La Legislatura de Tierra del Fuego vivió este miércoles 28 de octubre un intenso cruce entre el legislador Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino, y la oficialista Myriam Martínez, de FORJA, durante el debate sobre el funcionamiento y los recursos destinados a la Agencia Provincial de Innovación.

La discusión comenzó cuando Villegas intentó incorporar para su tratamiento parlamentario un proyecto destinado a derogar la Ley Provincial 1512, que creó el organismo conducido por Analía Cubino. La propuesta no obtuvo los votos necesarios para habilitar su ingreso sobre tablas, lo que provocó un intercambio que terminó exponiendo datos sobre el uso de horas cátedra y las prioridades presupuestarias del Gobierno provincial.

El legislador del MPF cuestionó que la Agencia de Innovación tenga previstos $20.000 millones para 2027, en medio de una crisis educativa y de las dificultades financieras que atraviesa la Provincia.

Martínez defendió el funcionamiento institucional de la Legislatura y reprochó a Villegas no haber participado de una reunión de comisión en la que el Ministerio de Educación explicó la utilización de las horas cátedra.

La legisladora sostuvo que esos recursos se administran de manera transparente y que existen informes oficiales sobre su utilización. Incluso cuestionó que su par realizara afirmaciones que, a su entender, no estaban comprobadas.

Sin embargo, la respuesta de Villegas cambió el eje de la discusión.

Resoluciones oficiales y horas cátedra fuera del sistema educativo

El legislador aseguró contar con documentación administrativa que acredita la asignación de horas cátedra a personal de la Agencia de Innovación, organismo que, según indicó, cuenta con 215 personas vinculadas a su funcionamiento.

Para fundamentarlo, identificó una serie de resoluciones de la propia Agencia correspondientes a 2026.

Entre ellas mencionó la Resolución 10/2026, que establece la continuidad de 144 horas cátedra, y las resoluciones 18/2026, 19/2026 y 46/2026, referidas a asignaciones de 6, 12 y 12 horas cátedra, respectivamente. También citó las resoluciones 52, 53, 66 y 67 del mismo año.

Villegas sostuvo que esos actos administrativos se encuentran publicados en el Boletín Oficial y ofreció exhibirlos en el recinto.

Su respuesta apuntó directamente al cuestionamiento de Martínez: lejos de tratarse, según su posición, de afirmaciones sin fundamento, aseguró que las asignaciones estaban respaldadas por documentación producida por el propio Estado provincial.

Pero la denuncia no terminó allí.

El legislador afirmó que 21 agentes de la Casa de la Mujer Amanda Beban reciben pagos mediante horas cátedra y aseguró haber detectado el mismo mecanismo en personal que cumple guardias en la Casa de Cuidados Parentales.

A su entender, estos ejemplos demuestran que recursos administrativos vinculados al régimen de horas cátedra se utilizan para financiar actividades de distintas áreas gubernamentales, una práctica cuya justificación y alcance reclamó revisar.

$25.000 millones para dos organismos frente a nuevos impuestos para educación

Otro de los momentos centrales llegó cuando Villegas comparó los recursos presupuestarios de la Agencia de Innovación y el Laboratorio del Fin del Mundo con la recaudación que el Gobierno espera obtener mediante el proyecto de Financiamiento Educativo.

Según las cifras expuestas en el recinto, la Agencia de Innovación tendría previstos $20.000 millones para 2027 y el Laboratorio del Fin del Mundo superaría los $5.000 millones de presupuesto, mientras que los nuevos impuestos propuestos por el Ejecutivo permitirían recaudar alrededor de $10.000 millones anuales.

La comparación fue utilizada por Villegas para cuestionar que el Gobierno de Melella busque aumentar la presión tributaria antes de revisar el destino de los recursos existentes.

El legislador aclaró que su propuesta no apunta a despedir trabajadores, sino a reorganizar estructuras y establecer otras prioridades de gasto.

Una discusión que el oficialismo no habilitó en el recinto

Aunque Martínez sostuvo que el proyecto podría ingresar posteriormente por los mecanismos ordinarios y ser discutido en comisión, la votación de este miércoles impidió su incorporación inmediata al debate parlamentario.

El episodio dejó planteada una discusión de fondo sobre el funcionamiento de organismos autárquicos, el destino de las horas cátedra y la asignación de fondos públicos en una provincia que atraviesa dificultades para financiar servicios esenciales.

Las resoluciones identificadas por Villegas permiten precisar cuáles son los actos administrativos que deberían examinarse. Sin embargo, determinar si las asignaciones constituyen una utilización irregular de recursos requiere analizar su contenido, finalidad y encuadre legal.

El cruce dejó una cuestión concreta que el Gobierno provincial deberá explicar: cómo se financian los organismos creados durante la gestión de Melella, qué proporción de sus recursos se destina a personal y qué resultados justifican sus presupuestos.

En momentos en que el Ejecutivo propone nuevos impuestos para sostener el financiamiento educativo, el planteo de Villegas vuelve a colocar las prioridades del gasto público en el centro de la discusión legislativa.