El legislador provincial Jorge Lechman ratificó su intención de competir por la Gobernación en 2027 y trazó un diagnóstico crítico sobre la situación de Tierra del Fuego. Con cuestionamientos al manejo de las cuentas públicas, a la relación del gobernador Gustavo Melella con Nación y a la actuación provincial frente a la intervención del puerto de Ushuaia, sostuvo que la próxima gestión deberá asumir decisiones difíciles para recuperar el funcionamiento del Estado y generar desarrollo.

“El barco este tiene agujeros por todos lados, hace agua por todos lados”, expresó durante una entrevista en FM Espectáculo. Aseguró que las consecuencias de los errores de gestión recaen sobre los vecinos, los emprendedores y los empleados públicos.

Para Lechman, el problema financiero ya compromete la autonomía de la administración provincial. “La situación financiera es caótica”, afirmó, y sostuvo que el pago de salarios depende de los adelantos de coparticipación que envía el Gobierno nacional.

Según su estimación, el faltante mensual podría superar los $30.000 millones solamente para afrontar sueldos. Señaló que, sin esos anticipos, los trabajadores estatales no cobrarían en tiempo y forma, mientras que los proveedores ya arrastran atrasos.

Frente a ese escenario, propuso ordenar los gastos, revisar qué estructuras y actividades deben sostenerse y respaldar a los sectores que generan producción. “Hay que hacer crecer la actividad privada en Tierra del Fuego. No podemos seguir pensando que papá Nación siempre va a ser el salvador”, manifestó.

También diferenció el destino del endeudamiento: consideró razonable tomar deuda para construir infraestructura, pero cuestionó que se utilice para cubrir gastos corrientes. “Nos hemos acostumbrado a gastar lo que no producimos”, señaló.

El legislador responsabilizó a Melella por la estrategia que adoptó frente a la administración nacional. Sostuvo que el gobernador debió buscar un acercamiento desde el comienzo y que, en cambio, priorizó una confrontación ideológica que terminó perjudicando las posibilidades de la provincia.

Planteó que quien ocupa la Gobernación debe gestionar para todos los habitantes, independientemente de sus diferencias partidarias con el presidente. En ese sentido, destacó que Fabiana Ríos consiguió respuestas durante los gobiernos kirchneristas pese a sus diferencias políticas. Durante el intercambio también se mencionó la relación de Rosana Bertone con el gobierno de Mauricio Macri.

“No hay que pensar en el costo político. Hay que pensar en los ciudadanos”, remarcó.

Uno de los pasajes más fuertes estuvo referido a la intervención del puerto de Ushuaia. Lechman sostuvo que resulta preocupante la pérdida del control sobre un activo provincial, pero puso el foco en la responsabilidad de las autoridades locales que permitieron llegar a esa situación.

“Para mí fue una autoentrega disfrazada de intervención”, afirmó. Habló de una “pésima administración” y dirigió sus cuestionamientos a la conducción y al manejo financiero del organismo, dejando expresamente afuera de esa responsabilidad a los trabajadores portuarios.

Aseguró que la posibilidad de una intervención era conocida y sostuvo que, si hubiera ocupado la Gobernación, habría resistido la medida personalmente. “Yo me hubiese encadenado en la puerta”, expresó.

Para el legislador, la recuperación del puerto requiere una gestión política directa ante Nación. Consideró que el conflicto podría haberse destrabado antes y planteó que el gobernador debe sentarse con el presidente para reclamar la devolución de una institución provincial.

Consultado por su vínculo empresarial con la actividad, aclaró que no mantuvo contacto personal con la intervención. Explicó que está apartado de los directorios de las empresas de las que es accionista desde hace casi once años y que su hermano se ocupa de administrarlas.

En el plano electoral, Lechman volvió a despejar dudas sobre su intención de disputar la conducción provincial. “Siempre sostuve que voy a ser una opción en el 2027 y de esa línea no me bajo”, manifestó.

Recordó que ocupa una banca por Somos Fueguinos, espacio que le abrió las puertas cuando no encontró las condiciones para competir dentro del Movimiento Popular Fueguino, partido al que permanece afiliado desde 1990.

Aunque evitó anticipar con qué fuerzas o dirigentes podría presentarse, sostuvo que la próxima elección demandará una construcción amplia. A su entender, una coalición deberá comprometerse con las decisiones necesarias para ordenar Tierra del Fuego y sostenerlas aun cuando impliquen desgaste político.

En ese marco, advirtió que un acuerdo entre partidos resultaría insuficiente si no está acompañado por un pacto social. Consideró que, sin ese entendimiento, el próximo gobierno corre el riesgo de fracasar desde el inicio.

Su propuesta personal contempla un solo mandato. Dijo que pretende asumir el compromiso de ordenar la provincia entre 2027 y 2031 y entregar el poder a una siguiente gestión que encuentre mejores condiciones para gobernar.

Cuestionó las reelecciones porque, según su mirada, incentivan a postergar decisiones y a dedicar parte del mandato a la continuidad electoral. “Una de las peores cosas que le ha pasado a Tierra del Fuego son las reelecciones”, sostuvo.

