El proyecto de Presupuesto 2027 que Gustavo Melella envió a la Legislatura deja al descubierto la delicada situación financiera de Tierra del Fuego y el enorme costo de sostener la estructura del Estado provincial.

Para el último año de su actual mandato, el gobernador proyecta gastos por $2.743.395 millones, es decir, más de 2,74 billones de pesos, frente a ingresos estimados en $2.605.439 millones.

La diferencia representa un déficit financiero cercano a los $138.000 millones, una cifra equivalente a más de la mitad del presupuesto anual previsto para para cualquiera de los Municipios mas grande de la provincia.

Pero el problema no se limita al dinero que faltará. El dato más revelador aparece en cómo pretende gastar esos recursos el Gobierno provincial.

De los 2,74 billones presupuestados, aproximadamente 2,65 billones serán destinados a gastos corrientes, mientras que apenas $90.508 millones corresponden a gastos de capital.

Esto significa que el 96,7% del presupuesto estará absorbido por el funcionamiento habitual del Estado y sus obligaciones corrientes, dejando solamente el 3,3% para inversiones de capital.

Aunque los gastos corrientes incluyen servicios esenciales como educación, salud y prestaciones sociales, la proporción muestra una administración con escaso margen financiero para ampliar infraestructura, desarrollar nuevas obras o responder a necesidades que requieren inversiones de largo plazo.

El peso de la estructura estatal vuelve así al centro de la discusión. El proyecto contempla una planta de aproximadamente 27.000 agentes públicos, además de miles de cargos docentes y administrativos distribuidos en los organismos provinciales.

La masa salarial constituye uno de los componentes centrales del gasto. Sin embargo, el Ejecutivo propone calcularla sobre la planta existente, sin incorporar inicialmente una recomposición adicional por inflación, y prevé limitar la cobertura de vacantes y habilitar retiros voluntarios.

La contradicción es evidente: el mismo Gobierno que necesita contener la cantidad de cargos públicos reconoce que prácticamente todos sus recursos están comprometidos en el sostenimiento de su estructura y sus servicios habituales.

El desequilibrio es todavía más profundo porque la Provincia proyecta un déficit corriente de aproximadamente $54.651 millones. Es decir, los ingresos habituales no alcanzarían siquiera para financiar la totalidad de los gastos corrientes previstos.

Frente a este escenario, Melella pretende que la Legislatura autorice nuevas herramientas para recurrir al endeudamiento durante 2027.

El proyecto contempla la posibilidad de emitir Letras del Tesoro por hasta $100.000 millones, destinadas a afrontar necesidades transitorias de financiamiento, y solicita autorización para obtener otros $50.000 millones mediante operaciones de crédito público destinadas a infraestructura.

Aunque se trata de mecanismos diferentes y sus montos no representan deuda ya contraída, ambos amplían la capacidad del Ejecutivo para financiar obligaciones y proyectos mediante recursos que deberán ser atendidos bajo las condiciones de cada operación.

A esto se suma que el Presupuesto 2027 ya contempla $83.268 millones para afrontar compromisos de deuda, incluyendo amortización de capital e intereses.

De esta manera, el último año del actual mandato de Melella aparece condicionado por una combinación preocupante: gastos superiores a los ingresos, escaso margen para inversiones y la necesidad de recurrir a nuevas operaciones financieras.

El planteo también obliga a revisar las prioridades políticas de la administración. Mientras el Gobierno provincial busca mayores recursos mediante una ley especial de Financiamiento Educativo y propone modificaciones tributarias, el proyecto presupuestario reconoce dificultades para sostener las obligaciones que ya tiene.

La discusión de fondo no puede limitarse a conseguir más dinero. También debe establecer cuánto cuesta realmente la estructura provincial, qué áreas justifican sus gastos, cuáles requieren reorganización y qué resultados obtiene la comunidad de semejante volumen de recursos.

No se trata de cuestionar los salarios de docentes, trabajadores de la salud o empleados que garantizan servicios esenciales. Se trata de exigir que el Gobierno explique cómo distribuye sus cargos, qué funciones cumplen las diferentes dependencias y si existen estructuras administrativas que podrían funcionar de manera más eficiente.

Después de años de gestión, la Provincia llega a 2027 con un presupuesto que reconoce que sus ingresos corrientes son insuficientes y que necesita nuevas autorizaciones financieras.

El Gobierno de Melella pretende cerrar su actual mandato administrando 2,74 billones de pesos, con un déficit cercano a los $138.000 millones y prácticamente todo el presupuesto comprometido en gastos corrientes.

Ahora será la Legislatura la que deba decidir qué herramientas de financiamiento autoriza, bajo qué condiciones y con cuáles mecanismos de control.

La responsabilidad política del gobernador y de los bloques que acompañen la propuesta será explicar por qué, después de años al frente de la Provincia, Tierra del Fuego sigue necesitando más financiamiento para sostener un Estado cuyo funcionamiento consume casi todos los recursos disponibles.

El Presupuesto 2027 no solamente anticipa cómo pretende gastar el dinero el Gobierno provincial. También expone el principal desafío que Melella dejará planteado al finalizar su actual mandato: una administración con un fuerte desequilibrio financiero, obligaciones crecientes y muy poco margen para invertir en el futuro de Tierra del Fuego.