“A mí me llama la atención que nadie pueda explicar cómo se están manejando 25.000 millones de pesos”, expresó el letrado, al poner el foco en la falta de información sobre la gestión de los fondos portuarios.

Raimbault cuestionó qué organismo administra esos recursos y bajo qué atribuciones lo hace. En ese marco, sostuvo que “el manejo del dinero no le pertenece a la AGP” y afirmó que detrás de la intervención existen intereses económicos, políticos y estratégicos que podrían exceder el ámbito local.

Para el abogado, la discusión sobre los fondos está directamente relacionada con los obstáculos que, según denunció, enfrentan los organismos encargados de fiscalizar la actividad portuaria. Señaló que las restricciones no afectan solamente el ingreso físico a las instalaciones, sino también el acceso a la información y el seguimiento de los expedientes administrativos.

Según explicó, la toma de control del puerto se produjo antes de que el acto de intervención tuviera efectividad, una circunstancia que aseguró que se encuentra probada en la causa. A partir de entonces, afirmó, se establecieron impedimentos materiales y funcionales para que trabajadores, funcionarios y autoridades provinciales pudieran desarrollar sus tareas.

El letrado sostuvo que esas limitaciones alcanzan a las áreas de control laboral y ambiental, y cuestionó que se impida al Estado provincial ejercer sus funciones dentro de un espacio que pertenece al dominio público de la Provincia. A su entender, esas restricciones se ejecutan mediante decisiones de hecho, sin actos administrativos que las justifiquen.

También denunció discriminación sindical. Aseguró que, en un ámbito donde anteriormente coexistían distintas organizaciones gremiales, la intervención permite el ingreso de trabajadores vinculados a un solo sindicato y excluye a quienes no adhieren a su conducción. Agregó que integrantes de ese gremio pasaron a ocupar funciones dentro de la propia intervención.

“No existe ninguna actividad sindical en el puerto”, afirmó. En el mismo sentido, sostuvo que “no se aplica ningún derecho laboral en el puerto” y describió lo ocurrido como una “privatización de hecho de todo un espacio público”, en referencia a la falta de aplicación de las garantías y los mecanismos de control que denunció.

Respecto del proceso judicial, Raimbault valoró que el Juzgado Federal de Ushuaia esté avanzando en la causa, aunque señaló que hubiera esperado un trámite más rápido. Indicó que las medidas cautelares todavía no fueron resueltas y reclamó que tanto la Justicia como los organismos de control se pronuncien sobre la situación.

El abogado advirtió, además, sobre el precedente institucional que podría dejar esta modalidad de intervención. Al describir las restricciones dentro del predio portuario, comparó su funcionamiento con “una especie de estado de sitio”, donde, según su planteo, las decisiones quedan sujetas a la voluntad del interventor.

Finalmente, sostuvo que la resolución del conflicto debe incluir el restablecimiento de un marco de legalidad y la determinación de las responsabilidades correspondientes. “No podemos terminar esta situación sin revisar lo que nos sucedió”, concluyó.