Lechman vinculó el deterioro económico con las dificultades cotidianas de las familias. Se refirió tanto a quienes perdieron sus empleos como a los trabajadores que conservan un ingreso, pero no llegan a cubrir sus necesidades. Atribuyó esa situación a una dirigencia que, según afirmó, no se dedicó a generar riqueza suficiente para mejorar las condiciones de vida.

La falta de infraestructura ocupó otro tramo importante de la entrevista. Mencionó el deterioro salarial docente y de los edificios escolares, las limitaciones del sistema sanitario frente al crecimiento poblacional y las dificultades energéticas que frenan nuevas inversiones en Ushuaia.

Se preguntó qué emprendimientos pueden instalarse en una ciudad turística si no existe capacidad eléctrica para acompañarlos. También cuestionó la reiteración de promesas sobre usinas, viviendas y obras portuarias.

“Si en Tierra del Fuego juntásemos la cantidad de carteles de anuncios que han hecho los diferentes gobiernos, podríamos techar la isla completa”, ironizó. Aclaró que ese señalamiento alcanza a distintas administraciones.

Al mismo tiempo, reclamó una “reparación histórica” de Nación. Sostuvo que la provincia recibió población de todo el país y cumplió un papel estratégico en la ocupación y defensa del territorio, sin contar con un acompañamiento equivalente en infraestructura.

Afirmó que distintos gobiernos nacionales utilizaron a Tierra del Fuego como variable de ajuste y sostuvo que el reconocimiento de su aporte a la soberanía debe traducirse en obras y condiciones para el desarrollo.

Sobre la Ley 19.640, planteó que su defensa viene debilitándose desde hace años. Ante las consultas por los aranceles, los aires acondicionados y el subrégimen industrial, amplió el análisis hacia decisiones anteriores que, según su evaluación, fueron restringiendo las posibilidades productivas.

Mencionó los decretos que cerraron cupos, cambios impositivos sobre los hidrocarburos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y decisiones vinculadas con el sector textil durante la gestión de Matías Kulfas. También reprochó a dirigentes fueguinos haber acompañado medidas que consideró perjudiciales para la provincia.

Recordó que la finalidad de la Ley 19.640 era más amplia que la producción electrónica y estaba relacionada con el poblamiento, la soberanía y el aprovechamiento de los recursos naturales.

En ese debate incorporó a la pesca como una actividad con posibilidades de crecimiento, aunque condicionada por el sistema nacional de cuotas y permisos. Explicó que buena parte de esos derechos de explotación ya están asignados y que las decisiones federales influyen sobre las oportunidades de Tierra del Fuego.

Propuso avanzar en el reconocimiento de la provincia como archipelágica, al considerar que una mayor jurisdicción marítima permitiría disponer de más recursos y fortalecer su sustentabilidad financiera.

También defendió la construcción de un puerto en Río Grande, al que definió como una deuda pendiente con la zona norte. Sostuvo que esa infraestructura permitiría reducir los costos que hoy supone ingresar mercadería por Ushuaia y trasladarla después hacia su destino.

El beneficio, explicó, alcanzaría tanto a la industria como a la pesca. Señaló que obligar a embarcaciones que operan en el norte a navegar hasta Ushuaia para descargar agrega tiempo y gastos que pueden comprometer la rentabilidad.

Cuestionó, además, que una provincia insular reciba una proporción tan elevada de sus cargas por vía terrestre. Vinculó ese problema con la falta de infraestructura portuaria y con la pérdida de incentivos para las exportaciones.

Según recordó, Tierra del Fuego llegó a contar con 22 buques pesqueros. Relacionó aquella actividad con los reintegros por puertos patagónicos y afirmó que esos beneficios fueron reducidos durante el kirchnerismo y eliminados durante el gobierno de Mauricio Macri, con consecuencias para la pesca y la industria.

En materia legislativa, explicó que presentó en 2024 un proyecto para modificar la Ley Provincial 69 y que volvió a ingresarlo este año. La iniciativa contempla exigir una mayoría agravada para determinadas decisiones de privatización y otorgar a los municipios la posibilidad de desarrollar puertos turísticos.

Su planteo apunta a contar con infraestructura específica para el turismo y mejorar las condiciones de operación de las cargas. Advirtió que la coincidencia de temporadas, la espera de los buques y las demoras para descargar generan costos que terminan trasladándose a los consumidores fueguinos.

La incertidumbre para invertir también apareció en la entrevista. Frente a las dificultades para proyectar negocios en un país con cambios frecuentes de reglas, reconoció que el panorama es preocupante: “No es fácil convencer a alguien que invierta”.

Sobre Malvinas, valoró que el Gobierno nacional reivindique la causa y reafirmó que las islas forman parte del territorio fueguino. Explicó, además, por qué nunca las visitó: considera que tener que solicitar autorización para ingresar representa una condición que personalmente no acepta.

“Uno de mis sueños es no morirme sin poder conocer Malvinas y sin tener que pedir permiso para entrar a mi propia casa”, expresó.