Una situación tan cotidiana como quedarse sin tóner terminó abriendo una nueva discusión sobre las cuentas y el funcionamiento de la Municipalidad de Ushuaia.

El concejal Vladimir Espeche, del Movimiento Popular Fueguino, advirtió públicamente que una empresa que presta servicios vinculados con impresoras e insumos decidió retirar los tóners de dependencias municipales ante una presunta falta de pago.

Según el planteo realizado por el edil, la medida alcanzó a sectores sensibles de la administración, particularmente Rentas y Tránsito, donde buena parte de los procedimientos cotidianos requieren emisión e impresión de documentación.

Espeche sostuvo que esas oficinas quedaron imposibilitadas de desarrollar con normalidad parte de sus tareas y anunció que solicitará al Ejecutivo municipal un informe para conocer qué deuda existe con el proveedor, cuánto tiempo lleva pendiente y cuándo se normalizará el servicio.

Hasta el momento de esta búsqueda, RED23 no encontró una comunicación oficial del Municipio que confirme el monto adeudado, la identidad del proveedor afectado o el alcance exacto de la interrupción. Por eso, la falta de pago y el retiro de los tóners deben atribuirse por ahora a la denuncia del concejal.

Un contrato que alcanza a 130 equipos

El episodio adquiere otra dimensión al revisar la documentación oficial del propio Municipio.

En marzo de este año, la Secretaría de Economía y Finanzas llamó a una licitación pública para contratar durante seis meses —con posibilidad de extenderla otros seis— el servicio de alquiler de impresoras, fotocopiadoras y escáneres destinado a distintas dependencias municipales. 

El presupuesto oficial fue fijado en $203.853.558.

Los pliegos contemplaban 118 equipos monocromáticos de rendimiento medio, cuatro equipos color y otros ocho de alto rendimiento: en total, 130 dispositivos distribuidos en distintas áreas de la Municipalidad. 

Ese esquema permite comprender por qué un conflicto con la empresa prestadora puede tener un efecto mucho mayor que la simple falta de un insumo de oficina.

Si el abastecimiento de consumibles y el funcionamiento de los equipos forman parte del servicio contratado, un atraso con el proveedor podría repercutir simultáneamente sobre distintas reparticiones.

Sin embargo, no hay documentación pública localizada hasta ahora que permita confirmar que la empresa denunciada por Espeche sea efectivamente la adjudicataria de aquella licitación ni que los 130 equipos hayan quedado fuera de servicio.

Rentas y Tránsito, dos áreas sensibles

La advertencia adquiere especial importancia por las dependencias mencionadas.

La Dirección General de Rentas interviene en pagos y regularización de tributos municipales, automotores, inmuebles, comercios y certificados fiscales. La Dirección de Tránsito, en tanto, participa en trámites vinculados con licencias de conducir, certificados y documentación vehicular. 

El Municipio mantiene además distintos procedimientos digitales: su portal permite consultas de Rentas, emisión de facturas y algunos certificados vinculados con Tránsito. Por eso, no puede afirmarse con la información disponible que toda la actividad de ambas áreas haya quedado paralizada, aunque la falta de impresión física sí podría afectar numerosos trámites presenciales y circuitos administrativos internos. 

Ese será precisamente uno de los puntos que deberá aclarar el Ejecutivo.

“Los vecinos no pueden seguir siendo rehenes”

Espeche decidió llevar la situación al plano político y anunció un pedido formal de explicaciones.

En su publicación sostuvo que “los vecinos no pueden seguir siendo rehenes” de problemas administrativos y reclamó conocer cuándo se restablecerá plenamente la operatoria.

No sería la primera vez durante 2026 que las dificultades financieras aparecen vinculadas con el pago a proveedores.

En mayo, la propia secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos de Ushuaia, Carolina Yutrovic, había reconocido que los atrasos de coparticipación provincial generaban incertidumbre diaria y afectaban, entre otras cosas, la capacidad municipal de responder al pago de proveedores. 

Aquella explicación estaba vinculada específicamente con las demoras en recursos provinciales y no prueba que sea la causa del actual conflicto con los tóners, pero constituye un antecedente de las tensiones financieras que el Ejecutivo municipal reconoció públicamente durante el año.

Espeche viene cuestionando las cuentas municipales

El concejal ya había elevado durante los últimos meses distintos pedidos de información sobre las finanzas municipales.

En particular, cuestionó la situación económica de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE) y reclamó a la Sindicatura General revisar deudas, planes de pago y obligaciones previsionales. En septiembre sostuvo que la empresa municipal acumulaba compromisos superiores a los $1.000 millones, una estimación realizada por el propio edil. 

Ahora el planteo cambia de escenario y llega directamente a las oficinas administrativas del Ejecutivo.

La discusión parece menor cuando se resume como una falta de tóner, pero la pregunta de fondo es otra: cómo puede un conflicto de pago con un proveedor terminar comprometiendo trámites cotidianos de una Municipalidad que administra uno de los presupuestos públicos más importantes de Tierra del Fuego.

El pedido de informes que anunció Espeche deberá determinar cuánto hay de esa denuncia, cuál es la deuda existente —si efectivamente la hay— y cuánto tiempo necesitará el Municipio para normalizar el servicio.

Mientras tanto, la situación deja una señal incómoda: cuando la falta de liquidez comienza a expresarse en elementos básicos para el funcionamiento administrativo, el problema financiero deja de estar solamente en los balances y empieza a sentirse detrás del mostrador.