El reclamo de Río Grande por los fondos de coparticipación sumó una acusación directa contra el gobernador Gustavo Melella. El secretario de Gobierno municipal, Gastón Díaz, sostuvo que la ciudad atraviesa un “ahogo financiero por decisión política” y cuestionó las diferencias en el envío de recursos a los municipios.

En declaraciones a FM del Pueblo, el funcionario vinculó su planteo con las manifestaciones provenientes de Ushuaia sobre la situación de sus transferencias. “Creo que claramente hay un trato diferenciado de parte del Gobierno de la Provincia”, afirmó. Y apuntó directamente a la conducción provincial: “Entiendo que por decisión del gobernador, de Gustavo Melella, respecto de beneficiar a Ushuaia en perjuicio de Río Grande”.

Díaz explicó que, cuando el intendente presentó el presupuesto municipal, el reclamo rondaba los $16.000 millones. Según precisó, el monto ascendió a $17.200 millones y aumenta a un ritmo de aproximadamente $400 millones por semana.

Para el secretario, no se trata solamente de una diferencia entre administraciones: son recursos que el Municipio necesita para responder a una ciudad golpeada por la pérdida de empleo y el aumento de la demanda social.

“Cuando tenemos menos recursos, es menos la asistencia social que podemos dar, es menos la capacidad que tenemos para discutir el salario de los trabajadores municipales, es menos la obra pública que podemos llevar adelante”, advirtió.

También incluyó entre las áreas afectadas los subsidios al transporte público, la recolección de residuos y el mantenimiento de los espacios públicos. Su planteo fue que el Municipio constituye la primera puerta a la que recurren los vecinos cuando pierden el trabajo, la obra social o la posibilidad de sostener los gastos familiares.

“Si el Municipio no cuenta con los recursos que le corresponden, porque la Provincia ya los ha recibido, eso también termina impactando en nuestra gente”, sostuvo.

Reclamo conjunto y posible vía judicial

El funcionario explicó que acompañó al equipo de Finanzas a una reunión en el Concejo Deliberante, donde se abordó la situación y se avanzó con una ordenanza para conformar una mesa de trabajo entre las instituciones municipales.

El objetivo, señaló, es reunir la documentación, transparentar los números y evaluar acciones administrativas o judiciales. Aclaró que los atrasos también repercuten en los fondos que el Ejecutivo debe transferir al Concejo Deliberante, al Tribunal de Cuentas y al Juzgado de Faltas.

Al referirse a los antecedentes judiciales, Díaz sostuvo que un pronunciamiento de 2022 consideró razonable un plazo de entre 22 y 24 días para que la Provincia distribuyera los recursos recibidos de Nación. Según afirmó, actualmente la demora llega a los 45 días.

“Desde el día 25 hasta el día 45 es irrazonable y se convierte en deuda”, expresó, al explicar por qué el Municipio analiza avanzar con el reclamo.

Sin embargo, aseguró que la posibilidad de una instancia de diálogo continúa abierta. Relató que, tras comunicarle al intendente la decisión del Concejo, Perez manifestó su disposición a sentarse con Melella para buscar una solución.

“Queremos conservar siempre la institucionalidad. Pero también es cierto que tenemos responsabilidades encima y estamos analizando todas las alternativas”, remarcó Díaz.

La sospecha política y una advertencia al ministro

Consultado sobre si el trato denunciado podría estar relacionado con el crecimiento de Provincia Grande y una eventual candidatura de Martín Perez a la Gobernación, el secretario evitó dar esa explicación por confirmada.

“Yo no sé cuál es la motivación que tiene hoy el Gobierno para tratar de forma desigual a Río Grande y Ushuaia”, respondió. No obstante, agregó: “Ojalá que no sea este el motivo por el cual el gobernador está mirando a Río Grande con ojos diferentes”.

Díaz defendió el proyecto político que encabeza el intendente y planteó la necesidad de generar empleo mediante una mayor industrialización de los recursos fueguinos, entre ellos el petróleo, el gas, la madera y la pesca. Sobre las candidaturas, sostuvo que la discusión electoral corresponderá al próximo año y que hoy su responsabilidad está en la gestión municipal.

En ese contexto de restricciones, también confirmó que el encendido del arbolito del 8 de diciembre se realizará con artistas locales. Defendió el valor de la celebración popular y sostuvo que será una oportunidad para acompañar a los artistas de la provincia y a una comunidad que atraviesa dificultades.

El mensaje más directo hacia el Ministerio de Economía llegó al cierre de la entrevista. Díaz reclamó que su titular tenga presentes las obligaciones que implica administrar recursos públicos: “Los funcionarios públicos no podemos hacer lo que queremos. Tenemos responsabilidades en administrar la cosa pública”.