspección”, expresó.

Si se comprobara un incumplimiento, el Ejecutivo nacional podría presentarse ante la Justicia para solicitar el decomiso o el desmantelamiento de la estructura.

Para López, la investigación debe concentrarse ahora en reconstruir por qué Lombardi concedió la autorización, qué evaluaciones realizó, si recibió instrucciones superiores y por qué los organismos vinculados con la soberanía y la defensa fueron consultados después de que el permiso ya había sido otorgado.