Juan Vicente, secretario del Juzgado Federal de Río Grande, explicó en FM del Pueblo que entre las compañías alcanzadas hay firmas de capital español. Según indicó, las empresas operarían con permisos otorgados por un Estado que “no tiene soberanía sobre las islas”.

La resolución del 6 de noviembre abarca el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva argentina, incluidas las aguas de Malvinas hasta las 200 millas. La restricción comprende las capturas sin habilitación argentina y las tareas de procesamiento a bordo, transbordo y descarga vinculadas con esa actividad.

Vicente señaló que el juzgado dispuso el cese preventivo por el riesgo de que las extracciones continúen mientras se analiza la demanda. En ese escenario, explicó, “podría producirse un daño que sería imposible reparar posteriormente”.

Cómo se notificará a las empresas

Como las compañías tienen domicilio en el exterior, la notificación se tramitará a través de Cancillería. Una vez notificadas, las firmas podrán presentarse en el expediente, ejercer su defensa y aportar “todas las autorizaciones” con las que respaldan su actividad, indicó Vicente.

Cada empresa tendrá diez días judiciales desde su notificación para presentar una declaración jurada con respaldo documental. Deberá identificar los buques utilizados y detallar las licencias y las capturas por especie y temporada. Respecto de las firmas argentinas incluidas en la demanda, el juzgado pidió antecedentes sobre sus permisos, cuotas de captura y declaraciones juradas.

El reclamo por las capturas

La Fundación Agustina Lerena pidió la recomposición ambiental y una reparación económica por las capturas que atribuye a las compañías. En su demanda estimó que las firmas extrajeron 4.101.131 toneladas de productos pesqueros entre 1989 y 2025.

Vicente aclaró que esa estimación “tiene que ser peritada”. El volumen de las capturas y el eventual daño ambiental se discutirán en el expediente a partir de las pruebas que presenten las partes.