La historia que comenzó con televisores, computadoras, líneas de producción y cientos de trabajadores dentro del parque industrial de Río Grande entra ahora en uno de sus capítulos más duros: la liquidación judicial de los bienes que quedaron detrás del derrumbe del Grupo Garbarino.

Este jueves 24 de septiembre comenzará la primera subasta electrónica ordenada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7, a cargo del juez Fernando D'Alessandro, luego de que en marzo pasado la Justicia decretara definitivamente la quiebra de Garbarino.

El proceso tendrá una duración de dos semanas y finalizará el 7 de octubre. Saldrán a remate siete lotes con una base conjunta de $9,3 millones más IVA, que incluyen una Citroën Berlingo, cámaras de seguridad, equipos informáticos, zorras hidráulicas, racks, matafuegos, carros, estanterías, lockers y distinto mobiliario y equipamiento que permanecía en poder de la empresa.

El 1° de octubre comenzará otra subasta correspondiente a Garbarino Viajes, con cinco lotes y una base conjunta superior a $13 millones. En total, las primeras liquidaciones judiciales parten de más de $22 millones.

Pero a más de 3.000 kilómetros de Buenos Aires, el remate tiene otra dimensión.

En Río Grande, Digital Fueguina y Tecnosur siguen formando parte de una historia laboral que todavía no terminó.

Más de cinco años esperando una respuesta

El 5 de mayo de 2021 quedó marcado como el comienzo de la paralización definitiva de las plantas.

En aquellos días, los trabajadores denunciaron que las autoridades empresariales dejaron de presentarse y que más de 250 operarios quedaron sin respuestas, con salarios, aportes y otras obligaciones laborales pendientes. Tres meses después, trabajadores de ambas empresas hablaban ya de unas 300 familias afectadas por el conflicto.

La crisis no había comenzado de un día para otro.

Dos meses antes, en marzo de 2021, el Gobierno provincial había intervenido en negociaciones entre Digital Fueguina, Tecnosur y la UOM para intentar sostener las fuentes laborales. El acuerdo contemplaba regularización de salarios, vacaciones y anticipos de haberes y buscaba garantizar la continuidad de los puestos de trabajo.

Duró poco.

Menos de dos meses después, la producción quedó paralizada.

Desde entonces transcurrieron cinco años y cuatro meses.

En marzo de este año, trabajadores señalaban que de los aproximadamente 300 operarios que originalmente integraban las plantas quedaban cerca de 190 personas todavía involucradas en el reclamo, después de años de expedientes, intentos de reactivación y promesas que nunca consiguieron devolver la producción.

De una planta industrial de miles de metros al silencio

El contraste con lo que Digital Fueguina llegó a representar resulta enorme.

Ya en abril de 2009 la planta funcionaba en Río Grande y producía televisores LCD. Ese año fue recorrida por autoridades provinciales mientras se discutía la ampliación de los beneficios para la industria electrónica fueguina.

En 2011, el Estado nacional autorizó formalmente un nuevo proyecto de Digital Fueguina para producir notebooks y netbooks bajo el régimen industrial de Tierra del Fuego.

Los documentos oficiales permiten dimensionar lo que se proyectaba entonces: la compañía contaba con una planta de 8.900 metros cuadrados y proyectaba construir otros 9.300 metros cuadrados. El programa autorizaba una capacidad máxima de hasta 429.000 computadoras portátiles por año, trabajando en tres turnos.

Quince años después de aquella autorización industrial, la discusión ya no gira alrededor de cuánto producir, cuántos trabajadores incorporar o qué nuevas líneas instalar.

Gira alrededor de qué queda, cuánto vale y quién cobrará primero cuando esos bienes sean liquidados.

La pelea de los trabajadores fueguinos

Ese es precisamente el punto que mantiene en alerta a los extrabajadores de Digital Fueguina y Tecnosur.

La quiebra de Garbarino alcanzó las participaciones societarias que la compañía mantiene en las dos firmas fueguinas. Pero los trabajadores sostienen que las plantas de Río Grande tienen sus propios pasivos y acreedores y reclaman que sus bienes no terminen integrándose sin distinción a la masa general de la quiebra de Garbarino.

El temor es concreto: que después de más de cinco años esperando cobrar salarios e indemnizaciones, los trabajadores locales terminen compitiendo con la enorme cantidad de acreedores acumulados por la histórica cadena comercial a nivel nacional.

La magnitud de aquella caída explica la preocupación.

Cuando Garbarino fue adquirida por Carlos Rosales en junio de 2020, todavía contaba con más de 200 puntos de venta, alrededor de 4.300 trabajadores y 32 centros logísticos. En noviembre de 2021 se presentó en concurso preventivo. Después de más de cuatro años sin alcanzar un acuerdo con sus acreedores ni conseguir un salvataje empresario, el 4 de marzo de 2026 la Justicia decretó finalmente su quiebra.

Ya hubo un remate que dejó poco

Para los trabajadores fueguinos, además, la experiencia de las subastas ya dejó una señal preocupante.

En diciembre de 2025 se remataron máquinas de Digital Fueguina que habían sido embargadas por seis trabajadores. Entre los bienes había un elevador y cuatro dobladoras de caños utilizadas en producción.

Según informó entonces el abogado de esos empleados, el remate recaudó alrededor de $33 millones frente a acreencias reclamadas por unos $500 millones.

La enorme distancia entre ambos números ayuda a entender por qué cada máquina y cada activo que todavía permanece dentro de las plantas tiene tanta importancia para quienes esperan cobrar desde 2021.

Mañana comienza otro capítulo

La subasta que comienza este jueves no implica todavía el remate general de las plantas de Digital Fueguina y Tecnosur. Corresponde a bienes de Garbarino dentro del proceso de liquidación de la compañía, mientras continúa abierta la discusión sobre las sociedades fueguinas y sus acreedores.

Pero representa una señal difícil de ignorar.

La Justicia ya pasó de intentar salvar a Garbarino a convertir sus activos en dinero para pagar, hasta donde alcance, a los acreedores.

Y eso vuelve a poner a Digital Fueguina y Tecnosur frente a una definición decisiva.

Detrás de los expedientes judiciales, las sociedades comerciales y las valuaciones quedan cientos de historias laborales de Río Grande. Familias que en mayo de 2021 vieron detenerse una fábrica que durante años había producido electrónica fueguina y que, más de cinco años después, todavía esperan cobrar lo que reclaman.

La imagen resulta contundente: donde alguna vez se discutieron inversiones, nuevas líneas de producción y miles de equipos fabricados en Tierra del Fuego, hoy la discusión pasa por inventarios, acreedores y remates.

Este jueves comenzará a bajar el martillo sobre una parte de lo que quedó de Garbarino.

Para los trabajadores de Digital Fueguina y Tecnosur, en cambio, la historia todavía no terminó: después de más de cinco años sin producción, la pelea ahora es para que la liquidación de un gigante quebrado no termine llevándose también la última posibilidad de cobrar lo que les corresponde.