La legisladora provincial Natalia Gracianía cuestionó el alcance del proyecto de financiamiento educativo impulsado por el Gobierno de Tierra del Fuego y puso el foco en el acuerdo entre el gobernador Gustavo Melella y el secretario general del SUTEF, Horacio Catena. Según planteó, la iniciativa aumenta la presión impositiva y compromete recursos futuros sin garantizar una respuesta al problema salarial y presupuestario.

“Lo único que hace es que el gobernador pueda cumplir la palabra con Horacio Catena”, afirmó. Para la integrante del bloque de La Libertad Avanza, el proyecto funciona como un reaseguro del acuerdo alcanzado para destrabar el conflicto docente después de casi 50 días sin clases.

“La verdad es que es un costo demasiado alto para que se blinde a una especie de socio político que tiene el gobernador, que es Horacio Catena”, sostuvo. En ese sentido, consideró que la propuesta establece una prioridad para un sector en un contexto de dificultades para afrontar las obligaciones del Estado: “Estamos blindando a solo un sector en detrimento de los otros sectores”.

El cuestionamiento también se apoyó en los números. Gracianía señaló que, de acuerdo con las estimaciones analizadas en comisión, la recaudación total del proyecto rondaría los $10.000 millones, mientras que las necesidades de financiamiento discutidas se acercaban a los $60.000 millones.

Entre las fuentes mencionó unos $3.500 millones por el aumento impositivo previsto para el Banco Tierra del Fuego, $2.000 millones vinculados al gas y $1.300 millones por el mecanismo que afectaría recursos municipales. Con esas estimaciones, rechazó que la iniciativa pueda satisfacer las expectativas salariales planteadas durante el conflicto.

“Entonces estamos hablando de que esta ley no resuelve absolutamente nada”, expresó.

La legisladora también cuestionó que se incorporen recursos de actividades futuras, como el hidrógeno verde y la economía del conocimiento. Consideró que el Ejecutivo pretende sostener compromisos de largo plazo con ingresos que todavía no se generaron y que, además, extenderían sus efectos más allá del actual mandato.

Ratificó que La Libertad Avanza no acompañará proyectos que incrementen la presión impositiva para financiar gastos corrientes. A su criterio, antes de crear nuevas cargas debe discutirse cómo se administran los recursos que ya tiene la provincia.

Gracianía explicó que en la última reunión de comisión participaron funcionarios de Educación, el ministro de Economía y el titular de AREF. Sin embargo, sostuvo que las respuestas confirmaron datos que ya conocían, con algunas precisiones, sin modificar el diagnóstico sobre la insuficiencia de los fondos.

También cuestionó el tratamiento de urgencia. Recordó que las propuestas anteriores llevaron más de dos años de discusión sin alcanzar consenso y consideró difícil resolver ahora, en un plazo de 30 días, una iniciativa que afecta impuestos y recursos futuros. Mencionó la sesión prevista para el 28 de octubre y remarcó que deben llegar a esa instancia con una definición para evitar que el proyecto avance sin una decisión legislativa.

Otro de los puntos abordados fue el uso de las horas cátedra. Ante las versiones sobre su utilización para financiar prestaciones o salarios ajenos a educación, aclaró que los funcionarios del Ministerio negaron esa posibilidad y aseguraron que los fondos se destinan exclusivamente al sistema educativo.

La legisladora reconoció que recibe mensajes con cuestionamientos, pero precisó que no cuenta con pruebas físicas y concretas para desmentir la explicación oficial. Por eso, insistió en profundizar el análisis de la documentación sobre cargos, horas cátedra y distribución del gasto.

En ese marco, reclamó que el presupuesto educativo y la ley de financiamiento se estudien de manera conjunta. Cuestionó que durante las exposiciones oficiales no se haya planteado una reorganización del gasto dentro del Ministerio de Educación que permita mejorar el aprovechamiento de los recursos.

Respecto de la propuesta de equiparar el ingreso del cargo docente base con la canasta básica, señaló que el ministro de Economía informó que la diferencia era de aproximadamente $50.000. Para Gracianía, ese dato también debe evaluarse dentro de una discusión integral sobre las cuentas del sistema.

La crítica se extendió al manejo general de las finanzas provinciales. Afirmó que el Gobierno recurre a nuevos impuestos, endeudamiento y afectación de ingresos futuros, mientras necesita adelantos de coparticipación nacional para afrontar salarios.

Además, sostuvo que el Ejecutivo trasladó a la Legislatura la responsabilidad de resolver una negociación que le correspondía llevar adelante con el gremio. “No encuentra la solución, entonces que la encuentre la Legislatura”, resumió al cuestionar la forma en que Melella administra los conflictos.

En el tramo político, Gracianía confirmó que La Libertad Avanza se prepara para competir por los cargos ejecutivos en 2027, además de fortalecer su representación legislativa. Aseguró que trabajan en equipos técnicos y propuestas para modificar la administración provincial, aunque no anunció candidaturas.

También reconoció la preocupación por la situación económica y laboral de Río Grande y defendió la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta para atraer capitales y generar empleo. Planteó que esperan reunir apoyos para abordar esa discusión en la próxima sesión y sostuvo que Tierra del Fuego necesita recuperar condiciones que la conviertan nuevamente en un destino de oportunidades laborales.