La crisis del sistema público de salud de Tierra del Fuego encuentra una de sus expresiones más preocupantes en el servicio de Pediatría del Hospital Regional Río Grande. De los 12 pediatras que integraban el servicio hace cuatro o cinco años, actualmente quedan apenas cinco, una reducción cercana al 60% que obliga a recurrir a profesionales itinerantes para sostener la atención.

La situación fue expuesta por el bioingeniero y dirigente del Sindicato de Profesionales de la Salud (SIPROSA), Juan Navoni, durante una entrevista en el programa Buscando el Equilibrio, conducido por Germán Gasparini en Radio Provincia.

Navoni explicó que la cobertura diaria de las guardias requiere dos pediatras para la atención externa y uno para la interna, además de los profesionales necesarios para sostener los consultorios. Con una planta estable tan reducida, garantizar la continuidad del servicio se convierte en un desafío permanente.

El problema no se limita a Pediatría. Según el dirigente gremial, el área de Clínica Médica también presenta dificultades: actualmente cuenta con cuatro profesionales, cuando considera necesario disponer de siete u ocho para responder adecuadamente a la demanda.

La pérdida de médicos se produce, además, en un contexto en el que cada vez más vecinos recurren al hospital público, tanto por las dificultades económicas para sostener la cobertura privada como por la existencia de prestaciones que no se encuentran disponibles fuera del sistema estatal.

Uno de los aspectos más cuestionados es el mecanismo utilizado para cubrir la falta de profesionales. Navoni señaló que, mientras una guardia de 24 horas de un médico de planta puede remunerarse en torno a los $128.000, a los profesionales itinerantes se les ofrecen aproximadamente $700.000 por una prestación equivalente.

La diferencia expone una contradicción en la administración de los recursos: el Estado termina ofreciendo remuneraciones considerablemente superiores para cubrir necesidades temporales, mientras tiene dificultades para retener a los médicos que sostienen permanentemente sus hospitales.

El dirigente aclaró que los profesionales itinerantes cumplen una función necesaria y que, sin su participación, distintos servicios tendrían mayores dificultades para garantizar la atención. Sin embargo, remarcó que lo deseable sería contar con equipos estables dentro de los hospitales públicos.

A la escasez de médicos se suma el deterioro de las condiciones salariales. SIPROSA denuncia una pérdida del poder adquisitivo del 5,3% y reclama revisar la remuneración de las guardias, además de participar directamente en las negociaciones paritarias que afectan a los profesionales.

Navoni también advirtió que la falta de personal provoca sobrecarga laboral y estrés, porque quienes permanecen en el sistema deben asumir más guardias y responsabilidades para compensar las vacantes.

El problema se profundiza por las dificultades para incorporar especialistas de otras provincias. Los salarios, el elevado costo de los alquileres y la falta de incentivos suficientes para establecerse en Tierra del Fuego reducen las posibilidades de atraer nuevos profesionales.

Según explicó, el adicional por alquiler ronda los $200.000, una cifra que resulta insuficiente frente a los costos habitacionales de Río Grande y Ushuaia.

La situación tampoco se limita a los recursos humanos. El representante de SIPROSA reconoció dificultades recurrentes con insumos hospitalarios y recordó que, en determinadas oportunidades, la falta de reactivos afectó el funcionamiento del laboratorio.

El cuadro expone un problema que ya no puede explicarse solamente como una dificultad salarial: Tierra del Fuego necesita una política de planificación sanitaria capaz de recuperar profesionales, garantizar su permanencia y asegurar la continuidad de los servicios esenciales.

La situación de Pediatría resulta especialmente sensible porque compromete la capacidad de respuesta de un área fundamental para la atención de niños, niñas y adolescentes, en una ciudad donde la demanda hospitalaria continúa creciendo.

Pasar de 12 pediatras a solamente 5 no es una estadística menor. Es una señal concreta del debilitamiento de un servicio que necesita estabilidad, previsibilidad y profesionales suficientes para atender a las familias de Río Grande.

Mientras el Gobierno provincial recurre a contrataciones temporales para sostener las guardias, sigue pendiente una respuesta de fondo: cómo reconstruir los equipos médicos permanentes y evitar que la atención pública dependa cada vez más de soluciones de emergencia.