La crisis financiera de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) vuelve a quedar en el centro de una controversia millonaria. La deuda atribuida al organismo y al Gobierno provincial con la cadena Autofarma rondaría los 6 millones de dólares, mientras los extrabajadores de la empresa buscan recuperar mediante acciones judiciales los salarios e indemnizaciones que permanecen impagos.

La información fue expuesta por el abogado José Luis Álvarez, representante de dos extrabajadoras, durante una entrevista en el programa Hora 18, de FM Aire Libre.

El letrado confirmó que impulsará medidas para embargar los créditos que Autofarma mantiene con organismos provinciales, con el objetivo de garantizar que esos recursos puedan destinarse al cumplimiento de las obligaciones laborales.

El planteo judicial apunta a una situación particularmente grave: mientras la empresa mantiene millonarias acreencias reclamadas al Estado fueguino, sus exempleados continúan esperando el pago de lo que les corresponde por los años trabajados.

La firma, que operaba comercialmente bajo el nombre Autofarma, cerró sus sucursales durante 2026 en medio de dificultades económicas, interrupciones en la provisión de medicamentos y reiterados reclamos por salarios atrasados.

En Río Grande, la farmacia funcionaba en Rosales 444. Según explicó Álvarez, ese mismo domicilio continúa registrado formalmente ante la Inspección General de Justicia, pese a encontrarse cerrado, lo que dificulta la notificación de las demandas laborales.

El abogado cuestionó la actitud de los responsables de la empresa y recordó que tampoco se cumplió la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo para intentar preservar la continuidad de los vínculos laborales.

La controversia tiene antecedentes que se remontan a varios meses atrás. Desde Autofarma ya se había advertido que los retrasos en los pagos de OSEF comprometían la posibilidad de reponer medicamentos, afrontar obligaciones comerciales y sostener los puestos de trabajo.

En julio, representantes de la cadena habían señalado una deuda cercana a los $6.000 millones, mientras trabajadores denunciaban meses de salarios impagos y la falta de certezas sobre su futuro laboral.

La sucesión de reclamos deja al descubierto las consecuencias de una crisis que excede el funcionamiento de una empresa privada. Los atrasos denunciados en los pagos de la obra social se sumaron a las dificultades de abastecimiento, los problemas financieros de la firma y, finalmente, la pérdida de fuentes laborales.

Ahora, los extrabajadores buscan que cualquier suma que la Provincia deba transferir a Autofarma quede judicialmente resguardada para afrontar sus acreencias.

El conflicto también plantea interrogantes sobre la administración de OSEF, en un contexto de dificultades para garantizar prestaciones, mantener convenios y cumplir regularmente con sus proveedores.

La situación exige explicaciones del Gobierno provincial sobre el monto real de la deuda, las obligaciones pendientes, los acuerdos de pago realizados y las razones por las que el conflicto terminó afectando tanto a los trabajadores como a los afiliados.

La responsabilidad de cumplir con salarios e indemnizaciones corresponde a la empresa empleadora, mientras que el eventual incumplimiento de pagos por parte de organismos estatales deberá esclarecerse mediante la documentación correspondiente.

El caso Autofarma representa otra señal de alarma sobre el deterioro financiero del sistema de salud provincial: millones de dólares en obligaciones reclamadas, trabajadores despedidos que recurren a la Justicia y una obra social cuya capacidad de respuesta continúa bajo fuertes cuestionamientos.