En FM del Pueblo, Aramburu explicó que la UEJN decidió pronunciarse públicamente porque considera que se trata de “un fallo digno de resaltar”, especialmente ante la magnitud de los intereses económicos e internacionales que rodean al emprendimiento.

“Valoramos esa firmeza, esa actitud y esa convicción patriótica al asumir la competencia y resolver favorablemente la medida cautelar”, afirmó.

La decisión judicial ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de avanzar con perforaciones, infraestructura submarina y explotación comercial de hidrocarburos hasta que se cumpla con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental exigido por la legislación argentina.

“Algunos jueces esquivan el problema”

Aramburu sostuvo que la actuación de Borruto adquiere mayor relevancia porque, frente a causas complejas, algunos magistrados optan por declararse incompetentes para evitar asumir responsabilidades.

“Estamos acostumbrados a jueces que, como se dice vulgarmente, esquivan el bulto por temores que vaya a saber uno de qué naturaleza son”, expresó.

Frente a ese escenario, remarcó que Borruto aceptó intervenir en una causa atravesada por fuertes intereses internacionales y por la presencia de empresas vinculadas con el Reino Unido e Israel.

Para el dirigente judicial, el fallo representa una defensa concreta de las facultades reconocidas por la Constitución Nacional y de los recursos naturales pertenecientes a Tierra del Fuego y a la Argentina.

La cuestión excede el impacto ambiental

Aramburu aclaró que la controversia no queda limitada a la falta de estudios ambientales. Recordó que las leyes nacionales 26.659 y 26.915 prohíben la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales.

Estas normas contemplan sanciones económicas, inhabilitaciones y embargos para las compañías que operen ilegalmente en las áreas marítimas bajo jurisdicción argentina.

“Más allá de lo ambiental, existe una cuestión directamente vinculada con la soberanía argentina”, señaló.

La cautelar surgió a partir de una demanda presentada por el CECIM La Plata y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas. El planteo busca impedir que las compañías consoliden la explotación petrolera mientras se analiza el fondo de la causa.

Críticas al giro de Milei

Aramburu también se refirió al reciente cambio de posición del presidente Javier Milei sobre Malvinas y calificó ese giro como “un brote patriótico” después de casi tres años de gobierno.

El referente de la UEJN sostuvo que las acciones adoptadas por el Gobierno nacional hasta el momento no permiten advertir la existencia de una política integral destinada a recuperar la soberanía.

“A los hombres se los conoce por sus conductas. Con papelitos no vamos a triunfar en esta batalla contra el Reino Unido”, manifestó.

En ese sentido, contrastó el discurso presidencial con la caída de la industria fueguina, la reducción de aranceles, el ingreso de productos importados y el debilitamiento de las capacidades nacionales.

También vinculó la defensa de Malvinas con la necesidad de sostener el desarrollo económico, la producción nacional, la presencia poblacional en Tierra del Fuego y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.

“Las palabras se las lleva el viento”

Aramburu consideró contradictorio que el Gobierno nacional reivindique la causa Malvinas mientras impulsa políticas que, desde su perspectiva, debilitan la posición argentina frente al Reino Unido.

Entre esas decisiones mencionó la intervención del Puerto de Ushuaia, el deterioro de la industria fueguina, el traslado de reservas de oro al exterior y la situación presupuestaria y salarial de las Fuerzas Armadas.

“Las palabras son tiras de papel que se las lleva el viento si no están acompañadas por conductas firmes y patrióticas”, remarcó.

Para Aramburu, la resolución de Borruto constituye una acción concreta frente al avance de las petroleras en el Atlántico Sur. La recuperación de Malvinas, afirmó, requiere transformar ese antecedente judicial en una política de Estado sostenida, acompañada por desarrollo industrial, capacidad económica y decisiones soberanas.