El gobierno de Javier Milei enfrenta una carrera contra el tiempo para modificar el sistema electoral argentino antes de las elecciones presidenciales de 2027. Su principal objetivo es eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una herramienta que el oficialismo considera inconveniente para su estrategia de reelección.

A menos de un año de los comicios, la iniciativa permanece estancada en el Senado, donde La Libertad Avanza todavía no consigue los votos necesarios para avanzar con la reforma. Las resistencias incluyen sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y representantes provinciales que no están dispuestos a acompañar automáticamente el proyecto.

El argumento público del Gobierno es reducir el gasto electoral y evitar que los ciudadanos deban concurrir varias veces a las urnas. Sin embargo, detrás de esa explicación aparece una preocupación estrictamente política: las PASO podrían permitir que las distintas expresiones opositoras ordenen sus candidaturas y lleguen fortalecidas a la elección general.

El oficialismo también observa el antecedente de 2019, cuando una amplia derrota de Mauricio Macri en las primarias modificó el escenario político y económico varios meses antes de la elección presidencial.

En ese contexto, la Casa Rosada pretende evitar una instancia que pueda funcionar como una gran medición nacional de fuerzas antes de octubre de 2027.

La paradoja es que un Gobierno que llegó al poder prometiendo transformar la política ahora busca modificar las reglas electorales cuando ya comenzó la cuenta regresiva hacia una nueva elección presidencial.

La discusión no es menor. Las PASO permiten que los ciudadanos participen en la selección de candidaturas y ofrecen una instancia de competencia entre distintas propuestas. Su eliminación trasladaría esas definiciones a los mecanismos internos de cada partido o alianza.

Ante la falta de acuerdos, el Gobierno analiza alternativas, incluida una nueva suspensión de las primarias únicamente para 2027, como ocurrió con las legislativas de 2025. Sin embargo, tampoco existe hasta ahora consenso suficiente para garantizar esa salida.

A las dificultades parlamentarias se suma la advertencia de la Cámara Nacional Electoral sobre la necesidad de establecer cualquier modificación con suficiente anticipación, para evitar incertidumbre y conflictos en la organización de los comicios.

El plazo político se acorta y el Gobierno todavía no tiene asegurado el respaldo de sus propios aliados. Con el cierre del período ordinario del Congreso previsto para el 30 de noviembre, la reforma electoral se convirtió en una negociación decisiva para las aspiraciones presidenciales de Milei.

La discusión de fondo excede el costo de organizar una elección primaria. Lo que está en juego es si corresponde modificar el mecanismo de selección de candidatos cuando el oficialismo ya calcula sus posibilidades de continuidad en el poder.

Sin los votos necesarios y con el calendario en contra, Milei enfrenta una dificultad que no puede resolver mediante un decreto ni una decisión unilateral: necesita convencer al Congreso de cambiar las reglas con las que pretende disputar su propia reelección.