Gastón Díaz elevó el tono del reclamo del Municipio de Río Grande contra el Gobierno provincial y dejó una serie de fuertes definiciones sobre la administración de los recursos públicos, la situación financiera fueguina y la relación política que Gustavo Melella viene profundizando con el Gobierno nacional.

En una extensa entrevista con FM Fuego, el secretario de Gobierno municipal afirmó que la Provincia mantiene actualmente una deuda de $17.000 millones con Río Grande por recursos que, según explicó, ya fueron recibidos por el Ejecutivo fueguino pero todavía no fueron transferidos al Municipio.

“Estamos diciendo que de lo que ya recibió nos adeuda 17.000 millones”, remarcó Díaz, quien aseguró que el cálculo puede realizarse siguiendo diariamente las transferencias nacionales que recibe Tierra del Fuego. 

La cifra adquiere otra dimensión cuando se la compara con el presupuesto municipal.

Según explicó el funcionario, el presupuesto previsto para todo el sistema municipal de salud durante 2027 asciende a $18.682 millones.

“Hoy la Provincia nos debe 17.000 millones de pesos. Es prácticamente el presupuesto de salud completo del próximo año”, graficó.

“Hay una decisión política que está perjudicando a los vecinos”

Díaz dejó pocas dudas sobre cuál es la interpretación política que hace el Municipio.

“Entendemos que hay una decisión política de parte del Gobierno que está perjudicando a los vecinos de Río Grande”, afirmó.

De acuerdo con sus números, el atraso continúa creciendo a razón de aproximadamente $400 millones semanales, lo que representa cerca de $1.600 millones por mes si se mantiene el ritmo actual. 

La deuda, además, viene acumulándose.

Díaz recordó que el Tribunal de Cuentas provincial había certificado aproximadamente $11.000 millones pendientes al 31 de diciembre de 2025. Con los $17.000 millones actuales, el pasivo habría aumentado más de 50% durante este año. 

También cuestionó los plazos.

Según recordó, un antecedente del Superior Tribunal de Justicia había considerado razonable una demora administrativa de entre 21 y 25 días para transferir recursos. Hoy, aseguró, existen partidas con casi 40 días de atraso.

“Si hoy estamos en 40 días de atraso, ya no es razonable ese plazo y por ende es una deuda”, sostuvo, dejando abierta nuevamente la posibilidad de avanzar por la vía judicial. 

“El látigo de la billetera”

Uno de los momentos políticamente más fuertes de la entrevista llegó cuando se habló de la posibilidad de utilizar los recursos como una herramienta para condicionar posiciones políticas.

Díaz acompañó la definición realizada previamente por el intendente Martín Perez y señaló:

“El disciplinamiento a través del látigo de la billetera es algo que ha existido en muchísimas ocasiones”.

Y fue más lejos al advertir que los funcionarios responsables de administrar y transferir fondos públicos pueden enfrentar responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales si retienen recursos que corresponden a los municipios.

“Esos fondos no son del Estado municipal, esos fondos son de los vecinos de Río Grande”, enfatizó. 

Menos recursos justo cuando crece la demanda social

El reclamo aparece en un momento particularmente complejo para Río Grande.

Díaz aseguró que el Municipio entrega actualmente 2.700 módulos alimentarios mensuales y señaló que esa asistencia aumentó un 36%, mientras el acompañamiento en materia de salud creció alrededor de un 29%.

“Son más personas las que necesitan el acompañamiento del Estado”, resumió. 

Según explicó, la falta de transferencias no queda encerrada en una discusión entre gobiernos: termina afectando directamente programas de ayuda alimentaria, merenderos, asistencia ante incendios, acompañamiento a adultos mayores, entrega de leña, subsidios, deporte y cultura.

“Cuando viene un vecino a solicitar acompañamiento y nosotros no tenemos el recurso, por más que esté presupuestado, no podemos acompañarlo”, señaló. 

Para Díaz, existe una relación directa entre ese aumento de la demanda municipal y la pérdida de puestos de trabajo que atraviesa la ciudad.

“Son menos recursos y es menos posibilidad de acompañamiento a las familias de Río Grande”, explicó durante otro tramo de la entrevista. 

La “sábana corta” y una fuerte crítica a la estructura provincial

Díaz también respondió al argumento utilizado por Melella sobre la falta de recursos y la necesidad de administrar una “sábana corta”.

“Yo no me refiero a la sábana de la Provincia, que será corta por decisiones de la Provincia. Yo me refiero a la otra sábana, que es la de los municipios. Lo que corresponde a los municipios, que lo depositen”, sostuvo.

Después puso sobre la mesa uno de los números más fuertes de toda la entrevista.

Díaz afirmó que la Provincia tendría alrededor de 2.500 cargos políticos y estimó que, con una remuneración promedio de $2,5 millones, esa estructura significaría unos $6.250 millones mensuales.

