El Gobierno de Javier Milei volvió a colocar en evidencia las diferencias en el financiamiento del transporte público entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país. Mientras mantiene el recorte de los subsidios a las empresas de colectivos del interior, acaba de aprobar una nueva actualización de las compensaciones destinadas a las líneas nacionales que operan en Buenos Aires y sus alrededores.

La medida fue oficializada este lunes 2 de noviembre mediante la Resolución 80/2026 de la Secretaría de Transporte, que autorizó el pago de $38.840 millones retroactivos a las empresas del AMBA por diferencias de recaudación acumuladas entre junio y septiembre.

Pero el desembolso no termina allí. La resolución también fijó compensaciones por $101.728 millones para octubre, $101.549 millones para noviembre, $101.753 millones para diciembre y $103.725 millones para enero de 2027.

Se trata de recursos nacionales destinados a sostener el funcionamiento de las líneas de jurisdicción nacional del AMBA, mientras las ciudades del interior continúan afrontando un escenario de financiamiento profundamente diferente.

Una política de subsidios que distingue entre Buenos Aires y el interior

Desde febrero de 2024, el Gobierno nacional eliminó el Fondo Compensador del Transporte Público del Interior, que permitía transferir recursos a provincias y municipios para contribuir al sostenimiento de los servicios de colectivos.

Aquella decisión trasladó una mayor responsabilidad financiera a los gobiernos provinciales y municipales, que debieron buscar alternativas para sostener las frecuencias, evitar aumentos mayores del boleto y garantizar la continuidad de las prestaciones.

Sin embargo, el mismo Gobierno que retiró esa asistencia a las empresas del interior continúa reconociendo costos operativos, incrementos salariales, combustibles, mantenimiento y hasta inversiones en tecnologías de GNC y electricidad dentro del esquema de subsidios nacionales del AMBA.

La Nación argumenta que las provincias y los municipios son responsables de sus propios sistemas de transporte y sostiene que mantiene la Tarifa Social Federal para determinados pasajeros del interior. No obstante, ese beneficio individual no reemplaza el financiamiento general que anteriormente recibían las empresas para sostener sus operaciones.

El impacto en ciudades como Río Grande

La desigualdad adquiere una dimensión concreta en ciudades patagónicas como Río Grande, donde el transporte público cumple una función esencial para trabajadores, estudiantes, jubilados y familias que necesitan trasladarse diariamente.

Con distancias importantes, condiciones climáticas exigentes y costos operativos elevados, sostener un servicio accesible representa un esfuerzo económico significativo para los gobiernos locales.

La eliminación del Fondo Compensador obligó a las administraciones municipales a asumir mayores responsabilidades, en un contexto de recursos limitados y dificultades financieras.

Mientras tanto, la actualización nacional de subsidios garantiza que las empresas del AMBA reciban compensaciones que permiten cubrir parte de sus costos y amortiguar el impacto de los aumentos sobre los pasajeros.

El debate de fondo es federal

La discusión no pasa por cuestionar que los usuarios del AMBA reciban asistencia estatal, sino por explicar por qué los habitantes del interior no cuentan con un esquema de financiamiento equivalente para sus sistemas de transporte.

Los impuestos nacionales que contribuyen a financiar las compensaciones, entre ellos los aplicados sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, se recaudan en todo el territorio argentino.

Sin embargo, una porción central de esos recursos continúa destinada a sostener los servicios de jurisdicción nacional del área metropolitana, mientras las ciudades del interior deben recurrir a sus propios presupuestos para mantener el transporte urbano.

La decisión del Gobierno de Milei vuelve a poner sobre la mesa una desigualdad histórica que su administración no corrigió: la posibilidad de acceder a un colectivo con apoyo estatal sigue dependiendo, en buena medida, del lugar donde vive cada argentino.

El desafío pendiente es construir un esquema de financiamiento que contemple las distintas realidades territoriales y garantice que el transporte público sea una herramienta de movilidad y oportunidades para todos los ciudadanos, no solamente para quienes residen en el principal conglomerado urbano del país.