La investigación sobre presuntas coimas y direccionamiento de compras dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad vuelve a escalar y coloca nuevamente en el centro de la escena a uno de los hombres que llegó al Gobierno con una relación personal y profesional cercana al presidente Javier Milei.

Este lunes fue solicitada la detención de Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de ANDIS y exabogado del Presidente.

El pedido fue presentado por el abogado Gregorio Dalbón, uno de los denunciantes de la causa, ante el juez federal Ariel Lijo, actualmente a cargo del Juzgado Federal N°11.

Dalbón sostuvo que existen riesgos de entorpecimiento de la investigación y de fuga y reclamó que Spagnuolo quede detenido mientras continúa avanzando el expediente.

La solicitud no significa que exista una orden de arresto: ahora será Lijo quien deberá analizar los argumentos y decidir si corresponde o no disponer la detención.

De abogado de Milei a conducir Discapacidad

El vínculo político de Spagnuolo con el actual Gobierno no es secundario para comprender la historia.

Antes de convertirse en funcionario nacional había sido abogado de Javier Milei y mantuvo una relación cercana con él. Una vez iniciada la administración libertaria, fue el propio Presidente quien lo designó mediante decreto al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad en diciembre de 2023.

Permaneció allí hasta agosto de 2025, cuando fue apartado después de que comenzaran a difundirse audios atribuidos a su voz en los que se hablaba de un supuesto mecanismo de retornos relacionado con las compras del organismo.

En esas grabaciones se mencionaba a Eduardo “Lule” Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La investigación sobre la autenticidad de los audios y las responsabilidades individuales continúa; esas menciones no constituyen por sí mismas una determinación judicial de responsabilidad.

Pero la causa dejó hace tiempo de depender exclusivamente de esas grabaciones.

La Cámara confirmó su procesamiento

Hace apenas seis días, la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Spagnuolo y de otros 18 acusados.

Los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico consideraron que existen elementos para sostener, en esta etapa procesal, la existencia de una presunta asociación ilícita integrada por funcionarios y particulares que habría operado dentro de ANDIS para direccionar contrataciones públicas vinculadas principalmente con medicamentos de alto costo.

Spagnuolo quedó procesado como presunto jefe de esa asociación y por delitos vinculados con cohecho, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.

La Cámara describió irregularidades en la incorporación de proveedores, selección arbitraria de empresas, simulación de competencia y mayores costos pagados por el Estado.

El fiscal federal Franco Picardi sostiene que ANDIS habría funcionado durante el período investigado como una estructura desde la cual se direccionaban pagos y contrataciones hacia determinados proveedores.

Chats, licitaciones y movimientos de dinero

La investigación incorporó además mensajes entre algunos de los acusados.

Según la reconstrucción judicial conocida durante los últimos días, existen conversaciones relacionadas con licitaciones, incorporación o exclusión de empresas, pagos, cotizaciones y entregas de dinero en efectivo.

Esos elementos fueron valorados por la Cámara Federal cuando confirmó los procesamientos.

La hipótesis que investiga la Justicia es que determinados proveedores obtenían ventajas para participar de las contrataciones de medicamentos de alto costo del programa Incluir Salud y que dentro de ese circuito se habrían producido sobreprecios y pagos de sobornos.

El expediente continúa abierto y los procesamientos no equivalen a condenas. Los acusados conservan su estado de inocencia mientras no exista sentencia firme.

Una auditoría oficial encontró $158.717 millones de diferencia

El caso adquirió otra dimensión durante septiembre a partir de los resultados de auditorías realizadas sobre la administración del organismo.

Una revisión interna posterior a la salida de Spagnuolo detectó una diferencia de $158.717 millones entre registros de deuda informados por distintas áreas de la entonces ANDIS.

La cifra no significa que se haya probado judicialmente el robo de ese monto. Se trata de una inconsistencia contable y administrativa de enorme magnitud que quedó bajo análisis judicial.

La auditoría revisó pagos a droguerías, compromisos de deuda, contrataciones, cajas chicas, equipamiento y otros movimientos realizados durante la gestión investigada.

Sobreprecios y una factura pagada dos veces

En las últimas horas aparecieron además nuevos datos surgidos de informes técnicos realizados durante la intervención del organismo.

Entre las irregularidades denunciadas aparecen pagos duplicados, diferencias extraordinarias entre valores de adquisición y precios de referencia, y elementos que figuraban administrativamente como entregados pero que, según las verificaciones posteriores, no habrían llegado a sus beneficiarios.

Uno de los casos detectados corresponde a una factura por $28,7 millones que habría sido abonada dos veces.

También se analizaron compras de determinados insumos médicos cuyos precios presentaban diferencias significativas respecto de otras adquisiciones realizadas por organismos públicos.

Uno de los informes difundidos este fin de semana señaló diferencias porcentuales extraordinariamente elevadas en algunos productos. Esas operaciones forman parte ahora de la documentación que deberá evaluar la Justicia para establecer responsabilidades concretas.

Discapacidad, en el centro del escándalo

La naturaleza del organismo donde presuntamente ocurrieron las maniobras agrega una dimensión particularmente sensible.

ANDIS tenía bajo su responsabilidad políticas y prestaciones destinadas a personas con discapacidad, incluyendo el programa federal Incluir Salud y la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo para una población especialmente vulnerable.

El fiscal Picardi sostuvo en su acusación que, en lugar de cumplir exclusivamente esa función, el organismo habría sido utilizado como una estructura de pagos direccionados y contrataciones irregulares.

La causa investiga hechos ocurridos desde diciembre de 2023 y se extendió sobre distintos funcionarios, empresarios, droguerías y personas que habrían actuado como intermediarios.

El pedido que ahora debe resolver Lijo

El planteo presentado este lunes incorpora una nueva discusión.

Dalbón considera que los elementos conocidos durante las últimas semanas justifican modificar la situación de libertad de Spagnuolo y disponer su detención preventiva.

El argumento central es que existiría peligro de fuga o posibilidad de interferir sobre una investigación que continúa incorporando documentación y testimonios.

La decisión está ahora en manos del juez Ariel Lijo.

Hasta que el magistrado se pronuncie, Spagnuolo continúa en libertad y el pedido de Dalbón no debe confundirse con una orden de detención.

Pero el escenario judicial del exfuncionario es considerablemente más comprometido que meses atrás.

Ya no se trata únicamente de audios filtrados ni de denuncias periodísticas: existe un procesamiento confirmado por la Cámara Federal, otros 18 acusados procesados, documentación administrativa, chats y auditorías incorporadas al expediente.

Un escándalo que sigue creciendo

La causa ANDIS se convirtió así en una de las investigaciones por presunta corrupción más importantes que alcanzaron a funcionarios de la administración libertaria.

Spagnuolo llegó al Estado nacional después de haber sido abogado de Javier Milei, fue nombrado por el Presidente para conducir una de las áreas sociales más sensibles y terminó desplazado cuando el escándalo comenzó a hacerse público.

Ahora está procesado como presunto jefe de una asociación ilícita y un denunciante acaba de reclamar su detención.

La Justicia todavía deberá determinar las responsabilidades penales definitivas y hasta dónde llegaba la estructura investigada.

Pero el expediente ya atravesó una frontera importante: de aquellos primeros audios que hablaban de supuestos retornos en Discapacidad pasó a una investigación con procesamientos confirmados por la Cámara Federal, auditorías oficiales, presuntos sobreprecios, pagos bajo sospecha y, desde este lunes, un pedido concreto para que Diego Spagnuolo sea detenido.