La intimación formal del Municipio de Río Grande parece haber acelerado los tiempos del Gobierno provincial. Después de cuatro meses sin respuestas concretas del Ministerio de Economía, según sostiene la administración riograndense, y con una deuda acumulada que supera los $17.294 millones, el Ejecutivo de Gustavo Melella anunció una convocatoria para reunirse con los municipios fueguinos.

La secuencia resulta significativa. El viernes 30 de octubre, el Municipio remitió cartas documento a la contadora general de la Provincia, Yesica Flecha, y a la tesorera provincial, Romina Rouco, exigiendo regularizar las transferencias pendientes dentro de las 48 horas posteriores a su recepción, bajo advertencia de avanzar con acciones administrativas y judiciales.

Apenas dos días después, el domingo 1 de noviembre, el Ministerio de Economía provincial anunció una reunión para el martes 3, a las 11 horas, en Ushuaia.

La convocatoria, encabezada por el ministro Alejandro Barrozo, incluye a la secretaria de Finanzas Públicas de Río Grande, Valeria Capotorto, y a los responsables económicos de Ushuaia y Tolhuin.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el encuentro permitirá analizar el contexto económico, la distribución de la coparticipación y la programación de recursos financieros.

Sin embargo, el anuncio llega después de meses de reclamos municipales y de una intimación que elevó el conflicto a una instancia formal, ante la falta de regularización de los fondos que Río Grande considera legalmente exigibles.

Una deuda que condiciona las finanzas municipales

Según la documentación presentada por el Municipio, la deuda estimada al 30 de septiembre asciende a $17.294.814.520, integrada por recursos de coparticipación, regalías y conceptos correspondientes al Bono de Compensación.

Las demoras en las transferencias, sostiene la gestión municipal, vienen generando un fuerte condicionamiento financiero que afecta la previsibilidad presupuestaria y obliga a administrar recursos limitados para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, las obras y las prestaciones destinadas a los vecinos.

El reclamo de Río Grande es concreto: los fondos de coparticipación no constituyen una ayuda discrecional del Gobierno provincial, sino recursos que corresponden a la ciudad conforme al régimen legal vigente.

La reunión abre una instancia de diálogo, pero todavía no ofrece una solución

El cambio de actitud del Gobierno provincial representa una oportunidad para retomar las conversaciones institucionales. No obstante, la convocatoria conocida hasta el momento plantea una agenda general sobre la situación económica y la distribución de recursos, sin anunciar una propuesta específica para cancelar la deuda reclamada por Río Grande.

Allí estará el punto central del encuentro: determinar si el Ministerio de Economía se limitará a exponer las dificultades financieras de la Provincia o si finalmente presentará compromisos concretos, montos y plazos para regularizar las transferencias pendientes.

El Municipio, por su parte, dejó planteada la posibilidad de recurrir a la Justicia y solicitar la intervención de los organismos de control si persisten los incumplimientos denunciados.

Después de cuatro meses sin respuestas concretas, la intimación de Río Grande quedó seguida por una rápida convocatoria provincial. Ahora, el verdadero resultado del diálogo dependerá de que las explicaciones se transformen en un compromiso verificable de pago.

Porque para la ciudad, la cuestión de fondo no es solamente volver a sentarse en una mesa de trabajo, sino recuperar los recursos que reclama para sostener su funcionamiento y garantizar los servicios que reciben diariamente los vecinos.