El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego dejó firme la sanción contra Analía Cubino, presidenta de la Agencia de Innovación Fueguina, y puso cifras definitivas a una multa originada en la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos durante el control de una contratación directa cercana a los $92 millones.

Mediante las resoluciones plenarias 178 y 179/2026, el organismo rechazó el recurso de reconsideración presentado por la funcionaria y estableció que deberá abonar $364.710,51, equivalente al 5% de su remuneración bruta mensual de agosto, que ascendía a $7.294.210,25.

El expediente se originó en una contratación directa por $91.981.829,11, destinada a adquirir durante tres años licencias de mantenimiento y soporte para soluciones de seguridad informática. La adjudicación recayó en ACSYS S.A., empresa acreditada como revendedora autorizada de Fortinet.

Las observaciones que quedaron abiertas

El punto central del caso no termina en la multa.

Durante el control posterior, los auditores formularon observaciones sobre distintos aspectos del procedimiento. Entre ellos, señalaron que la documentación presentada acreditaba a ACSYS como revendedora autorizada, pero no demostraba que fuera el único proveedor habilitado, un elemento relevante para justificar una contratación directa por exclusividad.

También cuestionaron la falta de una comparación suficiente de precios. Según los antecedentes del expediente, el valor contratado resultaba aproximadamente un 4,65% superior al de una adjudicación similar posteriormente rescindida, sin que inicialmente apareciera una justificación suficiente de esa diferencia.

A esto se sumaron la falta de publicación de especificaciones técnicas en el portal Compras TDF y la concentración de distintas intervenciones técnicas y administrativas en una misma persona.

263 días hasta la respuesta

Otro dato significativo es el tiempo transcurrido.

El acta que dio origen a las observaciones fue emitida el 15 de diciembre de 2025. Durante los meses siguientes, el Tribunal reiteró en distintas oportunidades los pedidos de descargo.

Ante la falta de respuesta, en agosto aplicó primero un apercibimiento y posteriormente, el 3 de septiembre, resolvió imponer una multa equivalente al 5% del salario bruto de Cubino.

La funcionaria finalmente contestó el 4 de septiembre, cuando habían transcurrido 263 días desde el acta inicial.

Cubino explicó la demora a partir de inconvenientes operativos internos, tareas de reconstrucción documental y contingencias vinculadas con la seguridad informática. También sostuvo que la prestación había sido efectivamente recibida y que no había existido perjuicio fiscal.

El Tribunal consideró, sin embargo, que esas explicaciones no demostraban una imposibilidad concreta de responder dentro de los plazos establecidos y sostuvo que la contestación posterior no eliminaba el incumplimiento ya producido.

La multa no prueba corrupción, pero las preguntas continúan

Es importante diferenciar ambos planos.

La multa de $364.710,51 no fue aplicada porque el Tribunal haya determinado la existencia de corrupción o de un perjuicio económico al Estado. La sanción corresponde específicamente al incumplimiento de los requerimientos realizados por el organismo de control.

Pero la respuesta tardía tampoco cerró automáticamente las observaciones sobre la contratación.

Según los antecedentes conocidos, los auditores mantuvieron cuestionamientos vinculados con la acreditación de exclusividad y la falta de publicación, mientras que respecto del precio señalaron que el descargo no incorporó nueva documentación que modificara la observación inicial. La concentración de intervenciones fue finalmente considerada un incumplimiento formal.

De esta manera, el expediente deja dos cuestiones diferenciadas pero igualmente relevantes: una sanción firme por no responder en término al Tribunal de Cuentas y una contratación directa de casi $92 millones cuyo procedimiento recibió observaciones que no quedaron completamente despejadas.

El caso, por lo tanto, ya no se reduce al monto de la multa. El interrogante central pasa por las condiciones en las que se decidió una contratación tecnológica de elevado valor y por la capacidad de los organismos públicos de brindar explicaciones oportunas cuando el uso de fondos estatales queda bajo revisión.