La secretaria de Gobierno de Tolhuin, Ana Paula Cejas, puso en discusión los criterios con los que se autorizan las conexiones eléctricas en la ciudad. Por FM Provincia, sostuvo que vecinos reciben negativas por las limitaciones de generación, mientras se realizan conexiones en otros sectores, y reclamó que las decisiones provinciales acompañen las necesidades habitacionales y productivas de la localidad.

“¿Por qué para unos sí, para otros no? ¿Hay ciudadanos distinguidos? ¿Hay ciudadanos corrientes? ¿Cómo se toman esas decisiones?”, planteó la funcionaria al describir el malestar que genera esa situación.

La consulta de los periodistas estuvo centrada en los trabajos de la DPE en Eco Pueblo y los reclamos de barrios que llevan años esperando electricidad. Cejas señaló que el Municipio también encuentra ese límite en urbanizaciones donde ya invirtió en otros servicios.

“Hemos invertido para llevar adelante los servicios de gas, de agua y cloaca. Después hemos transferido a los entes correspondientes, pero llegamos al límite cuando necesitamos avanzar con la llegada de la luz a los barrios”, explicó.

Según sostuvo, existe una contradicción entre la respuesta que reciben las familias y las conexiones que luego se concretan en distintos puntos de Tolhuin. Aclaró que esa situación genera una percepción de trato desigual: “Pareciera ser que si determinado ciudadano distinguido para equis funcionario solicita la bajada, hay luz, y si un vecino corriente que vive en un barrio común de Tolhuin lo solicita, no hay luz”.

Cejas remarcó que el Municipio presenta planos, tramita mensuras y planifica las urbanizaciones en sectores habilitados, pero consideró que ese trabajo no encuentra el mismo acompañamiento cuando llega el momento de invertir en electricidad. “Hay una mirada desconectada de algunos funcionarios de la Provincia”, expresó.

La falta del servicio tiene consecuencias directas sobre las familias. La secretaria contó que, en uno de los barrios adjudicados hace aproximadamente dos años, algunos vecinos utilizan paneles solares y otros extienden cables desde un barrio cercano para abastecer sus viviendas. También señaló que son pocos los que pudieron instalarse.

“No es la solución, no es la respuesta que tiene que dar el Estado”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el reclamo apunta a que haya criterios claros para garantizar el acceso a servicios esenciales.

El problema energético también atraviesa la actividad productiva. Consultada por las dificultades del aserradero de Rivero, Cejas señaló que hubo inversiones en equipamiento para aprovechar residuos forestales, agregar valor y generar empleo, pero que la falta de capacidad eléctrica limita esas posibilidades.

“Nosotros necesitamos que el parque industrial pueda crecer, que los aserraderos puedan funcionar”, manifestó. Agregó que los cortes dificultan sostener la producción y reclamó acompañamiento para quienes deciden invertir en la ciudad.

La funcionaria diferenció esos cuestionamientos del trabajo cotidiano del personal de la DPE. Reconoció la predisposición de los trabajadores y su esfuerzo durante las emergencias, aunque advirtió que algunas decisiones se toman en otros niveles y no responden a las prioridades de la planificación local.

Sobre el parque industrial, informó que las obras de infraestructura financiadas mediante el FAMP quedaron frenadas con el cambio de autoridades nacionales. Estimó que la ejecución alcanzó alrededor del 30 % y aseguró que se presentaron las rendiciones correspondientes, mientras continúan esperando nuevos desembolsos.

Cejas indicó que el intendente Daniel Harrington mantuvo reuniones para insistir con esos recursos y pidió que la Provincia acompañe el reclamo. “Un parque industrial consolidado sin energía es también como imposible”, resumió al vincular las dos dificultades que condicionan el desarrollo del sector.

En materia económica, reconoció que Tolhuin también registra atrasos en el envío de coparticipación, aunque no precisó el monto adeudado. Explicó que las gestiones se realizan ante el Ministerio de Economía y que, cuando es necesario, Harrington se comunica directamente con el gobernador.

También mencionó una caída superior al 30 % de la coparticipación federal, sin detallar el período de comparación, y una disminución de la recaudación propia por las dificultades de los vecinos para cumplir con sus obligaciones.

A ese escenario sumó el aumento de la demanda social. Según describió, el Municipio debe asistir a familias con el pago de servicios, alquileres y alimentos, mientras el encarecimiento del costo de vida también presiona sobre las cuentas municipales.

Otro de los puntos fuertes de la entrevista fue la relación con el Concejo Deliberante. Cejas rechazó los señalamientos sobre falta de diálogo y transparencia, y aseguró que funcionarios, equipos económicos y el propio intendente concurren cuando son convocados y ponen a disposición la documentación solicitada.

Cuestionó al presidente del cuerpo por sostener públicamente que no existe apertura del Ejecutivo y afirmó que no se presentaron propuestas alternativas para afrontar de manera conjunta las dificultades económicas.

“No hay nada presentado así como alternativa para que podamos discutir en conjunto seriamente para poder buscar soluciones”, sostuvo.

Además, aclaró que todavía no está resuelto el convenio para cancelar la deuda con la obra social. Explicó que el Municipio propuso entregar un terreno y ejecutar una obra como forma de pago, con el objetivo adicional de contar con una sede propia de atención en Tolhuin.

Reconoció la disposición de las autoridades de la obra social para reunir a las partes, pero señaló que el Concejo pidió incorporarse posteriormente al acuerdo y atribuyó a ese proceso parte de las demoras. “Me encantaría dar esa noticia, pero no”, respondió cuando le preguntaron si la situación ya había quedado regularizada.

Respecto de futuras inversiones, Cejas aseguró que Tolhuin tiene tierras disponibles y defendió el ordenamiento territorial y la regularización de la tenencia impulsados por la gestión. Consideró que las escrituras, la seguridad jurídica y las obras de infraestructura son condiciones necesarias para atraer proyectos que generen trabajo.

También informó que la mensura de las termas continúa en trámite ante Recursos Hídricos, luego de que el Municipio respondiera observaciones y volviera a presentar el proyecto. Indicó que solicitaron la intervención del ministro Francisco de Vita para agilizar el visado, aunque no anunció una fecha de aprobación.