“No voy a acompañar ese proyecto de ley como está redactado”, afirmó. Y fue todavía más categórico: “Si depende de mí un aumento de impuestos, eso no va a suceder”.

Von der Thusen sostuvo que su voto fue una decisión “técnica y política” para que el proyecto tenga tratamiento dentro de los plazos constitucionales. Sin embargo, el mecanismo que decidió mantener abierto tiene una consecuencia concreta: si la Legislatura no rechaza expresamente el proyecto dentro del plazo establecido por el artículo 111, la iniciativa se tendrá por aprobada, aun sin una votación afirmativa final sobre todo su contenido.

Ese escenario adquiere mayor peso por el ritmo legislativo de este año. La sesión del 1° de octubre fue apenas la cuarta sesión ordinaria de 2026 y se realizó después de 132 días sin sesiones ordinarias, desde la última reunión del 22 de mayo. Durante ese período se acumularon cientos de asuntos en el Parlamento.  

Por eso, mientras Von der Thusen promete que los impuestos “no van a salir con mi voto”, el reloj constitucional continúa corriendo. La moción para retirar la urgencia perdió 8 a 7 y su voto integró justamente la mayoría que permitió que ese plazo siguiera vigente. 

El legislador también rechazó hablar de un “impuestazo” directo sobre automotores o inmuebles, aunque reconoció el riesgo de que las cargas previstas sobre el BTF y el gas terminen trasladándose indirectamente a comerciantes, clientes bancarios y usuarios del servicio.

“Que quede grabado y charlamos dentro de unos días cuando eso suceda”, desafió Von der Thusen, convencido de que terminará votando contra esos puntos.

La incógnita ahora no pasa solamente por lo que promete hacer, sino por si la Legislatura llegará efectivamente a tratar y definir el 519/26 antes de que venza el plazo constitucional. Después de haber pasado 132 días sin una sesión ordinaria, el funcionamiento del cuerpo queda nuevamente bajo observación frente a un proyecto que puede quedar aprobado si no existe un rechazo expreso dentro del término previsto.