El Gobierno de Tierra del Fuego oficializó una nueva escala salarial para el personal de la Policía Provincial y del Servicio Penitenciario, pero el incremento dispuesto vuelve a poner en discusión la delicada situación económica que atraviesan numerosos integrantes de las fuerzas de seguridad.
La actualización implica una suba del 3% sobre la escala salarial vigente y alcanza también al personal civil de la Policía. La medida quedó establecida mediante el Decreto Provincial N° 1690/2026 y tiene vigencia a partir de septiembre.
El decreto establece además una actualización del denominado “Ítem Transitorio”, un componente salarial creado en 2024, dentro del esquema utilizado por el Ejecutivo para recomponer los haberes del sector.
El porcentaje adquiere especial relevancia frente a los reclamos que durante todo el año expusieron integrantes y familiares de efectivos policiales por la pérdida del poder adquisitivo.
En febrero, sectores vinculados a la fuerza ya habían cuestionado otro incremento reducido y reclamaban una recomposición mucho más importante para los escalones inferiores. En aquel momento se llegó a reclamar un salario inicial de $2,2 millones y se advirtió sobre la necesidad de que numerosos efectivos realizaran actividades adicionales para complementar sus ingresos.
La discusión tampoco es nueva. En distintas oportunidades se ha planteado públicamente que existen integrantes de las fuerzas cuyos ingresos familiares no alcanzan a acompañar el costo de vida fueguino, una situación especialmente sensible en una provincia donde vivienda, alimentos y servicios representan una carga considerable sobre los presupuestos familiares.
El propio Gobierno había reconocido años atrás la existencia de policías con remuneraciones ubicadas por debajo de la línea de pobreza. En 2022, la vicegobernadora Mónica Urquiza sostuvo públicamente que al inicio de la gestión había efectivos en esa situación y aseguró entonces que la intención oficial era recuperar progresivamente su poder adquisitivo.
Cuatro años después, la discusión salarial continúa ocupando un lugar central dentro de la fuerza.
La nueva actualización vuelve así a enfrentar dos realidades difíciles de separar: por un lado, la enorme responsabilidad que recae diariamente sobre policías y penitenciarios; por otro, el deterioro que sus propios integrantes vienen denunciando en materia salarial y de condiciones laborales.
El trabajo policial supone jornadas extensas, exposición permanente a situaciones de riesgo y una disponibilidad que muchas veces excede el horario formal de servicio. A eso se suma que los ingresos más bajos de la estructura son precisamente los que enfrentan con mayor dificultad el incremento del costo de vida.
Por eso, una recomposición de apenas el 3% difícilmente cierre la discusión salarial dentro de las fuerzas de seguridad fueguinas.
La publicación de la nueva escala representa una actualización formal de los haberes, pero no elimina el problema de fondo que viene siendo señalado desde hace meses: garantizar que quienes tienen diariamente la responsabilidad de cuidar a la población puedan sostener a sus propias familias con un salario acorde al costo de vida de Tierra del Fuego.