¿Qué había detrás de los cinco pedidos de informes que Federico Sciurano presentó sobre la Fundación Centro Cultural Nueva Argentina, vinculada públicamente al legislador Juan Carlos Pino y a la senadora nacional Cristina López?

La pregunta adquirió mayor relevancia después de la última sesión de la Legislatura. Sciurano había promovido los asuntos 545/26, 548/26, 549/26, 550/26 y 551/26, cada uno destinado a un organismo diferente y con preguntas concretas sobre patrimonio, balances, trabajadores, impuestos y eventuales relaciones económicas con el Estado. 

Pero ninguno prosperó.

El Orden del Día de la sesión del 1° de octubre consignó los cinco proyectos directamente con destino a “ARCHIVO”. Así, el mecanismo legislativo que pretendía obligar a diferentes organismos provinciales a responder en diez días hábiles quedó sin efecto. 

La pregunta que queda abierta es evidente: si la información podía despejar cualquier sospecha y establecer con documentación cómo funciona y se financia la Fundación, ¿por qué la Legislatura decidió no avanzar con su requerimiento?

Qué quería saber Sciurano

Los planteos no eran genéricos.

El primero buscaba que el Registro de la Propiedad Inmueble informara quién figura como titular del edificio ubicado en San Martín 1052 de Ushuaia, sede del Centro Cultural Nueva Argentina, cuáles son sus datos catastrales y si existen hipotecas, usufructos, comodatos, restricciones u otros derechos sobre la propiedad. 

Otro pedido apuntaba directamente a la Inspección General de Justicia. Sciurano reclamaba los balances y estados contables correspondientes a los últimos diez ejercicios, junto con el detalle de ingresos, egresos y documentación relacionada con la administración de la institución. 

Un tercer expediente iba hacia el Ministerio de Trabajo y Empleo y pretendía conocer quiénes trabajan en la Fundación, bajo qué modalidad, desde cuándo, qué funciones cumplen, cuánto perciben y, particularmente, si existen programas de empleo, subsidios o aportes estatales utilizados para financiar ese personal. 

La cuarta iniciativa interrogaba directamente al Poder Ejecutivo provincial sobre una cuestión todavía más sensible: la posible existencia de convenios, subsidios, aportes económicos, cesiones de uso, comodatos o cualquier otra relación jurídica entre el Estado fueguino y Nueva Argentina. 

Finalmente, Sciurano pidió a AREF información sobre la situación fiscal de la entidad, además de los contratos de locación correspondientes a la última década y las constancias de pago de los tributos asociados. 

No eran, por lo tanto, cinco pedidos idénticos. Juntos pretendían reconstruir quién posee el patrimonio, de dónde provienen los recursos, cómo se administran, quiénes trabajan allí y qué relación económica puede existir con organismos del Estado.

“No estoy poniendo en tela de duda ninguna cosa rara”

Sciurano había intentado despegar sus presentaciones de una denuncia concreta.

En declaraciones realizadas antes de la sesión reconoció que los pedidos surgieron luego de recibir comentarios que consideró necesario verificar, pero aclaró que no estaba anticipando ninguna acusación.

“No estoy poniendo en tela de duda ni ninguna cosa rara. Solamente me interesa saber, por razones que son obvias y trascendentes, cuál es la respuesta a esos puntos específicos que estamos preguntando”.

Incluso sostuvo que obtener esas respuestas podía beneficiar al propio Pino, porque permitiría aclarar públicamente cualquier duda existente alrededor de la institución. 

Ahí estaba precisamente el sentido de los requerimientos: pedir documentos antes de sacar conclusiones.

De pedir información a mandar todo al archivo

La secuencia legislativa terminó tomando otro camino.

La página oficial de la Legislatura confirma que los cinco asuntos fueron efectivamente ingresados por el bloque FORJA. LegisTDF

Sin embargo, cuando se definió el Orden del Día de la cuarta sesión ordinaria, los asuntos 545, 548, 549, 550 y 551 aparecieron destinados al archivo. 

El dato contrasta además con lo ocurrido con otros pedidos de informes durante la misma sesión.

La propia comunicación oficial de la Legislatura destacó que fueron aprobados requerimientos sobre la intervención del Puerto de Ushuaia, la situación edilicia de establecimientos educativos y el eventual ingreso o actividad de fuerzas militares de Estados Unidos en territorio provincial. 

Los cinco pedidos relacionados con Nueva Argentina, en cambio, no aparecen entre las solicitudes de control aprobadas por el cuerpo.

¿Por qué se archivaron?

Hasta aquí aparece el límite entre lo comprobado y lo que todavía requiere una explicación.

Está documentado que Sciurano presentó los cinco proyectos y que todos fueron consignados para archivo. Lo que no surge de la información pública consultada es una fundamentación concreta de por qué se resolvió archivarlos.

Tampoco encontré publicado un detalle de votación nominal que permita establecer qué legisladores respaldaron específicamente el archivo de cada uno de esos cinco asuntos.

Por eso sería incorrecto atribuir, sin esa documentación, una intención determinada a cada integrante de la Cámara.

Pero la consecuencia institucional sí es concreta: al archivarse las iniciativas, los organismos involucrados no quedaron obligados por esas resoluciones legislativas a entregar las respuestas requeridas en el plazo de diez días que proponían los proyectos.

Y eso dejó sin respuesta institucional una serie de preguntas que habían alcanzado el debate público.

Información sobre dirigentes que ejercen cargos públicos

La cuestión adquiere especial interés porque Nueva Argentina no es una institución desconocida.

Funciona desde 2017, desarrolla actividades sociales, culturales, educativas y también políticas, y está históricamente asociada públicamente a Juan Carlos Pino y Cristina López, dos dirigentes que actualmente ocupan cargos electivos. 

Eso no implica por sí mismo ninguna irregularidad.

Precisamente por esa razón, contar con balances, información fiscal, titularidad del inmueble y eventuales convenios públicos permitiría reemplazar versiones y sospechas por documentación verificable.

Sciurano planteaba justamente ese argumento: primero obtener las respuestas y después, si correspondía, sacar conclusiones.

La pregunta que dejó la Legislatura

El episodio termina generando una paradoja.

Los pedidos podían arrojar dos resultados. Podían demostrar que existieron aportes, convenios o relaciones económicas con organismos estatales y permitir analizar bajo qué condiciones se realizaron. O podían establecer que no existieron y despejar las dudas.

En cualquiera de los dos casos, la información habría aportado transparencia.

Pero la Legislatura optó por archivar los cinco expedientes.

Por eso, el interrogante periodístico ya no es solamente qué quería saber Federico Sciurano sobre Nueva Argentina, sino también por qué una Cámara que en la misma sesión aprobó otros pedidos de informes decidió no avanzar con estos cinco requerimientos.

Mientras no exista una explicación pública sobre las razones del archivo, quedará pendiente aquello que los proyectos buscaban esclarecer: quién es propietario del inmueble, cómo se financia la Fundación, quién trabaja allí, cuál es su situación fiscal y qué vínculos económicos o jurídicos mantuvo —si los hubo— con el Estado fueguino.

Y tratándose de información relacionada con una institución impulsada por dirigentes que ejercen cargos públicos, archivar las preguntas no equivale a responderlas.