El secretario de Gobierno de Río Grande, Gastón Díaz, volvió a poner en el centro de la discusión la deuda que el Gobierno provincial mantiene con la ciudad y elevó considerablemente el tono político del reclamo.

Durante una entrevista en el programa “Buscando el Equilibrio”, por Radio Provincia, Díaz afirmó que la deuda por recursos coparticipables ya alcanzó los $17.200 millones y sostuvo que detrás de la continuidad de los atrasos existe una decisión que, a su entender, excede cualquier demora administrativa.

“Existe la decisión política de la Provincia de ahogar financieramente al pueblo de Río Grande”, aseguró. 

El funcionario explicó que el monto continúa creciendo semana tras semana y estimó que la Provincia estaría dejando de transferir entre $400 y $500 millones semanales de recursos que, según sostuvo, ya ingresaron a las arcas provinciales y corresponden a Río Grande.

“Lo digo con muchísima preocupación porque la Municipalidad termina siendo el primer resorte de contención de aquella gente que la está pasando mal”, planteó. 

De $16.000 millones a $17.200 millones en pocas semanas

Díaz recordó que cuando el intendente Martín Perez presentó el Presupuesto municipal ante el Concejo Deliberante, la deuda estimada rondaba los $16.000 millones.

Pocas semanas después, la cifra ya alcanza los $17.200 millones.

“Cuando el intendente fue al Concejo Deliberante a presentar el presupuesto eran 16.000 millones; hoy son 17.200 millones que se les adeudan a los vecinos de Río Grande”, remarcó. 

Para Díaz, el problema no está solamente en el volumen de la deuda, sino también en los plazos.

El Municipio asegura que existen liquidaciones definitivas con más de 60 días de demora, un nivel de atraso que el funcionario calificó como inédito.

“Hay atrasos en los definitivos de más de 60 días. Eso no sucedió jamás en Río Grande”, aseguró. 

“No reclamamos lo que Nación no envió”

Uno de los puntos que Díaz buscó diferenciar fue la caída general de los recursos nacionales de la deuda específica que Río Grande le reclama a la Provincia.

El secretario reconoció que la coparticipación nacional disminuyó como consecuencia de la caída de la actividad y del consumo, pero sostuvo que el planteo municipal se refiere a fondos que la Provincia efectivamente recibió y todavía no transfirió.

“Nosotros no estamos reclamando sobre lo que el Gobierno no recibió. Estamos reclamando que, además de que se mandan menos recursos desde Nación por la caída del consumo, sobre lo que ya recibió la Provincia existen 40 o 45 días de atraso”, explicó. 

Ese punto es central en la argumentación municipal: para Díaz, no se está solicitando que la Provincia compense recursos nacionales perdidos, sino que transfiera aquellos que constitucionalmente corresponden a la ciudad.

Salud, asistencia y obra pública: dónde impacta la falta de fondos

Díaz buscó también trasladar la discusión de las cuentas públicas a la vida cotidiana de los vecinos.

Señaló que Río Grande cuenta con 15 dispositivos municipales de salud que reciben cada vez más demanda de trabajadores que perdieron su empleo o su cobertura médica.

A ello sumó las ayudas sociales mediante módulos alimentarios, subsidios, pasajes y asistencia a comedores.

“Cuando se retacean estos fondos al Municipio, lo que nos impide es poder dar una mayor contención social a los que la están pasando mal”, sostuvo. 

El funcionario insistió en que, desde la mirada municipal, la discusión no debe reducirse a una pelea entre el gobernador y el intendente.

“Esto no es algo que se le hace al intendente de la ciudad. Es algo que se le está haciendo a los vecinos de Río Grande, al pueblo de Río Grande”, afirmó. 

La deuda ya llegó a la discusión salarial

Díaz dio además un ejemplo concreto sobre cómo la falta de liquidez comenzó a condicionar decisiones internas del Municipio.

Contó que participó de una reunión paritaria con representantes de los trabajadores municipales y que no pudo avanzar en una discusión salarial pese a considerar necesaria una mejora.

“No puedo entrar en un debate o discusión de una mejora salarial absolutamente necesaria para los trabajadores municipales de Río Grande porque los recursos no están llegando”, explicó. 

Según enumeró, la situación también afecta salud, contención social, cultura, deporte y obra pública, áreas en las que existen proyectos o decisiones condicionadas por la falta de fondos.

“Diálogo existe; lo que no existe son las transferencias”

El secretario de Gobierno aclaró que no se encuentra cortado el diálogo político e institucional con la Provincia.

Mencionó conversaciones entre Martín Perez y Gustavo Melella y reuniones de los equipos económicos municipales con autoridades provinciales.

Sin embargo, sostuvo que esos encuentros no se tradujeron en una disminución de la deuda.

“Diálogo sí existe. Diálogo existe de parte del intendente con el gobernador, de nuestra Secretaría de Finanzas con el ministro de Economía. Lo que no existe son las transferencias de fondos”, resumió. 

Díaz recordó que meses atrás se había comprometido la elaboración de un cronograma para reducir los días de atraso, pero aseguró que sucedió exactamente lo contrario: las demoras aumentaron.

El reclamo podría volver a la Legislatura

Frente a este escenario, el funcionario planteó la necesidad de retomar la discusión sobre la denominada ley de goteo, que busca establecer un mecanismo más automático para la distribución de los fondos correspondientes a los municipios.

“Tenemos que volver a discutir en la Legislatura esta ley de goteo que le va a traer tranquilidad a los municipios”, sostuvo. 

El Ejecutivo municipal ya entregó además al Concejo Deliberante documentación sobre la deuda, las intimaciones realizadas al Ministerio de Economía y el detalle de cómo se conforman los $17.200 millones reclamados. 

Díaz insistió en que Río Grande continuará utilizando los mecanismos institucionales para sostener el reclamo.

“La gente no nos vota para que salgamos a hacer piquetes a la calle San Martín sino para activar los mecanismos institucionales”, expresó, y reclamó preservar la institucionalidad por encima de las diferencias políticas. 

Pero también dejó en claro que, desde su perspectiva, el conflicto ya cruzó una frontera.

Con $17.200 millones de deuda, atrasos superiores a los 60 días y áreas municipales que comienzan a sentir directamente la falta de liquidez, Díaz dejó de hablar simplemente de una demora financiera y formuló una acusación política explícita:

“Existe la decisión política de la Provincia de ahogar financieramente al pueblo de Río Grande”.