“Si querés que la sábana no te quede tan corta, habrá que ver qué es lo que se hace con esa planta política”, cuestionó. La cifra corresponde a la estimación formulada por el propio funcionario durante la entrevista. 

El acercamiento de Melella con Nación: “¿Qué beneficios le trajo a Tierra del Fuego?”

Otro de los tramos de mayor contenido político estuvo relacionado con la relación entre el Gobierno provincial y la administración de Javier Milei.

Díaz dejó claro que no cuestiona que Melella mantenga diálogo con Nación.

Lo que cuestionó fueron sus resultados.

“Nosotros entendemos que la Provincia tenga que tener un vínculo con el Gobierno nacional, por supuesto que sí. Ahora bien, ese vínculo que tiene hoy el Gobierno de la Provincia con el Gobierno nacional, ¿qué beneficios le ha traído a Tierra del Fuego?”, preguntó.

Y agregó una frase todavía más contundente:

“Porque si el beneficio es solamente recursos de adelanto para poder pagar salarios, tenemos un problema”. 

Díaz planteó que, además de conseguir asistencia financiera, deberían estar sobre la mesa temas como la situación del puerto de Ushuaia, la reducción de aranceles a las importaciones y el impacto sobre la industria fueguina.

“No creo que haya que preocuparse porque el gobernador se siente con el Presidente o con funcionarios nacionales. Lo que hay que preguntarse es de qué se habla”, remarcó. 

El Congreso y una señal que Díaz cuestionó

En otro tramo de la entrevista, Díaz se refirió a lo ocurrido en la Cámara de Diputados, donde la oposición no logró reunir el quórum necesario para avanzar con el tratamiento del DNU 70/2023.

El funcionario puso el foco en quienes decidieron no participar de esa sesión y remarcó la importancia que, a su entender, tiene ese decreto para Tierra del Fuego por su impacto sobre la industria y el empleo.

“No es un decreto menor, no es un decreto cualquiera”, sostuvo, al señalar que varias de las medidas adoptadas a partir de esa norma incidieron directamente sobre la estructura productiva fueguina.

Díaz reconoció que la Provincia necesita mantener diálogo con el Gobierno nacional y gestionar recursos, pero advirtió que esa relación no debería implicar resignar posiciones frente a decisiones que, según planteó, perjudican a Tierra del Fuego.

“Puede haber una charla entre la Provincia y Nación para que la asistan con recursos, pero no puede ser a costa de entregar lo que la Provincia necesita para salir adelante”, afirmó.

“Hoy en Tierra del Fuego podés estar trabajando y no progresás”

Más allá de la coyuntura política, Díaz dejó una definición que sintetiza su diagnóstico social de la provincia.

Recordó que cuando llegó a Tierra del Fuego en 2002 existía una idea profundamente arraigada: quien conseguía trabajo podía progresar.

“Hoy eso se ha roto. Hoy en Tierra del Fuego podés estar trabajando y no progresás”, afirmó.

Y frente a ese escenario defendió la necesidad de un Estado activo, aunque hizo una diferenciación importante:

“Yo entiendo lo del Estado presente, pero hoy necesitamos un Estado eficiente, que intervenga donde hay que intervenir y deje que el sector privado se maneje en lo que tiene que resolver”. 

“Tierra del Fuego puede sostenerse, pero hay que administrarla correctamente”

Díaz rechazó además la idea de que Tierra del Fuego sea económicamente inviable.

Para el funcionario, la provincia dispone de recursos suficientes para construir una economía más diversificada si logra desarrollar sectores hoy subutilizados.

“Tierra del Fuego es de las pocas provincias que, aun con un Gobierno nacional como el que tenemos, puede sostenerse de pie, pero para eso hay que administrarla correctamente”, afirmó. 

Entre las áreas que mencionó aparecen la energía, hidrocarburos, pesca, madera, turba, turismo, ganadería y agricultura.

El desafío, sostuvo, pasa por agregar valor dentro de Tierra del Fuego y transformar esos recursos en empleo genuino.

Una entrevista que fue mucho más allá de los $17.000 millones

La charla de Gastón Díaz en FM Fuego comenzó alrededor de una discusión financiera entre Municipio y Provincia, pero terminó poniendo sobre la mesa un debate mucho más profundo.

Cómo se administran los recursos públicos. Cuánto cuesta la estructura política. Qué obtiene Tierra del Fuego de su acercamiento con Nación. Qué consecuencias tiene la pérdida de empleo sobre la asistencia social. Y qué modelo productivo necesita la provincia para recuperar la posibilidad de que trabajar vuelva a significar progresar.

La definición que dejó Díaz resume buena parte de su planteo: “Hay que dejar de hablarle tanto a la política y hablarle más a la gente”.