El concejal de Provincia Grande, Jonatan Bogado, se refirió al rechazo de la medida cautelar presentada para frenar la aplicación de la Ordenanza 4892, que regula el funcionamiento de Uber en Río Grande, y apuntó contra Maturano, impulsor del planteo judicial.

En declaraciones a FM La Isla, el edil sostuvo que la presentación no habría acreditado las razones necesarias para suspender la normativa. Según explicó, el solicitante “ni siquiera había planteado los motivos de por qué no podía cumplir con esa norma y por qué pedía la medida cautelar”.

Bogado vinculó el reclamo con el posicionamiento político de Maturano, a quien mencionó como candidato a intendente. “Fue más una jugada política que realmente un interés legítimo de hacer un reclamo”, expresó, aclarando que esa era su interpretación del contexto en el que se realizó la presentación.

El concejal señaló que una medida cautelar requiere una fundamentación que permita justificar la urgencia y el potencial daño invocado. “La medida cautelar es una herramienta que tiene que ser debidamente justificada”, indicó. Sobre este caso, afirmó: “No fue nada comprobado”.

Al comienzo de su respuesta, Bogado aclaró que todavía no había accedido al contenido íntegro de la resolución y que su conocimiento provenía de las publicaciones periodísticas. “Todavía no he leído el fallo completo”, reconoció, y anticipó que profundizaría su análisis en los próximos días.

De todos modos, valoró que la Justicia hubiera resuelto el pedido con rapidez y destacó la certeza que aporta sobre la continuidad de la normativa. “Vemos con buenos ojos” la resolución, manifestó, al remarcar que “no se puede suspender la ordenanza en estas condiciones”.

El rechazo de la cautelar mantiene vigente la regulación cuestionada. La decisión referida corresponde al pedido de suspensión de la ordenanza, por lo que no debe confundirse con una sentencia definitiva sobre el fondo del planteo.