El secretario general de AMET, Juan Carrizo, lanzó fuertes cuestionamientos sobre la administración de los recursos del Ministerio de Educación provincial, en medio del debate legislativo por el proyecto de financiamiento educativo. El dirigente sindical puso el foco en el crecimiento de los cargos políticos, la falta de información presupuestaria y la necesidad de revisar las prioridades del Gobierno antes de incorporar nuevos mecanismos de financiamiento.
En declaraciones a FM Provincia, Carrizo aseguró que, según los relevamientos realizados por el gremio, la cantidad de funcionarios políticos dentro de Educación pasó de 17 durante la gestión de Diego Romero a aproximadamente 60 con la administración de Analía Cubino, hasta alcanzar los 97 cargos durante la actual gestión de Pablo López Silva.
El dirigente explicó que estos números fueron obtenidos mediante decretos, resoluciones y designaciones oficiales, aunque denunció que el Ministerio todavía no entregó el organigrama completo solicitado por la organización sindical.
“Tener el organigrama concreto del ministerio, la verdad que nosotros lo hemos solicitado en varias oportunidades y obviamente no se nos ha facilitado”, afirmó.
Uno de los cuestionamientos centrales de Carrizo estuvo relacionado con el presupuesto destinado al personal educativo.
Según explicó, durante las reuniones legislativas se informó que hasta junio de 2026 se habían destinado aproximadamente $216.000 millones al pago de salarios dentro del sistema educativo, lo que representa un promedio mensual de $36.000 millones.
Sin embargo, señaló que las cifras que manejaban los sindicatos indicaban que el gasto correspondiente exclusivamente a salarios docentes rondaba los $30.000 millones mensuales.
A partir de esa diferencia, planteó la necesidad de conocer con precisión cuánto dinero se destina al personal administrativo, a los funcionarios políticos y a otras estructuras del Ministerio.
“Hay que ver dónde se está yendo, si eso es parte de lo que se va en la cuestión administrativa del ministerio, en la planta política que hoy tiene el ministerio, porque eso también se lleva una gran tajada del presupuesto”, sostuvo.
Carrizo aclaró que estas cifras constituyen estimaciones basadas en la información disponible y remarcó que la falta de datos oficiales detallados impide establecer con exactitud cómo se distribuyen los fondos salariales.
El secretario general de AMET cuestionó directamente la posición del Ejecutivo provincial frente a la discusión del financiamiento educativo.
“El Gobierno está encerrado en su idea de que quiere mantener su estructura actual y que otro financie al personal que tiene de más”, afirmó.
Carrizo consideró que la administración provincial debería comenzar por revisar la cantidad de cargos incorporados desde la llegada de Gustavo Melella al Gobierno y analizar si la estructura estatal resulta sostenible frente a la actual situación económica.
En ese sentido, sostuvo que antes de buscar nuevas fuentes de financiamiento es necesario evaluar la distribución de los recursos existentes y determinar qué gastos pueden reorganizarse.
El dirigente también cuestionó que la estructura gubernamental haya sido diseñada bajo una expectativa de ingresos nacionales que posteriormente se redujeron.
“Tenemos una estructura para un gobierno que se pensó en recibir fondos constantemente de Nación y de repente eso se cerró, se terminó”, manifestó.
Otro de los puntos que planteó Carrizo fue la utilización de horas cátedra para remunerar a trabajadores que cumplen funciones fuera de las aulas.
Según explicó, el gremio cuenta con recibos de sueldo de personas que perciben el equivalente a 21 horas cátedra sin desempeñar tareas docentes frente a estudiantes.
Indicó que, tomando como referencia el escalafón de un docente que recién inicia su carrera, el valor aproximado de cada hora cátedra ronda los $50.000 de bolsillo, aunque aclaró que esa cifra varía según la antigüedad.
El dirigente sostuvo que el Ministerio no proporcionó información completa sobre la asignación de cargos y horas cátedra, pese a los pedidos realizados por distintos sectores.
“No tenemos la información disponible para que nosotros podamos hacer una evaluación”, cuestionó.
Si bien reconoció el impacto de los recortes presupuestarios nacionales sobre la educación pública, Carrizo sostuvo que el Gobierno provincial también tiene responsabilidades en la administración de los recursos.
El dirigente mencionó la eliminación de programas nacionales, las dificultades para sostener iniciativas educativas y la reducción del financiamiento destinado a la educación técnica.
Sin embargo, advirtió que responsabilizar exclusivamente al Gobierno nacional no alcanza para resolver los problemas que atraviesa el sistema educativo fueguino.
“Que nos quedemos cruzados de brazos y decir, bueno, sí, toda la culpa es de Nación, yo creo que tampoco es la solución, y tenemos que ponernos a trabajar localmente”, expresó.
Respecto del proyecto de financiamiento educativo que volverá a discutirse en la Legislatura el próximo 17 de noviembre, Carrizo manifestó su expectativa de que pueda alcanzarse un acuerdo, aunque advirtió que su aprobación no significará una solución inmediata para los docentes.
Recordó que AMET presentó hace dos años una iniciativa propia que nunca recibió tratamiento legislativo.
“Hace dos años atrás, nosotros también presentamos un proyecto de financiamiento educativo, no lo trató nadie”, reclamó.
Además, señaló que el esquema actualmente en discusión contempla una implementación progresiva durante cinco años, por lo que buena parte de su cumplimiento quedará bajo responsabilidad de la próxima administración provincial.
“El próximo gobierno va a ser el que se va a tener que hacer cargo de la mayor parte de cumplir este financiamiento que se está planteando”, advirtió.
Finalmente, el secretario general de AMET remarcó que la discusión salarial requiere medidas inmediatas y que los docentes no pueden esperar cinco años para alcanzar una recomposición de sus ingresos.
“Lo que entiendo es que hoy la solución tiene que ser inmediata y tratar de acercarse lo más posible a esos valores”, expresó Carrizo, al referirse a las aspiraciones salariales del sector docente.