La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. El oficialismo consiguió avanzar por una diferencia ajustada, aunque el texto quedó modificado en uno de los puntos más sensibles para el Gobierno: la extranjerización de las tierras.

La modificación incorporada propone restituir la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales y derogar el artículo 154 del DNU 70/2023, que había dispuesto su eliminación. De esta manera, el proyecto aprobado se aparta de la intención original de la Casa Rosada de liberar las restricciones a la adquisición de esos inmuebles por personas y empresas extranjeras.

El capítulo referido a tierras reunió un respaldo mucho más amplio que la votación general: 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones. Como Diputados introdujo cambios a la media sanción, el Senado deberá volver a tratar la iniciativa antes de que pueda convertirse en ley.

La reforma también contempla procedimientos más rápidos para los desalojos y nuevas exigencias para las expropiaciones del Estado. Entre sus disposiciones, establece condiciones para declarar la utilidad pública de un bien y prevé una indemnización previa calculada a valor de mercado, con reconocimiento del lucro cesante.

Durante el debate, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, apuntó contra el cambio de posición del oficialismo y sostuvo que los libertarios “están reculando en chancletas”. Atribuyó el retroceso a los cuestionamientos institucionales, judiciales y a la presión social.

La sesión continuaba con otros asuntos de fuerte impacto social. En discapacidad, oficialistas, aliados y sectores de la oposición negociaban cambios vinculados con las pensiones, el financiamiento de las prestaciones y la compatibilidad con el trabajo formal.

En endeudamiento familiar, el diputado Pablo Juliano advirtió que la propuesta impulsada por el oficialismo priorizaba la educación financiera, mientras que la alternativa opositora planteaba acuerdos de refinanciación y cuotas que no superaran el 30% de los ingresos. Al momento de la información aportada, ambos temas seguían pendientes de definición.