RÍO GRANDE.- Este lunes, las acciones de la petrolera británica Rockhopper Exploration registraron una caída del 19,7% en la Bolsa de Londres, en medio de la creciente incertidumbre que rodea al proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas.

La compañía, que participa del desarrollo junto con la israelí Navitas Petroleum, ya había acumulado pérdidas durante las primeras dos jornadas de octubre, cuando sus papeles retrocedieron alrededor de un 8%. Durante septiembre, en tanto, la cotización había descendido cerca de un 18%.

Rockhopper posee el 35% de participación en Sea Lion, mientras que Navitas controla el 65% restante y está a cargo de la operación.

La nueva caída se produjo mientras las empresas enfrentan distintos obstáculos para avanzar con el proyecto. En una actualización difundida este lunes a los inversores de la Bolsa de Londres, Rockhopper informó sobre la situación del desarrollo a partir de un comunicado elaborado por Navitas.

La operadora reconoció que el Gobierno argentino continúa avanzando con sanciones contra compañías vinculadas con Sea Lion y otras actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.

A esto se sumó la decisión de uno de los contratistas relacionados con el proyecto de no realizar trabajos para Sea Lion ni participar de actividades de exploración y producción de petróleo en el área.

Navitas informó que trabaja en el reemplazo de dos contratistas que incumplieron sus compromisos y que analiza las modificaciones necesarias para mantener el desarrollo del proyecto.

Pese a estos inconvenientes, las compañías señalaron que por el momento no prevén un impacto material adverso sobre Sea Lion y ratificaron que continúan trabajando con el respaldo del Gobierno británico y de las autoridades de las islas.

Sin embargo, la propia operadora reconoció distintos escenarios que podrían afectar el proyecto. Entre ellos mencionó posibles demoras o el fracaso en el reemplazo de los contratistas, dificultades para implementar las modificaciones necesarias y la eventual salida de otras empresas vinculadas con Sea Lion sin que puedan ser sustituidas.

También identificó como riesgos una eventual profundización de las medidas adoptadas por el Gobierno argentino y posibles cambios regulatorios o geopolíticos capaces de modificar las condiciones jurídicas y comerciales del desarrollo.

Pese a este escenario, Rockhopper y Navitas mantienen por ahora el cronograma previsto. El proyecto contempla iniciar las perforaciones a comienzos de 2027 y desarrollar una primera etapa de 11 pozos, con el objetivo de comenzar la producción durante el primer trimestre de 2028 y alcanzar un volumen de hasta 55.000 barriles diarios.

La disputa con Argentina

Rockhopper había ratificado la semana pasada su decisión de continuar con el proyecto pese a las medidas argentinas. En su informe semestral presentado ante la Bolsa de Londres, la empresa sostuvo que el Reino Unido y las autoridades de las Islas Malvinas consideran ilegítimas las sanciones impuestas por la Argentina.

La compañía también reconoció que las declaraciones y posteriores medidas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei contra empresas y personas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en las islas incrementaron la exposición política y mediática del proyecto.

La Argentina cuestiona el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas por considerar que se realizan en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa y sin autorización del Estado argentino.

En el plano judicial, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar que ordenó a Rockhopper y Navitas suspender las actividades relacionadas con Sea Lion. La resolución surgió a partir de una presentación en la que participaron excombatientes de Malvinas y también estableció que las empresas deben aportar información vinculada con las operaciones previstas.

A la disputa judicial se suma la estrategia internacional impulsada por el Gobierno argentino, que prepara un arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y busca obtener medidas provisionales para frenar el avance del proyecto mientras se resuelve la controversia de fondo.

El planteo contempla recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá analizar la controversia entre la Argentina y el Reino Unido.

En paralelo, el Gobierno británico confirmó que las futuras licencias de exploración y explotación de petróleo y gas en las Islas Malvinas deberán contar con autorización de Londres, una decisión que fue comunicada al Parlamento británico.

Con este escenario, Sea Lion mantiene formalmente sus plazos de desarrollo, pero enfrenta un contexto cada vez más complejo por las medidas argentinas, las dificultades con contratistas y los riesgos jurídicos y regulatorios que las propias compañías reconocieron ante sus inversores.