La fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil desató un escándalo internacional que compromete políticamente al Gobierno de Javier Milei. El senador brasileño, derrotado el domingo por Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial, consiguió abandonar su país pese a una orden judicial que le prohibía salir del territorio brasileño en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

La revelación más grave es que Bolsonaro utilizó territorio argentino para concretar su salida, después de que la Casa Rosada negara públicamente que el dirigente hubiera ingresado al país o recibido colaboración del Gobierno nacional.

La Dirección Nacional de Migraciones terminó confirmando que el martes 27 de octubre, a las 22:50, Bolsonaro cruzó junto a su esposa y sus dos hijas el puente internacional Tancredo Neves, que une Brasil con Puerto Iguazú, en Misiones.

Posteriormente, la familia abordó un avión privado de la empresa Baires Fly, un Gulfstream G400, que despegó durante la madrugada del miércoles con destino a Guayaquil, Ecuador, como parte de un itinerario que continuaría hacia Estados Unidos.

La maniobra se produjo mientras la Justicia brasileña investigaba al dirigente por presuntas operaciones de lavado de dinero. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, había ordenado la entrega de sus pasaportes y dispuesto una prohibición expresa de abandonar Brasil.

De negar su presencia a confirmar su salida

Durante el martes, el Gobierno argentino había asegurado que no existían registros migratorios del ingreso de Bolsonaro y rechazado cualquier colaboración con su salida de Brasil.

Sin embargo, horas después, el propio organismo migratorio confirmó que el dirigente había ingresado por Misiones y partido desde un aeropuerto argentino, consignando que contaba con documentación habilitada para realizar el trámite.

La contradicción entre las primeras declaraciones oficiales y la posterior confirmación convirtió el episodio en una controversia que exige explicaciones.

A esto se suma otro elemento especialmente delicado: según publicó LA NACION, el traslado desde el paso fronterizo hasta el aeropuerto contó con acompañamiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El mismo medio informó que Santiago Caputo, asesor presidencial, estuvo presente durante el operativo de salida.

Aunque el Gobierno niega haber colaborado deliberadamente con la fuga, estas circunstancias alimentan los interrogantes sobre el conocimiento y la intervención de las autoridades argentinas.

El episodio también amenaza con profundizar la tensión diplomática entre los gobiernos de Lula y Milei, enfrentados por sus posiciones políticas y por el respaldo público del presidente argentino al sector bolsonarista.

El punto central ya no es determinar si Flávio Bolsonaro pasó por la Argentina: eso quedó confirmado oficialmente. Lo que debe esclarecerse es cómo pudo utilizar el territorio nacional para abandonar Brasil mientras pesaba sobre él una restricción judicial, qué autoridades conocían su itinerario y si recibió algún tipo de asistencia estatal especial.

La investigación brasileña seguirá su curso, pero la polémica ya cruzó la frontera. El Gobierno de Javier Milei deberá explicar el alcance de su intervención y las circunstancias que permitieron que un dirigente impedido judicialmente de salir de su país emprendiera un viaje internacional desde un aeropuerto argentino.