“No, de este tema no hemos hablado con el Gobernador. Por lo menos no se ha contactado conmigo para conversar sobre este tema”, expresó el jefe comunal. No obstante, manifestó su disposición a participar de una reunión para analizar alternativas y encontrar una salida al conflicto.

“Hasta el momento no se ha comunicado conmigo, ni ha manifestado nada sobre este tema. Así que nosotros seguiremos reclamando por la vía que corresponde”, afirmó.

Perez explicó que las dificultades por el envío de fondos ya fueron planteadas en reiteradas oportunidades, pero aseguró que las gestiones realizadas no permitieron resolverlas. “La situación no solo no se resuelve, sino que se agrava”, sostuvo.

Para dimensionar el crecimiento del reclamo, recordó que cuando presentó el presupuesto municipal ante el Concejo Deliberante, unas tres semanas y media antes de la entrevista, la deuda era de $16.000 millones. Según señaló, desde entonces el monto aumentó otros $2.000 millones.

El intendente rechazó que el planteo responda a una disputa electoral y remarcó que se trata de recursos que le corresponden a la ciudad. “Estamos simplemente pidiendo que nos manden la plata que nos corresponde”, expresó, al cuestionar que las transferencias se demoren entre 45 y 50 días.

En ese contexto, también planteó una lectura política sobre la retención de fondos. “Pareciera que lo que buscan es disciplinar políticamente a partir de los recursos”, manifestó. Advirtió que, si esa fuera la intención, las consecuencias terminarían afectando a los vecinos de Río Grande.

Respecto del funcionamiento municipal, Perez explicó que la ciudad sostiene con recursos propios los servicios de agua potable y cloacas, los dispositivos de salud y los espacios deportivos. Detalló que el sistema sanitario municipal cuenta con más de 200 profesionales y que mantener abiertos los centros deportivos demandó casi $700 millones en gas y electricidad en lo que va del año.

“No se puede hacer magia con los números”, sostuvo, y aseguró que la falta de esos ingresos dificulta atender las necesidades de la comunidad.

Sobre los próximos pasos, indicó que se avanzará con una nueva intimación administrativa, de acuerdo con lo conversado en la mesa de trabajo integrada por los poderes municipales. Si no se obtienen respuestas, dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia.

“Nosotros no descartamos ningún tipo de acción”, afirmó. Si bien aclaró que nunca fue partidario de judicializar la política, remarcó que los funcionarios tienen la obligación de reclamar los recursos que corresponden al Municipio.

Finalmente, insistió en la necesidad de encontrar una solución mediante el diálogo y calificó el nivel de deuda como una situación “de una gravedad institucional enorme”.