Mientras los municipios reclaman el envío de recursos, la legisladora Myriam Martínez sumó otro planteo a la discusión: que los gobiernos locales también contribuyan al sostenimiento del sistema educativo provincial. En FM La Isla, defendió la necesidad de generar financiamiento y sostuvo que el esfuerzo debe involucrar a todos los sectores.

“Todos tenemos que colaborar. Hablo absolutamente de todos, y en esto incluyo a las municipalidades también”, expresó. Vinculó ese pedido con la distribución del ingreso y las responsabilidades de cada nivel del Estado, aunque no precisó cuánto deberían aportar los municipios ni mediante qué mecanismo.

El planteo apareció en una entrevista en la que también reconoció los reclamos municipales por coparticipación y las obligaciones pendientes de la administración provincial. Frente a ese escenario, sostuvo: “No vemos otra salida que no sea mediante el diálogo, porque los recursos no están”.

Martínez describió una situación financiera compleja y admitió que la Provincia necesita anticipos para afrontar los sueldos. “Para pagar salarios nosotros nos estamos manejando con adelanto de coparticipación. Eso te demuestra a vos y te evidencia la gravedad de la situación que estamos viviendo todos”, afirmó.

Durante el intercambio, el conductor le señaló que las dificultades económicas no invalidan los reclamos municipales, porque se trata de recursos que también se destinan a atender a los vecinos. La legisladora respondió que la discusión debe profundizarse sobre cómo se distribuyen los ingresos y qué responsabilidades deben afrontar la Provincia y las municipalidades.

En ese marco, defendió el proyecto de financiamiento educativo y rechazó las críticas por su componente tributario. “Muchos dijeron que era un impuestazo, y nosotros les dijimos que no era un impuestazo, que no es un impuestazo”, sostuvo.

Sin embargo, al referirse a la propuesta de gravar la distribución de gas natural, reconoció que el costo podría trasladarse a los usuarios. Consultada sobre ese impacto, respondió: “Yo te diría que puede pasar”.

Otro de sus cuestionamientos estuvo dirigido a los establecimientos educativos de gestión privada que reciben aportes estatales y cobran cuotas elevadas. “¿Y esa plata por qué está yendo y encima le están cobrando una cuota millonaria?”, preguntó.

Martínez planteó que corresponde debatir ese esquema en un contexto en el que, según describió, hay familias que ya no pueden pagar las cuotas y deben trasladar a sus hijos a escuelas estatales. No anunció una propuesta para eliminar los subsidios, pero puso en discusión el esfuerzo que realiza el Estado para acompañar al sector.

La legisladora insistió en que la ley de financiamiento sería un complemento y no una solución suficiente para cubrir todo el gasto educativo. También sostuvo que su aprobación requiere acuerdos parlamentarios y voluntad de los distintos sectores para discutir de dónde saldrán los recursos.