La violencia volvió a golpear las puertas de la Unidad de Detención N°1 de Río Grande y reabre serios interrogantes sobre el funcionamiento de los controles dentro del establecimiento penitenciario.

David Álvarez sufrió una grave agresión mientras permanecía alojado en el pabellón B del penal. Según la información conocida hasta el momento, el ataque habría ocurrido durante la noche del jueves 8 de octubre, aunque recién en la mañana siguiente el interno fue asistido luego de manifestar fuertes dolores.

La gravedad de las lesiones obligó a su urgente traslado al Hospital Regional Río Grande, donde debió ser sometido a una intervención quirúrgica en la que los profesionales le extirparon el bazo.

Álvarez permanecía internado en terapia intensiva, intubado, conectado a asistencia respiratoria mecánica y con pronóstico reservado.

La jueza María Rosa Santana intervino en el caso y solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del pabellón para determinar qué ocurrió, quiénes participaron de la agresión y si existieron responsabilidades adicionales.

Pero el episodio difícilmente pueda ser analizado como un hecho aislado.

Otra vez el pabellón B

El dato más preocupante es que el ataque ocurrió en el mismo pabellón que hace apenas cinco meses fue escenario de uno de los episodios más graves registrados dentro de la cárcel de Río Grande.

El 9 de mayo, tres internos resultaron severamente golpeados poco después de ser alojados en ese sector.

La investigación posterior terminó ampliándose mucho más allá de una simple pelea entre detenidos: la Justicia comenzó a analizar si existieron fallas deliberadas en los controles, eventuales zonas sin vigilancia y algún grado de colaboración o consentimiento de agentes penitenciarios.

La causa derivó en allanamientos dentro del penal y en domicilios particulares, secuestro de teléfonos celulares, documentación y registros de cámaras. También fueron apartados preventivamente el entonces director de la Unidad y otros siete integrantes del Servicio Penitenciario.

Incluso la Legislatura provincial pidió explicaciones al Ejecutivo y calificó como “muy graves” las denuncias conocidas alrededor de lo sucedido dentro de la Unidad de Detención.

Una investigación que todavía buscaba respuestas meses después

La dimensión del problema quedó nuevamente expuesta en agosto.

Tres meses después de aquella agresión, la Justicia volvió a allanar la Unidad de Detención ante sospechas de un posible ocultamiento de pruebas.

La investigación intentaba determinar qué había ocurrido con elementos presuntamente secuestrados después del ataque que nunca habrían llegado al expediente judicial y analizar inconsistencias detectadas entre comunicaciones internas del Servicio Penitenciario y la documentación incorporada a la causa.

Además, las víctimas del episodio de mayo se habían negado a declarar formalmente por temor a posibles represalias, una situación que complicó el avance de una investigación que seguía intentando establecer responsabilidades tanto entre los internos como dentro de la estructura penitenciaria.

Cinco meses después, una persona vuelve a terminar gravemente herida dentro del mismo pabellón.

El problema ya no puede reducirse a una pelea entre presos

La nueva investigación deberá determinar las responsabilidades concretas en este último episodio.

Pero existe una pregunta institucional inevitable: ¿qué medidas se implementaron después de los graves acontecimientos de mayo para impedir que una situación semejante volviera a producirse?

Un establecimiento penitenciario tiene entre sus responsabilidades garantizar la custodia y preservar la integridad física de las personas que se encuentran bajo control del Estado.

Cuando episodios de extrema violencia se repiten en un mismo sector, con internos que terminan hospitalizados y causas judiciales que se prolongan durante meses, la discusión deja de pasar exclusivamente por quién inició una agresión.

También debe analizarse la eficacia de los controles, el monitoreo de cámaras, la clasificación y distribución de los detenidos, la intervención del personal ante situaciones de riesgo y las decisiones tomadas después de los antecedentes ya conocidos.

En mayo fueron tres internos gravemente lesionados.

Hubo allanamientos, investigaciones, funcionarios apartados, pedidos de informes y sospechas que incluso alcanzaron el manejo de pruebas dentro de la institución.

Ahora, en octubre, otra persona terminó en terapia intensiva y perdió el bazo después de una agresión ocurrida nuevamente detrás de los muros de la Unidad de Detención N°1.

La Justicia deberá establecer quiénes fueron los responsables del ataque.

Pero el Servicio Penitenciario también deberá explicar cómo pudo volver a ocurrir.