La crisis financiera del Gobierno de Gustavo Melella está provocando un conflicto cada vez más profundo con el Municipio de Río Grande. La secretaria de Finanzas Públicas, Valeria Capotorto, denunció que la Provincia demora la transferencia de recursos que corresponden legalmente a la ciudad y cuestionó la interpretación del ministro de Economía, Alejandro Barrozo, sobre las obligaciones de coparticipación.

Durante una entrevista en el programa 90 Minutos, de FM Stylo, la funcionaria aseguró que la última reunión con las autoridades provinciales terminó sin avances concretos y sin una propuesta para reducir la deuda que, según los registros municipales, ya supera los $17.294 millones.

“Lamentablemente no hemos traído ni una sola solución”, afirmó Capotorto, quien señaló que el Ministerio de Economía no precisó cómo ni cuándo comenzará a regularizar las transferencias pendientes.

La secretaria también respondió al argumento provincial de que los fondos se siguen enviando regularmente.

“Nadie dijo que eso no suceda. Lo que pasa es que transfieren lo que quieren, como quieren. Y mucho menos de lo que corresponde”, sostuvo.

La coparticipación no es un gasto discrecional

Uno de los cuestionamientos más importantes de Capotorto estuvo dirigido a la manera en que el Gobierno provincial interpreta los recursos que debe distribuir entre los municipios.

Según explicó, durante las conversaciones con el ministro Barrozo se plantearon las dificultades que enfrenta la Provincia para financiar sus obligaciones en seguridad, salud y otros servicios.

Sin embargo, la funcionaria rechazó que esos compromisos puedan utilizarse como argumento para condicionar las transferencias que corresponden a Río Grande.

“Para el Gobierno la coparticipación es un gasto y el Municipio de Río Grande está dentro de sus costos”, cuestionó.

Capotorto sostuvo que los fondos coparticipables deben ser registrados y transferidos conforme al régimen legal vigente y que no pueden quedar sujetos a las prioridades presupuestarias del Ejecutivo provincial.

En ese sentido, advirtió que interpretar a los municipios como un gasto más del Gobierno desconoce el principio constitucional de autonomía municipal.

La crítica apunta directamente al manejo de recursos públicos que, aunque ingresan inicialmente a las cuentas provinciales, tienen una distribución legalmente establecida.

Una deuda creciente y servicios bajo presión

La funcionaria explicó que la Secretaría de Finanzas realiza un seguimiento permanente de los fondos nacionales y provinciales para determinar cuánto debe recibir Río Grande.

Según sus cálculos, las transferencias semanales correspondientes pueden rondar los $2.600 millones, aunque los importes varían según las liquidaciones y la recaudación de cada período.

Capotorto recordó que la Municipalidad depende aproximadamente en un 80% de los recursos provenientes de coparticipación y regalías, mientras el 20% restante corresponde a la recaudación propia.

Esta dependencia vuelve especialmente graves las demoras provinciales.

“¿Cómo hago yo para explicarle a todos los proveedores que no tenemos para pagar la recolección de residuos, la potabilización del agua, el servicio público de colectivos o los 15 centros de salud municipal?”, planteó.

El problema también compromete el plan de obra pública que Río Grande sostiene mayoritariamente con recursos propios, en un escenario donde la funcionaria aseguró que no recibe financiamiento provincial para esas inversiones.

La Provincia espera fondos de Nación para reducir la deuda

Capotorto reveló que, ante el reclamo municipal, el ministro Barrozo mencionó la posibilidad de obtener recursos extraordinarios del Gobierno nacional para afrontar parte de los compromisos pendientes.

La alternativa estaría vinculada con una eventual asistencia mediante Aportes del Tesoro Nacional, aunque no existe confirmación de que esos fondos vayan a llegar.

La respuesta provincial tampoco incluyó un cronograma alternativo de pagos para el caso de que esa asistencia nacional no se concrete.

Según la secretaria, las autoridades provinciales plantearon la posibilidad de presentar alguna propuesta de pago parcial en un nuevo encuentro previsto para el viernes 13 de noviembre.

La situación profundiza la incertidumbre de Río Grande, que ya intimó mediante cartas documento a la Contadora General y a la Tesorera provincial para exigir la regularización de los fondos pendientes y advertir sobre posibles acciones administrativas y judiciales.

Un problema que exige respuestas

Capotorto recordó que, según los antecedentes del Tribunal de Cuentas provincial citados por el Municipio, al cierre de 2025 ya existían más de $11.000 millones pendientes de transferencia. La deuda habría continuado creciendo durante 2026 hasta alcanzar los valores reclamados actualmente.

La funcionaria sostuvo que las autoridades municipales tienen la obligación de resguardar esos recursos y evitar que la falta de transferencias termine provocando incumplimientos en la propia administración local.

El conflicto pone en evidencia una discusión central: la crisis financiera provincial no debería trasladarse a los municipios mediante demoras en el envío de fondos que les corresponden por ley.

Mientras Río Grande debe garantizar servicios esenciales, sostener obras y cumplir compromisos con trabajadores y proveedores, la Provincia continúa sin ofrecer un mecanismo verificable para regularizar la deuda denunciada.

La postura expuesta por Capotorto deja un cuestionamiento directo al Gobierno de Melella: si la administración provincial no consigue financiar sus propias obligaciones, no puede resolver ese desequilibrio condicionando los recursos que pertenecen a las ciudades.

El reclamo de Río Grande ya no se limita a una diferencia de números. Se ha convertido en una disputa institucional sobre el cumplimiento de las obligaciones provinciales, la autonomía municipal y la responsabilidad de administrar recursos que tienen destinatarios legalmente establecidos.