El legislador provincial Matías Lapadula, del bloque Provincia Grande, rechazó que el financiamiento educativo se sostenga con aumentos impositivos que afecten a los habitantes de Tierra del Fuego. Por FM del Pueblo, advirtió que la propuesta vinculada con la distribución de gas terminaría impactando en los usuarios y planteó que la discusión debe incluir una revisión de la administración de los recursos provinciales.

“Como está propuesto, la verdad que es un mazazo a todos los fueguinos”, expresó. En ese sentido, rechazó que se presente la iniciativa como una carga que absorbería exclusivamente la empresa distribuidora: “No es un impuesto a Camuzzi, es un impuesto que va a ir directamente a la factura de gas que paga cada uno de los vecinos”.

Lapadula participó de la reunión de la Comisión de Economía y Presupuesto N.º 2, donde funcionarios de Economía y Educación respondieron consultas de los bloques legislativos sobre el proyecto. Valoró que se haya trabajado con preguntas remitidas previamente y que los representantes del Ejecutivo entregaran documentación digital y en papel.

“Los funcionarios se limitaron a contestar casi todas las preguntas que habían hecho desde todos los bloques, que eran muchísimas”, explicó. Consideró que la metodología permitió despejar dudas, aunque remarcó que todavía quedan aspectos por estudiar antes de avanzar con un texto definitivo.

El legislador ratificó su “desacuerdo absoluto” con el trámite de urgencia dispuesto para el proyecto. Sostuvo que trabajar con rapidez no debe impedir un análisis responsable de las consecuencias de las medidas.

“Es un proyecto de ley que requiere mucho tiempo de trabajo y análisis”, manifestó. Además, adelantó que la próxima reunión podría realizarse de manera conjunta entre las comisiones de Educación y de Economía y Presupuesto, con el objetivo de comenzar a construir una propuesta que reúna los consensos necesarios.

El impacto en las facturas de gas

Uno de los principales cuestionamientos de Lapadula estuvo dirigido al mecanismo previsto para obtener recursos de la distribución de gas. Según explicó, las condiciones establecidas para las empresas concesionarias de servicios públicos permiten trasladar determinadas cargas tributarias a los usuarios.

Como ejemplo, mencionó conceptos impositivos que ya aparecen discriminados en las facturas. Su planteo fue que crear una obligación tributaria para la distribuidora no garantiza que el costo sea absorbido por la empresa.

“Si alguien cree que Camuzzi no lo va a hacer porque son buenos, me parece que es demasiado ingenuo”, expresó.

También cuestionó la relación entre el impacto que tendría la medida sobre los hogares y los recursos que aportaría al sistema educativo. A su entender, la recaudación prevista no resolvería las necesidades de financiamiento y, en cambio, sumaría presión sobre las familias.

“¿Qué sentido tiene meterle la mano en el bolsillo a la gente si no soluciona nada?”, preguntó.

Lapadula aclaró que reconoce la necesidad de fortalecer la educación pública y mejorar las condiciones salariales de quienes trabajan en ella. “Ojalá tuviéramos la educación que merecen todos los chicos y ojalá tuvieran los salarios que merecen los docentes”, sostuvo. Sin embargo, insistió en que las herramientas deben evaluarse por su capacidad real de dar respuesta al problema.

Rechazo a la suba de impuestos del presupuesto

El integrante de Provincia Grande vinculó la discusión del fondo educativo con las modificaciones tributarias incluidas en el proyecto de presupuesto. Según interpretó a partir de las explicaciones brindadas en comisión, parte del esquema de financiamiento contempla nutrirse de futuros incrementos impositivos.

Para Lapadula, ese punto obliga a analizar ambas iniciativas en conjunto. Calificó la modificación de la tarifaria como “un impuestazo tremendo” y anticipó que no acompañará ese camino.

“Castiga no solo a todos los vecinos, castiga al comercio, castiga a la economía en general de Tierra del Fuego”, afirmó. También puso en duda que el Ejecutivo reúna el respaldo legislativo necesario: “No creo que consigan los votos de ninguna manera”.

