El periodista Guillermo Worman cuestionó la postura de las cámaras de Comercio y Turismo frente al conflicto del Puerto de Ushuaia y planteó que las entidades deberían involucrarse en la defensa de los intereses provinciales. En declaraciones a FM Centro, sostuvo que el reclamo de los trabajadores debe ser considerado junto con las consecuencias que la intervención nacional tiene sobre la actividad portuaria.

“A mí me parece muy objetable lo que hacen las cámaras”, afirmó. En particular, señaló lo que considera “una falta absoluta de empatía y solidaridad” hacia los empleados que permanecen apartados de sus lugares de trabajo.

Worman relacionó esa actitud con las advertencias del sector comercial sobre la caída del consumo. Recordó que los trabajadores afectados también son clientes de los negocios representados por esas entidades y atraviesan una situación angustiante. “Fíjense qué le está pasando a sus propios clientes”, expresó.

El periodista defendió el derecho de los portuarios a manifestarse, realizar asambleas y reclamar el regreso a sus funciones. “Los trabajadores tienen todo el derecho del mundo a expresarse”, sostuvo, al cuestionar que las críticas empresariales se concentren en las protestas sin considerar la situación que las origina.

También puso el foco en Patricio Cornejo, presidente de la Cámara de Turismo y pareja de la senadora nacional de La Libertad Avanza Belén Monte de Oca. Para Worman, ese vínculo merece ser considerado al analizar la posición pública de la entidad frente a la intervención nacional.

“La Cámara de Turismo podría tener una postura más ecuánime”, manifestó. En ese marco, planteó la posibilidad de que la organización tenga como vocero a alguien que no mantenga esa relación con una representante del oficialismo nacional.

Su cuestionamiento apuntó a que las entidades revisen su actitud y asuman una posición en defensa del patrimonio provincial. “Las cámaras podrían revisar su actitud y defender más los intereses de Tierra del Fuego”, expresó.

Worman remarcó que la discusión excede a la actual gestión del Gobierno fueguino, porque la continuidad de la intervención también condicionaría a las próximas autoridades. “Es el puerto de todos nosotros”, enfatizó.

En la misma entrevista, se refirió al fallo del juez federal Federico Calvete que hizo lugar al amparo presentado por El Diario del Fin del Mundo y ordenó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y a la Administración General de Puertos (AGP), en liquidación, entregar información pública.

Según explicó, el pedido busca conocer los ingresos, los gastos, las designaciones, las contrataciones, los salarios y aspectos de la seguridad portuaria. Cuestionó que haya sido necesario acudir a la Justicia para obtener datos sobre el funcionamiento de una administración pública.

“Es una carencia absoluta de transparencia”, sostuvo sobre la forma de gestión de la intervención. También planteó interrogantes sobre los controles que se ejercen respecto de la recaudación y el destino de los recursos del Puerto.

Worman aclaró que el fallo todavía no está firme y puede ser apelado. Señaló que la resolución establece la entrega de la información en un plazo de diez días hábiles y, según la interpretación que expuso, una eventual apelación no debería suspender ese cumplimiento.

Además, precisó que el requerimiento apunta a información pública y no a datos que afecten la intimidad de las personas. Anticipó que el diario difundirá la documentación cuando la reciba y expresó su expectativa de que la resolución siente un precedente para otros medios y para la ciudadanía.

“No es un logro solamente para el diario, es un logro, me parece a mí, colectivo”, afirmó. Finalmente, reiteró su posición sobre el futuro de la terminal: “Esta intervención tiene que terminar”.