La administración de las pensiones especiales de Tierra del Fuego quedó bajo un severo cuestionamiento institucional. Una auditoría del Tribunal de Cuentas detectó importantes irregularidades en el funcionamiento del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE) y terminó con un apercibimiento a la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, María Emilia Lucía Rossi, integrante del gabinete del gobernador Gustavo Melella.

El informe oficial expuso documentación incompleta, sistemas informáticos que no se encuentran integrados, procedimientos administrativos sin formalizar y falta de controles contables. También detectó dificultades para determinar las deudas entre los organismos provinciales responsables de financiar y administrar las prestaciones.

Uno de los datos más preocupantes es que la deuda histórica correspondiente al cierre de 2023 todavía no había sido cuantificada al momento de la auditoría. Es decir, la administración provincial no había logrado establecer con precisión obligaciones económicas pendientes dentro de un sistema destinado a asistir a personas en situación de vulnerabilidad.

El relevamiento registró 834 beneficiarios activos al 30 de junio de 2025 y alcanzó no solamente al Ministerio de Bienestar Ciudadano, sino también a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), al Ministerio de Salud y a otras dependencias provinciales.

Una ministra apercibida por no responder al organismo de control

La gravedad de las observaciones llevó al Tribunal de Cuentas a exigir planes de acción concretos para corregir las deficiencias detectadas, con responsables y plazos definidos.

Sin embargo, Lucía Rossi no presentó dentro del plazo establecido el plan que debía implementar desde su Ministerio.

La funcionaria fue notificada el 21 de agosto y contaba con diez días para responder. Ante el incumplimiento, el Tribunal dictó la Resolución Plenaria 141/2026, mediante la cual le aplicó un apercibimiento y otorgó cinco días adicionales para cumplir, bajo advertencia de una posible multa.

La sanción no fue consecuencia de una diferencia política ni de una denuncia opositora: fue una decisión formal del organismo provincial encargado de fiscalizar la administración de los recursos públicos.

Un sistema cuestionado mientras familias reclaman asistencia

Las deficiencias adquieren una dimensión todavía más sensible frente a los reclamos de familias que aseguran haber sufrido la suspensión o pérdida de prestaciones, pese a considerar que continúan reuniendo las condiciones para recibirlas.

En ese contexto, resulta indispensable que el Gobierno provincial explique cuántas pensiones fueron suspendidas o dadas de baja, cuáles fueron los fundamentos administrativos y qué mecanismos de revisión tuvieron a disposición las personas afectadas.

La auditoría no determinó que esas bajas hayan sido arbitrarias ni comprobó una utilización política de las pensiones. Pero sí dejó expuestas debilidades concretas en los sistemas de registro, control y administración, que dificultan garantizar la transparencia de las decisiones.

La ayuda social debe responder a criterios legales, objetivos y verificables. Ninguna persona que cumpla los requisitos debería quedar excluida por errores administrativos o decisiones discrecionales.

La responsabilidad política del Gobierno provincial

El Tribunal de Cuentas concluyó formalmente la auditoría mediante la Resolución Plenaria 118/2026, pero exigió que los organismos involucrados implementaran las medidas correctivas correspondientes.

Por lo tanto, el cierre de la investigación no significa que las irregularidades hayan sido solucionadas.

El Gobierno de Gustavo Melella debe demostrar que corrigió los procedimientos, ordenó los registros, determinó las deudas pendientes y garantizó controles efectivos sobre las prestaciones.

El apercibimiento a Rossi agrega un elemento concreto de responsabilidad política: además de las deficiencias detectadas en áreas de la administración provincial, la ministra incumplió un requerimiento formal destinado precisamente a corregirlas.

En un sistema que administra recursos para personas con necesidades especialmente sensibles, la falta de información confiable y de controles adecuados no constituye un problema burocrático menor.

La gestión provincial tiene pendiente una explicación clara sobre el funcionamiento del RUPE, el destino de sus recursos y las garantías de acceso para quienes necesitan estas prestaciones. La asistencia social debe garantizar derechos, no quedar expuesta a la desorganización administrativa ni a posibles decisiones arbitrarias.