El legislador sostuvo que aumentar la presión tributaria va a contramano de la situación económica provincial, especialmente por las dificultades del comercio y el desempleo. En ese marco, se comprometió a no respaldar el cambio de impuestos propuesto en el presupuesto.

Los cuestionamientos al impuesto sobre el BTF

Lapadula también expresó reparos sobre la propuesta de gravar con Ingresos Brutos al Banco Tierra del Fuego. Recordó que se trata de una entidad provincial y señaló que el proyecto ya contempla aportes provenientes de las utilidades de empresas del Estado.

En el caso del banco, aclaró que cualquier transferencia de utilidades debe ajustarse a su carta orgánica y a las disposiciones del Banco Central. Por eso, cuestionó que, además de prever ese aporte, se pretenda imponer una nueva carga tributaria.

“Por otro lado le cobro otro impuesto. Entonces, para mí no tiene sentido”, expresó.

También planteó que debe considerarse el papel de la entidad en la asistencia a las familias fueguinas, especialmente cuando se anuncian herramientas para atender el endeudamiento.

El pedido de ajustar la planta política

Consultado sobre el gasto provincial, Lapadula afirmó que “hay que eficientizar el gasto” y reclamó que el Ejecutivo dé una señal concreta mediante una reducción de la estructura política.

“Yo vengo reclamando hace muchísimo que se haga un ajuste en lo que es la planta política”, sostuvo. La describió como “enorme” y remarcó que allí “los sueldos no son los que cobra un docente”.

Si bien señaló que la responsabilidad de revisar los gastos alcanza a todos los sectores, consideró que el Gobierno provincial debe mostrar primero su voluntad de avanzar en esa dirección, por el volumen de recursos que administra.

Además, aseguró que, de acuerdo con los datos que está analizando, la planta docente aumentó algo más del 30% desde el inicio de la gestión de Gustavo Melella, en un contexto de descenso de la matrícula. Aclaró que la caída de la natalidad es un fenómeno más amplio, pero sostuvo que la relación entre ambos indicadores exige explicaciones.

“Muchas cosas para explicar”, expresó, sin plantear en ese tramo un recorte de cargos docentes. Su reclamo de ajuste estuvo dirigido específicamente a la estructura política.

Críticas a la gestión provincial y al recorte nacional

Lapadula señaló responsabilidades de la administración provincial en la situación actual. “Es lamentable cómo se están administrando y cómo se invierten los fondos provinciales”, afirmó.

No obstante, sostuvo que los problemas preexistentes se agravaron por la eliminación de programas nacionales destinados a sostener la educación pública. Mencionó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, la infraestructura escolar y otras herramientas de acompañamiento al sistema.

Según explicó, el retiro de esos recursos obligó a provincias y municipios a asumir gastos que antes contaban con respaldo nacional. También destacó el esfuerzo municipal para sostener el boleto estudiantil en Río Grande.

“Ese problema se agravó por las políticas del Gobierno nacional, pero ya lo teníamos y evidentemente veníamos haciendo las cosas muy mal”, manifestó. De ese modo, planteó que el ajuste nacional no exime al Ejecutivo fueguino de revisar sus propias decisiones.

Una propuesta que también incluya a la salud

Como orientación para continuar el debate, Lapadula propuso avanzar en herramientas que permitan sostener tanto la educación como la salud. Recordó que existen iniciativas que contemplan ambos servicios y consideró necesario recuperar ese enfoque.

“¿Por qué solamente la educación? Si son dos servicios esenciales y que están muy resentidos”, planteó.

Su posición es buscar un acuerdo legislativo que fortalezca ambos sistemas, revise la utilización de los recursos disponibles y evite sumar cargas sobre los hogares. “Herramientas de financiamiento que no afecten el bolsillo de los vecinos y vecinas de Tierra del Fuego”, definió.