El Municipio de Río Grande puso sobre la mesa una modificación importante en la política de tenencia responsable de animales y abrió un debate que llegará ahora al Concejo Deliberante.

La propuesta presentada por el Ejecutivo busca avanzar sobre uno de los problemas que se repiten en distintos sectores de la ciudad: la reproducción sin control, los perros sueltos, el abandono y las consecuencias que genera la falta de responsabilidad de algunos propietarios.

El punto de mayor impacto es claro: si el proyecto resulta aprobado, la castración de perros y gatos pasará a ser obligatoria, salvo que exista una contraindicación veterinaria debidamente acreditada. La iniciativa también propone elevar considerablemente las multas y sumar restricciones para quienes acumulen infracciones. 

Castrar dejaría de ser una opción

Hasta ahora, buena parte de la política municipal estuvo concentrada en facilitar el acceso a castraciones gratuitas, identificación, vacunación y campañas de concientización.

El proyecto pretende avanzar un paso más.

La castración sería una obligación para los responsables de perros y gatos, con excepción de aquellos animales para los que un profesional veterinario determine que la intervención no resulta aconsejable por razones médicas.

Quienes decidan realizar el procedimiento en una veterinaria privada deberán contar con una certificación profesional y acreditar posteriormente la castración ante el Municipio.

El objetivo planteado es disminuir progresivamente los nacimientos no planificados y atacar una de las causas que alimentan posteriormente el abandono y la presencia de animales sin supervisión en las calles. 

Multas mucho más altas

El segundo cambio fuerte está en el bolsillo.

El Ejecutivo propone elevar el piso de determinadas sanciones de 300 a 1.000 unidades punitorias, mientras que, dependiendo de la infracción y su gravedad, las multas podrían alcanzar las 3.000 UP. 

Entre las conductas alcanzadas aparecen situaciones como perros sueltos, animales mordedores, incumplimiento de la obligación de castrar y maltrato animal.

No se trata de un cambio menor. El actual régimen municipal ya contempla sanciones diferenciadas y aumentos ante la reincidencia para diversas infracciones vinculadas con animales, por lo que el proyecto busca endurecer y actualizar buena parte de ese esquema. 

Los reincidentes también tendrían restricciones

La iniciativa introduce además una medida novedosa.

Quien acumule tres o más multas por tenencia irresponsable durante los dos años anteriores no podrá adoptar animales de compañía.

El criterio apunta a evitar que una persona que ya demostró reiteradamente incumplimientos pueda volver a recibir un animal mediante mecanismos formales de adopción.

Es uno de los puntos que seguramente formará parte de la discusión legislativa, porque implica pasar de una sanción exclusivamente económica a una restricción vinculada directamente con la posibilidad futura de tener animales bajo responsabilidad.

¿Qué pasará con los animales capturados en la calle?

El proyecto también pretende establecer reglas más exigentes para recuperar perros o gatos que hayan sido retirados de la vía pública.

Los animales capturados serían alojados en dependencias municipales durante 72 horas. Para retirarlos, sus responsables deberán cumplir las condiciones de identificación, registro y castración, además de hacerse cargo de los gastos ocasionados por la estadía y el mantenimiento.

El mensaje que busca instalar el proyecto es sencillo: recuperar un animal no debería significar simplemente retirarlo para que días después vuelva a encontrarse en la misma situación.

Una posibilidad para corregir antes de pagar

El endurecimiento de las multas viene acompañado, sin embargo, por un mecanismo que busca favorecer el cumplimiento antes que la sanción económica.

La propuesta faculta al Juzgado Municipal de Faltas a dejar sin efecto determinadas multas cuando el infractor corrija rápidamente la conducta que dio origen a la sanción.

Por ejemplo, si una persona es infraccionada porque su mascota no está castrada y acredita que realizó el procedimiento dentro del plazo establecido, podría quedar eximida del pago.

De esta manera, la herramienta busca diferenciar entre quien regulariza su situación y quien mantiene reiteradamente una conducta irresponsable.

El debate que ahora deberá dar el Concejo

El proyecto aún no es una ordenanza vigente. Su presentación abre ahora la instancia legislativa, donde los concejales podrán analizarlo, discutirlo, introducir modificaciones y finalmente aprobarlo o rechazarlo.

Entre los temas centrales que deberán analizarse aparecen la implementación efectiva de la castración obligatoria, los plazos para su cumplimiento, las excepciones veterinarias, el monto de las sanciones, el tratamiento de los reincidentes y el procedimiento para los animales capturados.

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, sintetizó la mirada del Ejecutivo señalando que existe una responsabilidad compartida entre el Estado y los vecinos.

“Al momento de pensar en una ciudad mascotera, surge una doble responsabilidad: un Estado municipal que invierte y una ciudadanía que se compromete y cuida”, sostuvo.

La discusión se produce mientras el Municipio se prepara además para poner en funcionamiento el nuevo anexo de Servicios Veterinarios en la zona sur. En los últimos años, Río Grande sostuvo programas de castración gratuita, identificación y operativos barriales como parte de su política de control poblacional. 

La propuesta que llega al Concejo intenta ahora cambiar el eje: mantener la presencia del Estado y los servicios gratuitos, pero exigir al mismo tiempo mayores obligaciones a quienes deciden tener un animal.

Si prospera, Río Grande tendrá un régimen considerablemente más exigente: castrar ya no será solamente una recomendación, dejar un perro suelto podrá resultar mucho más costoso y la reincidencia tendrá consecuencias que irán más allá de una multa.