El objetivo planteado es ambicioso: llevar progresivamente la inversión consolidada en educación hasta el 7,80% del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial en un plazo máximo de cinco ejercicios fiscales. El sendero previsto comienza en 4,50% durante el primer año, sigue con 4,95%, 5,70% y 6,60%, hasta alcanzar el 7,80% en el quinto ejercicio. 

Sin embargo, para financiar semejante crecimiento, el proyecto establece una serie de fuentes específicas que constituyen uno de los puntos más sensibles del texto.

Uno de los primeros sectores alcanzados es el Banco de Tierra del Fuego. El artículo 6 incorpora una alícuota adicional del 3% de Ingresos Brutos sobre todas las actividades gravadas desarrolladas por el BTF y además determina que para ese adicional no será aplicable la exención prevista en el Código Fiscal. 

A esto se suma una alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos para la actividad de distribución de gas identificada en el nomenclador provincial, otro de los cambios tributarios incluidos expresamente entre las fuentes del Fondo. El eventual impacto de esa carga sobre el costo final del servicio será uno de los puntos a observar durante el tratamiento legislativo; el proyecto establece el impuesto, pero no afirma por sí mismo que necesariamente será trasladado íntegramente a la tarifa de los usuarios. 

Pero probablemente uno de los artículos con mayor repercusión para Río Grande, Ushuaia y Tolhuin sea otro: el Fondo recibirá el 0,5% del total que recaude la Provincia en concepto de Ingresos Brutos y ese dinero quedará exceptuado del régimen general de distribución a los municipios. 

Según los números que acompañan el análisis del proyecto que recibió este medio, tomando como referencia una recaudación de Ingresos Brutos de $109.529 millones entre enero y julio de 2025, ese 0,5% representaría aproximadamente $547,6 millones en siete meses. Proyectado de manera lineal a doce meses, el monto rondaría los $939 millones anuales.

Es decir, casi $1.000 millones anuales, utilizando esa recaudación como referencia, pasarían a tener afectación específica para educación y dejarían de formar parte de la masa general alcanzada por el esquema de distribución municipal. Se trata de una estimación y no de una cifra incorporada expresamente en el proyecto.

La nueva caja educativa también tendrá otras fuentes. El texto permite afectar hasta el 40% de los recursos adicionales que se produzcan como consecuencia de modificaciones de alícuotas o bases imponibles del Impuesto Inmobiliario, incluidos los incrementos derivados de revalúos fiscales. 

También contempla hasta el 10% del remanente distribuible de utilidades de las empresas del Estado provincial, una vez cumplidas las reservas legales y afectaciones correspondientes. A eso se agregan los futuros recursos provinciales provenientes de la explotación de Hidrógeno Verde, además de fondos que puedan generarse por la promoción y desarrollo de la Economía del Conocimiento, incluyendo software, servicios informáticos, inteligencia artificial, biotecnología e industrias tecnológicas. 

La mitad irá obligatoriamente al salario docente

El proyecto no solamente determina cómo recaudar los recursos sino también cómo deberán gastarse.

Como mínimo, el 50% de todo lo que ingrese al Fondo deberá utilizarse para el fortalecimiento del salario docente. Otro 25% tendrá que destinarse a mantenimiento, servicios, mejoramiento y nueva infraestructura escolar, mientras que al menos un 15% irá a equipamiento tecnológico, recursos y herramientas didácticas para alumnos y docentes. 

El porcentaje restante podrá utilizarse para contingencias, nuevas necesidades tecnológicas o prioridades operativas exclusivas del sistema educativo.

Otro punto de enorme peso es el artículo 8. Allí se establece que el Presupuesto provincial deberá prever recursos suficientes para que la remuneración del cargo docente testigo tienda progresivamente a equipararse con el valor de la Canasta Básica Total informada por el INDEC. 

Tomando como referencia los valores que acompañan el análisis que me pasaste —una CBT cercana a $1.150.000 frente a un cargo testigo estimado alrededor de $800.000— la diferencia sería de aproximadamente $350.000, es decir cerca de un 44% respecto del salario actual tomado como base. Esos valores no están escritos en el proyecto: son una fotografía económica utilizada para dimensionar el objetivo salarial.

Una caja que no se repartirá con los municipios

El artículo 5 deja otro concepto clave: los recursos que integren el nuevo Fondo tendrán afectación específica y exclusiva para la jurisdicción provincial y quedarán exceptuados del régimen general de distribución a los municipios.

La administración y ejecución estarán en manos del Poder Ejecutivo, mientras que AREF deberá reglamentar la forma y las condiciones de recaudación de los adicionales y alícuotas que alimentarán el sistema. 

Esto convierte al proyecto en algo mucho más amplio que una respuesta salarial al conflicto docente. La iniciativa redefine parte del circuito de los recursos provinciales: crea nuevas cargas, afecta porcentajes de impuestos existentes y establece una caja educativa específica que no será coparticipable.

El 7,8% tampoco es automático

La meta final tampoco está garantizada independientemente de lo que ocurra con la economía. El proyecto establece que si el PBG registra crecimiento real nulo o negativo, o si existe una disminución real de la coparticipación federal o de la recaudación provincial, ese ejercicio no será computado dentro del plazo de convergencia.

En otras palabras, el reloj para llegar al 7,80% puede detenerse en años de caída económica o reducción real de los ingresos de la Provincia. 

Además, el nuevo financiamiento será complementario a los fondos educativos actualmente existentes. El texto aclara que la nueva ley no deroga, reemplaza, disminuye ni absorbe otras afectaciones específicas provinciales o nacionales destinadas al sistema educativo. 

Así, la gran discusión alrededor del Proyecto 519/26 no será solamente cuánto más recibirá Educación, sino quién aportará esos recursos y qué impacto tendrá la nueva distribución del dinero. BTF, distribución de gas, recaudación general de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, empresas estatales y futuras actividades económicas aparecen dentro del esquema diseñado para alimentar una caja cuyo primer destino será el salario docente.

La promesa es llevar la educación hasta el 7,80% del PBG y garantizar recursos permanentes. La contracara es una reforma del financiamiento que toca impuestos, recursos provinciales y fondos que hoy forman parte de una estructura fiscal en la que también participan los municipios.