El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande, Oscar Martínez, explicó que el reclamo por los delegados que permanecen sin poder ingresar a las plantas del Grupo Mirgor avanzará por la vía judicial, por decisión de los propios afectados. En una entrevista con FM Centro, sostuvo que los entendimientos alcanzados permitieron recuperar puestos de trabajo, pero no resolvieron la totalidad de las situaciones abiertas durante el conflicto.

Martínez precisó que el reclamo pendiente comprende a cinco delegados: cuatro pertenecientes a una razón social y otro a una empresa diferente del mismo grupo. Según indicó, la compañía mantiene su negativa a permitirles el ingreso y las reuniones realizadas con los representantes afectados derivaron en la decisión de recurrir a la Justicia.

“La decisión es transitar la instancia judicial”, expresó el dirigente. Sin embargo, aclaró que la conducción gremial considera que ese camino presenta dificultades.

“La instancia judicial para nosotros es una cuestión bastante compleja y adversa”, sostuvo, aunque remarcó que respetan la decisión individual y colectiva del cuerpo de delegados y estarán atentos al desarrollo del reclamo.

El titular de la seccional aseguró que el Congreso de Delegados resolvió brindar apoyo incondicional y solidaridad a los trabajadores afectados. Explicó que ese respaldo también se manifestó con una concentración frente a la planta para reclamar una solución.

“Estamos dispuestos a todo el acompañamiento y apoyo que consideren necesario”, afirmó.

Al repasar la negociación, recordó que el conflicto atravesó una conciliación obligatoria, su extensión y una instancia voluntaria. También señaló que se recurrió a suspensiones como alternativa para contener los despidos mientras continuaban las conversaciones.

De acuerdo con el balance que presentó, se logró reincorporar a 290 trabajadores, mientras que 29 quedaron desvinculados. Sobre estos últimos, indicó que se negoció la posibilidad de percibir el 100% de la indemnización, frente a una posición empresarial inicial que invocaba despidos con causa.

“Las causas no existían, era un argumento para presionar, para condicionar”, cuestionó Martínez al referirse a los motivos utilizados por la compañía para disponer las desvinculaciones.

El dirigente también insistió en una distinción sobre los entendimientos alcanzados: los acuerdos fueron suscriptos por los cuerpos de delegados de cada empresa, en ejercicio de su autonomía, y no por la comisión directiva de la UOM. Según explicó, la conducción de la seccional colaboró en la elaboración de los escritos y en la búsqueda de alternativas para resolver el conflicto.

Respecto del establecimiento donde no se concretó la firma, señaló que los trabajadores pudieron recibir un anticipo del premio que había originado el reclamo, pero no quedaron acordadas otras garantías de estabilidad o continuidad laboral.

Martínez describió, además, las dificultades que provoca la ausencia de los delegados dentro de las plantas. Indicó que el contacto con los trabajadores se sostuvo en los horarios de ingreso y salida y mediante asambleas fuera de la jornada laboral, para analizar la situación y coordinar las acciones gremiales.